APUNTES SOBRE MIS DENUNCIAS ANTE EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN SOBRE LA "TRAMA DEL GAS" Y LA "TRAMA EÓLICA"
"GASCAN", un "negocio" de 100.000 millones de pesetas. Un gas que huele muy mal
"Mi opinión sobre la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos"
Por Francisco de la Barreda
(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, ex Diputado Nacional y ex Presidente del PP de Tenerife
Capitulo I
Introducción
Desde los primeros tiempos de la utilización de los gases licuados del petróleo (GLP) como combustible, para su aplicación en los sectores industrial y doméstico en Canarias, éste se ha venido comercializando en bombonas, principalmente, para uso doméstico, y en bombonas y a granel en establecimientos industriales y comerciales, a través de la empresa "DISA", que, si bien no de derecho, si de hecho, ha ejercido un auténtico monopolio en la distribución de gas en Canarias.
En el territorio peninsular, a pesar de comercializarse en bombonas en el sector doméstico, siendo "REPSOL BUTANO, S.A." el mayor distribuidor de este tipo de envases en Europa, debo destacar que desde hace muchos años en la mayoría de ciudades importantes, así como en pueblos de un cierto relieve, se ha procedido a distribuir mediante el "gas canalizado", el denominado "gas ciudad", porque que evita varios problemas, como es la adquisición periódica de la bombona y el consiguiente cuidado para que no se agote antes de tener repuesto, las dificultades de transporte, almacenamiento, etc., además de que la distribución del "gas canalizado" a viviendas y al sector industrial y comercial, mediante una red de gasoductos, representa claramente un signo de progreso y de mayor comodidad y seguridad para los usuarios, puesto que no necesita de depósitos y de almacenamiento de combustible en las viviendas. En el caso de las actuales centrales térmicas se podrá reducir a la mitad el consumo del "combustible fósil", con la consiguiente reducción en la atmósfera de un elevado porcentaje, superior al 15 % de las emisiones actuales de dióxido de carbono, a lo que se debe sumar el hecho de que el gas licuado no tiene azufre, por lo que se evitará las múltiples enfermedades que dicho producto ha venido generando en las poblaciones ubicadas en lugares cercanos a las instalaciones de las centrales eléctricas.
A estos factores, debo añadir que la introducción del gas en Canarias ofrece otras muchas ventajas muy importantes, como es el de servir de fuente de diversificación energética.
De las "palabras" a los "hechos"
Por lo anteriormente expuesto y por otra serie de consideraciones que expondré más adelante, uno de mis importantes y prioritarios deseos desde que tomé posesión del cargo de Consejero fue el de apostar por un futuro en el que nuestras principales capitales y el mayor número de poblaciones de segundo orden, pudieran disponer de este tipo de energía y de las ventajas y mejores servicio que ofrece, a pesar de que en un principio tuviera que hacerse con "aire propanado", suministrado desde plantas de preparación, pero permitiendo posteriormente, cuando el "gas natural" fuera implantado en Canarias, el intercambiarle sin más problemas, pasando a suministrar "gas natural" a las viviendas y a los establecimientos industriales y comerciales.
Por otra parte, no entendía, salvo por determinados intereses muy particulares, que a pesar de existir un mandato del "Parlamento de Canarias" en ese sentido desde el año 1988, en el año 1996, todavía continuásemos en estas islas con la distribución por medio de la vetusta bombona.
Después de realizar profundos estudios, con la inestimable colaboración de los ingenieros y funcionarios de la "Consejería" y del "Instituto Tecnológico de Canarias", el día 9 de julio de 1997, tras unas intensas negociaciones que venía manteniendo con el entonces Secretario de Estado de la Energía, Sr. Fernández Cuesta y con el Ministro de Industria, Sr. Piqué, se firmó en Madrid el Convenio entre el "Ministerio de Industria y Energía" y la "Consejería de Industria y Comercio", para estudiar conjuntamente la viabilidad del proyecto de implantación del gas natural en Canarias, con vistas a conseguir que el ministerio incorporase a Canarias dentro del "Plan de Gasificación Nacional", como un primer paso para poder llevar a cabo la implantación definitiva del gas natural en esta comunidad.
En el punto IV de las cláusulas de dicho Convenio, establecimos que un Grupo de Trabajo, constituido inicialmente por miembros de "Unelco", "Cepsa", y "Gas Natural", procedería a revisar los trabajos que se habían efectuado sin éxito con anterioridad, con objeto de adecuar el planteamiento real de la demanda de los grupos de generación de energía eléctrica de "Unelco, S.A." en el horizonte del estudio, año 2019, basándonos en el hecho de que dicha sociedad sería la principal consumidora del gas natural.
Realizada la primera reunión del grupo de trabajo en Madrid, el día 18 de julio de 1997, procedió citado grupo a iniciar su tarea, pendiente de la definición por parte de "Unelco, S.A." de las diferentes demandas finales, en los diferentes años comprendidos entre 1998 y 2019.
Como consecuencia del periodo vacacional, y otros imponderables como fue la sustitución del representante de "Gas Natural, S.A." en el grupo de trabajo, se retrasó la entrega de los estudios y también su posterior evaluación por parte de "Unelco, S.A.", dicho grupo de trabajo se vio obligado a retrasar sus conclusiones hasta el 25 de septiembre de 1997.
A pesar de citado retraso dichos datos pudieron ponerse en conocimiento de los restantes miembros del grupo durante la última semana de octubre.
A pesar de la fuerte resistencia inicial de "Unelco" y de "Cepsa" a esta iniciativa mía, porque, probablemente, veían peligrar su "status" con mi decidido propósito de sacarla adelante, el 14 de julio de 1997, "Gasificadora Regional Canaria, S.A.", filial de "Unelco", decidió presentar su primer proyecto para la distribución de "gas canalizado" (aire propanado) en los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Citada empresa estaba formada por "Unelco Participadas", que ostentaba el 30% de la titularidad, "Endesa", con otro 30% y las dos "Cajas de Ahorros Canarias" y "empresas locales" con un 40%.
Según lo dispuesto en el "Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles, Decreto 2913/1973 de 26 de octubre", se procedió a sacar dicho proyecto a información pública, en cumplimiento del art. 11, que dice textualmente:
"Todo expediente de concesión administrativa será sometido a información pública en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia y diarios locales o de gran circulación, en el caso de afectar la concesión a más de una provincia, pudiendo, durante el plazo de veinte días, formular alegaciones o reclamaciones cuantas personas naturales o jurídicas se consideren perjudicadas en sus derechos, al término de cuyo plazo se dará traslado de las mismas a las empresas peticionarias para que las conteste en otro plazo igual.
En el trámite de información pública podrán asimismo presentarse proyectos en competencia, ajustados a lo dispuesto en el Artículo 10.
Cuando se presenten varias solicitudes de concesión coincidentes y aunque se hayan producido como consecuencia del trámite de información pública, se confrontarán, previo informe del Consejo Superior del Ministerio de Industria, otorgándose la concesión a favor del peticionario que presente mayores ventajas en orden a la garantía, importancia, calidad, regularidad y precios de los suministros que hayan de efectuarse, así como cualquier otra razón de interés general.
Los expedientes de concesión deberán informarse por la Delegación o Delegaciones del Ministerio de Industria afectadas, Direcciones Territoriales de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma, así como por el Consejo Superior del Ministerio de Industria.
También deberán solicitarse informes de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Ayuntamientos u otros organismos afectados por el servicio, si ellos no fuesen los solicitantes, considerándose que de no recibirse contestación en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud de informe, se entenderá que el mismo es favorable."
Continuando con el citado Reglamento, el art. 3 dice lo siguiente:
"La calificación de servicio público, en lo que respecta al gas, afecta:
Al suministro de cualquier clase de gas combustible, efectuado mediante redes de distribución por tuberías, en una población o determinada extensión territorial, con cuantos elementos sean necesarios para producir o suministrar dichos gases".
Los falsos y tendenciosos "rumores"
A pesar de haber sido yo quien por primera vez había dado los primeros pasos, para acabar, definitivamente, con una clara situación de monopolio y con motivo sacar aquel primer proyecto a información pública, se me achacó, entre otras falsas e infundadas aseveraciones, que yo trataba de conceder "a dedo" el monopolio del gas canalizado a la entidad "Unelco", lo cual estaba muy lejos de mis intenciones, como pudo comprobarse posteriormente, pues fui también yo quien, tras observar determinadas sospechosas actuaciones de mi sucesor, don Alfredo Vigara Murillo, quien había sido consejero de "Unelco", presenté una denuncia ante el "Fiscal Anticorrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, por un presunto de prevaricación, lo que motivó que citado señor me interpusiese una demanda judicial, que fue totalmente desestimada, obligándole la sentencia de la "Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife" a pagar la totalidad de las costas, al considerar plenamente fundada mi denuncia, sentencia que fue publicada por escasos medios de comunicación, a pesar de que la presentación de la demanda había sido recogida en la portada de los principales periódicos de nuestras islas.
Incluso, por parte de aquellos que habían sido muy sumisos a la situación establecida desde hacía muchos años, se llegó a imputarme que "aprovechaba la época de verano" para que los anuncios fueran leídos por poca gente, y que no se había sacado previamente a concurso y un sinfín de descalificaciones que no merece relatar por ser de sobra conocida por la mayoría de la opinión pública.
Ante estas afirmaciones absolutamente gratuitas y claramente tendenciosas, solamente me cabe decir hoy, que como tal como manifesté en su día en el Parlamento de Canarias, el servicio público de gases combustibles venía definido, tal como he expuesto anteriormente, en el propio Reglamento, por lo que, en modo alguno, era potestativo mío declararlo o no como tal. En cualquier caso, yo era muy consciente que todos aquellos infundios estaban perfectamente planificados, con el único y exclusivo fin de que yo no continuase adelante con aquel proyecto, que no gustaba entonces a ningunos de los sectores implicados y que deseaban continuar con la situación establecida, que me atrevo a comparar con la actuación de ciertos animales que hacen algunas de sus necesidades para determinan las limites de su territorio.
Mi obligación y mi decido deseo como Consejero era la de sacar a información pública el citado proyecto, lo que así hice en cuanto tuvo entrada en el correspondiente registro, sin demorarlo por estar en época estival, por lo que no podía entender que nadie, que actuara de buena fe, pudiera decir que existieran intereses ocultos por mi parte por la celeridad en realizar mencionada publicación.
Por lo tanto, siendo de hecho y de derecho un servicio público, lo único que yo debía hacer era cumplir escrupulosamente con lo dispuesto en los arts. 10 y 11 del "Reglamento de Gases Combustibles", como así hice, con una claridad y una transparencia meridiana, lo que impidió que aquellos detractores pudieran impugnar ninguna de mis múltiples resoluciones dictadas en calidad de Consejero y el tener que archivarse, incluso, una temeraria querella interpuesta contra mi persona por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife por un presunto de prevaricación.
Se me achacó también que "Unelco" gozaba de información privilegiada, por lo que sabía que la implantación del gas natural era factible y que el proyecto iba a salir sin duda alguna adelante, y que por ello, se había adelantado y ganaba posiciones en la conquista de un sector, hasta ese momento en régimen de "cuasi monopolio" por "DISA", empresa que, como tantas otras que existen en Canarias, me merecía y me continúa mereciendo el debido respeto, pero era para mí, como Consejero, una obligación ineludible el luchar por conseguir para los canarios los mejores servicios a los costes más bajos posibles, pero nunca a costa de que eliminando el monopolio del gas, se fuera a crear otro mayor, como consecuencia de que fuera "Unelco" quien, de ese modo, pasase a controlar no solo el de la generación y distribución de la energía eléctrica, sino también, con ese hipotético proceder mío, absolutamente falso y tendencioso, alcanzar además el monopolio o el control del gas natural en Canarias.
Los hechos posteriores han demostrado que no obedecí durante mi mandato intereses de nadie, a pesar de que me muchos me considerasen, marioneta de alguna persona concreta y que mi denuncia al "Fiscal Anticorrupción" estaba muy fundada en sospechosas actuaciones, que comenzaron a realizarse tras mi voluntaria dimisión como Consejero, que, sin duda alguna, fue muy celebrada por todos aquellos que vieron en mi política un frontal ataque a sus ancestrales intereses.
Me he considerado siempre y me considero en la actualidad una persona leal, pero esa lealtad no me permite que lleve aparejada la renuncia a principios tan importantes como el de que el interés general debe estar por encima de intereses particulares de amistad, familia, partido, etc., por lo que sin descartar de que me haya equivocado en muchas ocasiones, lo que seguro ha sucedido, tengo la conciencia muy tranquila de que nunca he actuado con animosidad contra nadie ni contra nada, sino tratando de cumplir lo que he considerado siempre mis deberes y obligaciones. Precisamente por esa libertad que tanto sigue molestando a algunos, he podido, parafraseando la bíblica frase, el "tirar piedras", en ese sentido, porque me he considerado y me considero completamente "libre de pecados que me impedirían hacerlo". Todos sabemos que es nuestras islas es bastante fácil conocer la trayectoria y las debilidades de muchas personas y de manera especial, la de aquellos que ocupan cargos públicos.
¿Por tanto, cómo era posible que se me imputaran prácticas oscurantistas cuando lo cierto que hasta aquellos momentos nadie había movido una sola piedra para llevar a cambo la implantación del gas natural en las centrales térmicas de "Unelco" y sustituir el vetusto sistema de la bombona por el gas ciudad canalizado?. Resulta evidente que solamente podían utilizar esos falsos y torticeros argumentos, con el fin de desacreditarme y paralizar de ese modo mi decidido propósito de acabar con aquella trasnochada e injusta situación que beneficiaba solamente a unos pocos en contra de los legítimos derechos de todos los ciudadanos canarios.
Las citadas afirmaciones vertidas acerca de que resultaba muy sospechoso el hecho de que yo no hubiera procedido a la declaración de servicio público la distribución de gas canalizado, se caía, por tanto, por su propio peso, ya que la misma está desarrollada por reglamentaciones de ámbito nacional a las que, como es lógico, ajusté todas mis actuaciones.
Por otro lado, plantear que yo pretendí otorgar una situación de monopolio a "Gasificadora Regional Canaria, S.A." era tergiversar completamente la realidad, ya que en todo momento me limité a cumplir con exactitud los trámites que marcaba el Reglamento en cuanto al procedimiento que debía seguir una solicitud administrativa de las características de las que vengo relatando.
Y por lo que se refería al supuesto oscurantismo que quisieron imputarme por el hecho de que aparecieran insertados los anuncios en prensa antes que en el "Boletín Oficial de Canarias", se descalificó por sí solo cuando recordé en el "Parlamento de Canarias" que todo expediente de concesión administrativa tiene que ser sometido a información pública en el "Boletín Oficial del Estado", de "la Provincia" o de "la Comunidad Autónoma", y en diarios locales o de gran circulación, y de todos es sabido la práctica imposibilidad de cumplir con estos requisitos de manera simultánea, por la gran carga de trabajo y retraso que pesa sobre los boletines oficiales, además de que informé también ampliamente en dicho Parlamento sobre los restantes expedientes de otras empresas que habían solicitado también la correspondiente concesión administrativa.
¿Cuándo habían podido optar otras empresas a la concesión de un producto que había disfrutado durante muchos años de un auténtico monopolio de hecho?. La verdad que siempre he considerado y sigo considerando que esas manipulaciones, además de la perversidad que lleva implícita, es una verdadera ofensa al mínimo de respeto que nos merecemos los canarios, a los que se nos sigue pretendiendo alimentar con la política de "pan y circo" aplicada por los romanos, sin dejar por ello de reconocer que también somos los canarios culpables de esta situación, por el desinterés y la resignación, en lugar de actuar con legítimo y sano orgullo y con la debida respuesta como la dada en la lucha contra la instalación de la torres de "Unelco" en los montes de Vilaflor, frente aquellos que tuvieron la hipocresía de pretender repicar (defendiendo los intereses de determinados grupos de presión) y estar en la procesión (con cara de santones) junto al pueblo llano, al que solo respetan cuando les muestra los dientes y acuden con fingido afecto en busca del necesario voto.
Las primeras empresas interesadas en el proyecto
Continuando con el relato de esta cronología sobre la implantación del gas natural y la eliminación de ciertos monopolios existentes en Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 10 y 11 del "Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles", el expediente de la empresa "Gasificadora Regional Canaria, S.A." se sometió a la correspondiente información pública, periodo durante el cual se presentaron otros dos proyectos en competencia, hecho que por si solo descalificó aquellas falsas acusaciones de que yo quería que solamente hubiera tiempo para que pudiera presentarlo solamente "Unelco" o cualquiera de sus sociedades filiales.
Aquellos dos proyectos nuevos correspondían a: "Distribuidora Industrial, S.A." (DISA), y a "Desarrollos Energéticos Canarios, S.A." (DECSA), participada esta última por el grupo "Lopesan" y "Gas de Asturias", ambas empresas al 50%.
"DISA" presentó solicitud de concesión en los términos municipales de : Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna.
"DECSA" por su parte, solicitó concesión administrativa para los términos municipales de : Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna.
Durante aquellos días entró en la Consejería una nueva solicitud de "Gasificadora Regional Canaria, S.A.", ampliando su petición anterior a los términos municipales de Telde y San Bartolomé de Tirajana.
Debo resaltar que se daba la importante circunstancia que en aquellos momentos en los que yo estaba informando al Parlamento, las nuevas solicitudes se encontraban en fase de información pública, sin que la Consejería de Industria y Comercio hubiera realizado otras acciones, que hubieran favorecido a alguna en particular.
Recuerdo que terminé aquella intervención ante la comisión parlamentaria, que, según las notas que conservó, se celebró el 20 de Octubre de 1997, expresando mi profunda satisfacción porque la apuesta que realicé, contra el desinterés de muchos y todo tipo de presiones por parte de otros, desde que asumí la responsabilidad de la Consejería por "la implantación del gas natural en Canarias", fuera el motivo de que en aquellos momentos ya existieran, al menos, dos proyectos concretos y no solo buenas intenciones y palabras como había sucedido hasta entonces, por parte de dos importantes empresas que, a pesar de la iniciales y fuertes reticencias, también se sumaban a esta de iniciativa, que suponía una inversión inicial que superaba los doce mil millones de pesetas.
El 24 de marzo de 1998, comparecí nuevamente ante la Comisión de Industria del Parlamento de Canarias, a la que informé sobre algunos extremos de los que paso a destacar los siguientes.
El consumo de energía final en este archipiélago, (fundamentalmente de carburantes y energía eléctrica) había tenido en la pasada década unas tasas de crecimiento muy elevadas, debido, en gran parte, a que partíamos de una posición de consumos bajos, los cuales se habían superado, como consecuencia del mayor desarrollo económico y social experimentado en esos años anteriores como consecuencia, principalmente, del sector turístico.
La oferta de energía primaria al sistema energético del archipiélago, dependía, en aquellos momentos, totalmente del petróleo y sus derivados, salvo la incipiente participación de las "energías renovables", principalmente "la eólica", que comenzó a experimentar un notable desarrollo en nuestras islas tras la firma realizada por el Ministro de Industria y por mí del "PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES", con un presupuesto de 48.000 millones de las antiguas pesetas, que merece una exposición independiente de la presente, no si antes destacar que llegamos a estar en aquellos momentos entre las primeras comunidades en el desarrollo de este tipo de energías, encontrándonos en la actualidad, nuevamente entre las últimas, detrás, incluso de Navarra y Galicia, con un potencial eólico inferior al de nuestro archipiélago. ¿A que se debe este retroceso?. Resulta muy fácil de entender, pero no voy a extenderme ahora en esas consideraciones, puesto que deseo tratar de exponer lo más claramente posible lo concerniente el complejo y difícil proceso de la implantación del gas natural en Canarias, la eliminación de ciertos monopolios y su situación actual, que expondré próximamente en otro escrito.
En aquellos momentos, como en los actuales, únicamente se vislumbraba, como posible diversificación energética, la introducción del gas natural, ya que ni la energía nuclear, ni el carbón, creía, con el apoyo y asesoramientos de los ingenieros y funcionarios de la Consejería, fueran alternativas que pudieran considerarse recomendables, debido, entre otras causas también muy importantes, por ser esta comunidad un territorio fragmentado y de reducidas dimensiones.
Como ya he señalado anteriormente, desde 1988, el "Parlamento de Canarias" había apostado solamente con bonitas palabras a favor de la introducción del gas natural, mediante la construcción de sendas terminales de Gas Natural Licuado, en Gran Canaria y Tenerife, por razones de economía, diversificación y competitividad energética, así como mejora de la calidad ambiental, pero lo cierto es que esa apuesta se había limitado comentarios en reuniones y a plasmarlo en documentos, pero sin llevar a cabo una decidida acción en ese sentido.
Además de todo lo comentado anteriormente, la necesidad de introducir el gas natural en nuestra región estaba legitimada mediante Resolución del Parlamento de Canarias de 8 de noviembre 1988, por lo que nada más tomar posesión como Consejero consideré que había que pasar de la política de las palabras a la de los hechos, sin dejar por ello de ser consciente de que el objetivo era muy difícil de alcanzar, por tratarse de un mercado aislado, en el umbral de la rentabilidad, muy concentrado en el consumo para generación de energía eléctrica y que precisaba de grandes inversiones, por la necesidad de contra con el apoyo del Gobierno de la Nación y sobre todo por la tremenda resistencia que era muy consciente (mi experiencia bancaria me ha servido de algo) iban a presentarme los sectores que durante muchísimos años habían disfrutado libremente de un "status" que nadie se había atrevido a tocar con anterioridad, sin olvidar aquellos políticos, ingenieros de profesión, que en el ejercicio de su profesión habían recibido importantes prestaciones económicas, por haber sido empleados de esas empresas o por realizar importantes proyecto para las mismas o por las sustanciosas remuneraciones que habían percibido y podían continuar recibiendo en el futuro, por proyectos profesionales que le pudiesen encargar cuando abandonasen los cargos públicos. Y espero que nadie se rasgue la vestiduras por este comentario, pues en ese caso ese caso me veré obligado a dar más "datos y señas". De ello puede dar amplia justificación también el que fue magnifico alcalde de Vilaflor y excelente político y persona, don José Luis Fumero, al que también han tratado de desacreditar sin miramiento alguno, teniendo que lamentar que se haya visto obligado a abandonar la eficaz y valiente actividad política, que venía desarrollando en defensa no solo de su municipio sino de Tenerife y de toda Canarias. Desde aquí le reitero el apoyo que le ofrecí cuando solamente contaba con el apoyo de sus vecinos y de Loli Palliser, que fue suficiente para movilizar las conciencias de nuestros ciudadanos con el ejemplar empuje que realizaron determinados periodistas, resistiendo las fuertes presiones a las que se vieron sometidos.
Guardo también una gran satisfacción de haber cumplido con mi deber como Consejero de Industria y Comercio, cuando fui el primero en paralizar la instalación de las primeras torretas de alta tensión cuando, sin la debida autorización, procedían a colocarlas en el municipio de Güimar, de lo que pude tener conocimiento por la fuerte resistencia de un grupo ecologista, debido a que uno de sus componentes había pasado toda la noche subido en una de ellas, hecho que me causó un tremendo impacto cuando acudí a convencerlo de que bajara ofreciéndole mi sincero compromiso de que escucharía sus reivindicaciones y adoptaría las medidas que fueran pertinentes.
En honor a la verdad, debo decir que el 8 de noviembre de 1991 se había establecido un Convenio de Colaboración anterior entre la "Consejería de Industria y Comercio" y la empresa "Enagas", para realizar un estudio de viabilidad, que se entregó a finales de 1995, con unas inversiones del orden de los 56.000 millones de pesetas, pero que no sirvió de nada, porque fue nuevamente "aparcado" alegando que la fuerte inversión y la baja rentabilidad lo hacía absolutamente inviable.
En Mayo de 1996 tomé posesión como Consejero y como ya he indicado, retomé inmediatamente aquel proyecto, teniendo la enorme de satisfacción de que el día 9 de Julio 1997, pude firmar con el Ministro, Sr. Piqué, un Convenio de Colaboración, entre el "Ministerio de Industria y Energía" y la "Consejería" que, con la colaboración de un grupo de trabajo formado por "Enagas", "Cepsa" y "Unelco", procediera a revisar y actualizar el estudio anterior, adecuándolo a la realidad del momento, dando lugar a la situación que produjo de pasar las buenas palabras a los hechos, aunque sobre determinadas actuaciones posteriores deba hacer más adelante unas importantes consideraciones sobre lo que consideré y sigo considerando fue una irregular actuación de mi sustituto en la implantación del gas en Canarias. Irregularidad que la "Comisión de Investigación que constituyó el Parlamento de Canarias", con motivo de mi denuncia, calificó solamente de "falta de prudencia política".
Datos técnicos y económicos sobre la viabilidad de proyecto
El informe final, producto de aquel convenio, recogió el análisis y evaluación de la viabilidad para construir y explotar rentablemente la infraestructura de gas natural en esta comunidad, concretamente, en una primera fase, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, sin caer en los pecados de determinados proyectos faraónicos, como el "Auditorio de Tenerife", que con un presupuesto inicial de 4.000 millones de ptas., superó los 14.000 millones, sin que nadie haya asumido ningún tipo de responsabilidad, máxime si tenemos en cuenta la necesidad de resolver imperiosas necesidades mucho más prioritarias, como es la sanidad, con interminables listas de espera solo para una determinada clase social de ciudadanos canarios. El actual presidente del Cabildo parece que tampoco quiere pasar desapercibido en la historia de ese tipo de obras acometiendo el proyecto de un tranvía que tardará cuarenta minutos en realizar el trayecto de Santa Cruz a La Laguna. Espero y deseo que dicho proyecto no tenga un éxito similar a la famosa presa de Los Campitos, cuyo beneficio fue recibido únicamente por aquellos que la ejecutaron.
La mencionada infraestructura del gas, concebida en un principio como un sistema para alimentar las centrales de generación eléctrica, servirá también para atender posteriormente los mercados doméstico, comercial e industrial, sin dejar de tener presente el papel esencial que nuestro archipiélago debe realizar en el continente africano, con una política seria, rigurosa, perfectamente planificada por nuestros políticos que no miren sus intereses particulares y de determinados grupos de presión por los que algunos se encuentran maniatados, con su tradicional miopía egoísta y de corto plazo, sino desarrollando también un sistema de serias y sólidas relaciones con nuestros vecinos países africanos y con el apoyo y la colaboración del Gobierno de Canarias y del Estado, para lo cual se cuenta desde hace tiempo con un importante instrumento como es el "Consejo Asesor para el Comercio con África Occidental" (CAPCAO) que han vuelto a dormir en el profundo sueño del olvido.
Por existir en este archipiélago grandes profundidades submarinas, solamente era y es posible viable, en una primera fase, el suministro de gas natural, mediante la instalación de plantas de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en las dos islas capitalinas, por lo que se procedió a cuantificar también las inversiones asociadas que esto conllevaría, así como los correspondientes gastos de explotación.
A través de este riguroso estudio, se pudo determinar la aportación que podría ser necesaria, incluso por vía de muy justificadas subvenciones, para que la rentabilidad del proyecto (terminal, gasoducto y arterias) alcanzara una cifra análoga a la establecida para infraestructura gasista en otras comunidades autónomas.
De esta forma y a pesar de los múltiples y variados obstáculos, conseguí lograr la inclusión de nuestro proyecto dentro del "Plan Nacional de Infraestructura Gasista", firmando el correspondiente y ansiado convenio con el Ministro de Industria, Sr. Piqué, dentro del marco de la nueva "Ley de Hidrocarburos".
Del estudio realizado con "Enagas", a que se ha hecho anteriormente referencia, se deducía que la mayor parte del mercado del "gas natural", en términos cuantitativos, se encontraba en su uso para generación eléctrica, mientras que el mercado potencial de gas para su utilización por la industria se consideraba escaso, tanto por el bajo porcentaje de participación del sector industrial dentro del P.I.B. canario, como por la mayor decantación de las islas hacia el sector servicios. Problema éste sobre el que siempre argumenté que la implantación del gas serviría, además, para apoyar al sector industrial y romper el vicioso círculo del pez que se muerde la cola.
Por otra parte, el segmento doméstico comercial, tenía y sigue teniendo un menor peso en la demanda del gas natural en nuestra comunidad, debido a la suavidad del clima, factor que se unía al mayor inconveniente económico de la necesidad de un plazo de desarrollo más largo y con inversiones específicas en redes de mayor longitud.
Por dichas causas, aquel trabajo se circunscribió a las terminales de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, así como a los gasoductos asociados para alimentar con gas natural las centrales eléctricas de Jinámar y Juan Grande, en Gran Canaria, así como las de Candelaria y Granadilla, en Tenerife.
Por todo ello quedaba absolutamente claro que los centros de consumo de gas natural en ambas islas mayores serían las centrales de vapor antiguas y nuevas, abastecidas por productos mucho más contaminantes, los futuros ciclos combinados y las instalaciones de desalinización mediante vapor.
El consumo inicial se estableció en la cifra de 13.000 millones de termias y el final de 31.500 millones de termias, debiendo aclarar a los lectores que diez termias equivalen a un metro cúbico.
El tamaño de esta demanda se encontraba por encima del umbral mínimo aceptable para un proyecto de esta naturaleza.
La Comisión Europea, partiendo de aquellos datos de consumo, estimaba que para el año 2010, el consumo de gas sería del orden de 4 billones 400.000 termias y más del 50% del incremento de la demanda hasta dicho año correspondería al sector de la producción de electricidad, hasta entonces en poder, única y exclusivamente, de "Unelco", a excepción de determinada energía eléctrica que comenzamos a desarrollar de forma muy decidida con la implantación de importantes parques eólicos.
Debido a estas previsiones y a la evolución real que experimentó la demanda del mercado, comenzó a generarse una viva actividad en el lado de la oferta, por lo que el número de proyectos de realización o en fase de iniciarse en el campo de las plantas de producción, licuefacción, construcción de metaneros, terminales de regasificación, y gasoductos venía siendo cada vez más elevado.
Dentro del posible área de suministro para el proyecto de Canarias, se encuentran las plantas existentes en Argelia, Libia, Abu-Dhabi y Qatar, así como las que se construían en aquellos momentos en Omán, Nigeria y Trinidad, así como los proyectos existentes en Venezuela, Noruega, Egipto y Argentina.
Es muy importante resaltar que el comercio internacional del gas natural licuado (GNL) se había venido multiplicando por diez, en los últimos 25 años, debido a su alta fiabilidad y a que constituía y sigue representando una fuente de suministro energético segura, mucho más ecológica y con precios, en el largo plazo, paralelos, incluso inferiores, a los del petróleo y sus derivados, con independencia de la necesaria diversificación energética en nuestra comunidad, como lo demuestra la actual crisis que está sufriendo este tipo de carburantes, con fuertes incrementos del precio, como consecuencia de las situaciones de inestabilidad en Oriente Medio y de un modo muy especial la disparatada y cruel guerra de Irak.
En cuanto a las grandes dificultades entrañaría el transporte del gas licuado, que continúan alegando algunos de sus detractores (sector muy minoritario en la actualidad, pues la mayoría hace tiempo que optaron por acapararlo al máximo, como lo demuestra la actual disputa entre "Unelco" y "Cepsa" y otros empresarios la que trataré en otro momento) no podía ni se debía contemplar como un problema, debido al creciente número de barcos metaneros puestos en servicio en el mercado internacional.
El precio de compra del gas natural licuado era y sigue siendo la pieza fundamental para determinar la viabilidad del proyecto, pero por la propia naturaleza de este mercado sólo se pueden dar precios de referencia, que en aquellos momentos estaban en el entorno de 1,50 a 1,80 pesetas/termia, puesto ya en las terminales de regasificación de Canarias.
Solamente en cada momento, como en toda economía de mercado y como consecuencia de las negociaciones con los potenciales suministradores, se podrá horquillar de un modo fiable el precio y su fórmula de revisión, de gran trascendencia para contratos cuya duración va a ser de 15 a 30 años.
En cuanto a los precios de venta, en un estudio con una proyección tan dilatada en el tiempo como es el que nos ocupa (unos 30 años desde el momento actual) era imposible predecir en aquellos momentos, con total seguridad, cómo se moverían las variables macroeconómicas, extremo que, evidentemente, tendrá que valorarse muy rigurosamente en cada momento, como sucede con cualquier producto de esta naturaleza.
Por ello se consideró en todas las proyecciones de la cuenta de explotación, los niveles de aquellos precios, sin incluir previsiones de inflación.
Los precios de venta de gas natural en acometida de centrales térmicas y desalinizadoras se tomaron como los equivalentes a los de los combustibles que deberían sustituir y cuyos valores se situaban entre 1,68 ptas./termia, para sustituir al fuel pesado y 2,22 ptas/termia para los ciclos combinados. El precio medio ajustado era de 1,932 ptas/termia.
Según lo establecido en aquel estudio la infraestructura gasista de cada isla estaría formada por tres capítulos diferenciados:
1.- La obra marítima para el amarre y descarga de los buques metaneros.
2.- La terminal, consistente en un tanque de almacenamiento, el equipo de bombeo, regasificación, emisión y sistemas complementarios.
3.- Los gasoductos hasta las acometidas de los puntos de consumo.
El emplazamiento elegido para la terminal de la isla de Gran Canaria fue el Polígono Industrial de Arinaga y en la isla de Tenerife el de Granadilla, donde se construyó la nueva central térmica de "Unelco", lo que suponía una importante ventaja posicional.
En cuanto a los tanques, se decidió la construcción de un tanque único por terminal de 105.000 metros cúbicos de capacidad de gas natural licuado (GNL), equivalente a 100.000 metros cúbicos útiles.
Los plazos de ejecución
El calendario de construcción del proyecto que se propuso fue el siguiente:
- Año 1998
Proyecto y concesión administrativa.
- Año 1999
Inicio de construcción y abono del 10% de la inversión.
- Año 2000
Abono del 25% de la inversión.
- Año 2001
Abono del 35%
- Año 2002
Concluye la construcción y abono del 25% de la inversión.
- Año 2003
Inauguración e inicio del suministro y abono del 5% final (garantías).
El oscurantismo actual sobre todo lo relativo a este fundamental proyecto de implantación del gas natural en Canarias, lo único que nos permite constatar es la tremenda lucha desencadenada entre diferentes grupos de presión por hacerse con el control del mayor porcentaje del capital de la sociedad "GASCAN", quebrando uno de mis principales principios al ejecutar el proyecto, que era y sigue siendo el que nadie pudiera ostentar una situación de predominio, que pudiera abocar en la creación de un monopolio mayor a los ya existentes. Por ello me ha alegrado mucho leer las serias advertencias que ha hecho el "Consejo Económico y Social de Canarias" en un reciente informe, en ese mismo sentido al Gobierno de Canarias.
Precisamente este desorbitado retraso y la preocupación que tengo de la creación de ese nuevo inmenso monopolio que podría crearse por la connivencia de nuestras autoridades y determinadas entidades y empresarios, representa el principal motivo que me ha llevado a tratar de exponer a todos los ciudadanos que quieran leerlo mi punto de vista sobre tan importante asunto, con la autoridad que considero que me da al menos de haber sido el principal impulsor del mismo, con la valiosísima colaboración de los ingenieros y del resto de los funcionarios de la Consejería de Industria, sin poder olvidar los ponderados consejos que me ofrecieron en todo momento los máximos responsables del "Instituto Tecnológico de Canarias", que creó el ya desaparecido Consejero de Industria y Comercio, Andrés Calvo, a cuya viuda e hijos tuve la enorme de satisfacción de mostrar el público reconocimiento, otorgándole, a título póstumo, la insignia de oro de dicho Instituto.
Pero lamento tener que manifestar que considero que este pueblo sigue adormilado, resignado, cuando no desinteresado por estos asuntos, que aunque resulten muy complejos, tienen una enorme trascendencia para toda nuestra comunidad y para todos y cada uno de nuestros bolsillos, recibiendo periódicamente las dosis que muchos de nuestros dirigentes políticos saben aplicarnos de "pan y circo" y a aquellos que osemos a criticarlos, intentar como primera medida quitarnos el pan. No hace mucho leía un artículo en un periódico en el que el periodista intentaba justificar que era normal que no se contara con todas las empresas y ciudadanos canarios, sino únicamente con aquellos denominados el "núcleo duro", puesto que eran los únicos capacitados a realizar el "sacrificio" de efectuar unos importantes desembolsos sin recibir ninguna rentabilidad a corto plazo. Me sigo preguntando si considerará también conveniente que se inicie el correspondiente expediente canónico para intentar conseguir la "beatificación" de estos caritativos señores.
- Años 2017 a 2019
Se construiría el segundo tanque en cada terminal.
- Años 2027
Finalizaría el proyecto a efectos económicos. Valor residual.
Coste total del proyecto
El coste de la inversión se estimó en aquellos momentos en 24.399 millones de las antiguas pesetas para el conjunto de las dos terminales, 14.974 millones para su obra marítima asociada, y 3.486 para los gasoductos.
Por ello, el total de la inversión ascendía a 42.859 millones de pesetas. En el año quince de la operación, como ya he indicado, sería preciso construir un segundo tanque en cada terminal, lo que supondría una inversión adicional de 10.000 millones de ptas.
En cuanto a la amortización de la inversión, para cada periodo se eligió lo estipulado en la legislación del "Ministerio de Economía y Hacienda":
Terminal 25 años
Obras marítimas 20 años
Gasoductos y redes 40 años
Al final del periodo de explotación de las plantas, es decir, pasados 25 años, el resto de la inversión no amortizada sería de 13.444,4 millones de ptas. de valor residual de las instalaciones.
Para el análisis de rentabilidad, se siguió el criterio de que la TIR del proyecto debe alcanzar como mínimo el umbral del 10% para que pudiera ser viable y era preciso se deberían aportar subvenciones en la cantidad necesaria para conseguir dicho umbral, de igual manera que se había efectuado en otras comunidades autónomas para la construcción de su infraestructura en general.
En el estudio del caso de referencia, se partió del supuesto que el precio CIF del gas natural licuado fuera de 2,75 dólares/MMbtu, equivalente a 1.637 ptas./termia.
El precio medio de venta era en aquellos momentos de 1.932 ptas./termia, lo que daba un margen bruto de 0,295 ptas./termia.
El resultado era de una TIR insuficiente para hacer viable por si solo el proyecto, por lo que en aquellas circunstancias se debía dotar a la inversión de una subvención en cuantía que haga igual la TIR al valor mínimo esperado del 10%.
Con el fin de tratar de explicarlo mejor, en aquel supuesto, la subvención necesaria es el 43,8 % de la inversión (42.859 millones de ptas.) lo que equivalía en valor absoluto a 18.772,2 millones de ptas.
Al realizar el análisis de sensibilidad de la rentabilidad se pudo constatar claramente que la variable de mayor influencia era el precio de compra del gas, por lo que si el precio bajaba a 1,48 ptas/termia no era preciso solicitar la subvención, mientras que si subía a 1,83, sería necesario subvencionar la totalidad del proyecto.
El segundo parámetro más sensible con respecto a la rentabilidad era la cantidad de gas vendido.
Un incremento de las ventas de un 20% sobre el valor del estudio, reducía la cantidad de la subvención en un 35%, pero en supuesto caso de que el mercado bajara a la mitad se precisaría una subvención de cerca de un 80 % del valor de la inversión.
El tercer parámetro, que no tiene un peso tan grande en el proyecto como los anteriores, es la sensibilidad a la inversión.
Un incremento de la inversión del 30%, sólo disminuía la rentabilidad del 5,6% al 3,8%, es decir, un 1,8% en el caso de referencia. Una reducción de inversión del 30% sólo incrementaba la TIR en un 2,8%.
Por tanto, el estudio confirmó que la aportación necesaria para la rentabilidad del proyecto (terminal y gasoductos) era una cifra semejante a la establecida en otras comunidades autónomas para los proyectos de infraestructura gasista, lo que me permitió el poder convencer definitivamente al ministro, Sr. Piqué, de que autorizara la inclusión de Canarias dentro del "Plan Nacional de Infraestructura Gasista", o en su defecto, el poder suscribir un convenio con la "Administración Central" para su ejecución dentro de la nueva "Ley de Hidrocarburos".
Debido a los pasos que se estaban dando sobre el gas natural en el sentido de una progresiva liberalización y desregulación, era necesario ejecutar en breve tiempo una serie de actuaciones que a continuación enumero, y con ello termino estas primeras consideraciones mías sobre el proyecto que, con las inestimables ayudas ya mencionadas del personal de la "Consejería" y del "Instituto Tecnológico", diseñé para la implantación del gas en nuestra comunidad.
Primero.- Era absolutamente necesario conseguir que el "Ministerio de Industria y Energía" ratificase el compromiso formal a otorgar la concesión, así como incluir el proyecto dentro del ya mencionado "Plan Nacional de Infraestructura Gasista", extremos que fueron conseguidos y que apoyara la negociación de los fondos comunitarios y las obras de infraestructura marítima de otros departamentos ministeriales, lo que también me confirmó posteriormente el Ministro.
Segundo.- Se debía alcanzar un acuerdo con los socios implicados, para constituir la sociedad promotora, la distribución de participaciones y el modo de financiación, extremo sobre el cual me extenderé en otro momento.
Tercero.- Era imprescindible el establecer la dimensión del mercado del gas, así como su evolución en el tiempo.
Cuarto.- Se creaba la necesidad de abrir la primera tanda de negociaciones con los potenciales suministradores del gaas natural licuado (GNL).
Quinto.- Se debía obtener la reserva de los terrenos donde irían emplazadas las terminales, su aprobación urbanística por la "Comunidad Autónoma Canaria" y su inclusión dentro de los planes de puertos de las respectivas "Autoridades Portuarias".También realizaré en otro momento una serie de consideraciones sobre el uso absolutamente sesgado que se está haciendo de la necesidad de construir el macropuerto de Granadilla, para poder instalar la planta de regasificación de Tenerife.
Sexto.- Se creaba la necesidad de encargar la realización del anteproyecto o proyecto básico necesario para la tramitación administrativa de la concesión.
Séptimo.- También consideré conveniente diseñar y lanzar una campaña de comunicación del proyecto, con absoluta transparencia, con objeto de transmitir a todos los ciudadanos canarios un mensaje correcto, con el fin de evitar que la realidad pueda seguir siendo tergiversada por informaciones sesgadas, como las que ya venían realizando determinados sectores, lo que, tras mi dimisión, también fue totalmente paralizada, sumiendo este importante proyecto dentro de una gran oscuridad.
No puedo olvidarme de aquel empresario que intentaba conocer con privilegiada anticipación los criterios que pensaba aplicar para la concesión del gas canalizado (gas ciudad) y ante mi clara negativa me preguntó abiertamente: "¿es que piensas vivir toda tu vida de un sueldo?", a lo cual, con absoluta normalidad, le contesté que no veía en ello ningún tipo de pecado, sino que, al contrario, me consideraba bastante agraciado de poder contar con un sueldo digno, mientras otros carecían completamente de uno, aunque fuera "el salario mínimo". Por este tipo de comportamientos, que deberían ser la normalidad entre todos los cargos públicos, se nos cataloga como personas que no servimos para la política. Pues bien, muy a pesar de ello, sigo considerando que todos los ciudadanos deberían prestar más atención a esa noble actividad, que no tiene otra cosa de malo que el mal uso que muchos hacen de la misma.
Octavo.- También era necesario dinamizar estas actuaciones mediante la creación de un "Comité" formado por los socios promotores, y realizar un seguimiento continuo de las actividades mediante un grupo de trabajo constituido por delegados de los socios, con la supervisión de la Consejería de Industria, por tratarse de un producto de interés público, destinado principalmente a un fundamental sector estratégico como es la generación de energía eléctrica.
Y por último, era absolutamente necesario que desde el Ministerio de Industria se iniciaran aquellas negociaciones con la "Comisión de la Unión Europea", Dirección General XVI" (de Infraestructuras) y la "Dirección General XVII" (de Energía) para la rápida obtención de subvenciones comunitarias, y la financiación a través del "Banco Europeo de Inversiones", que puede superar los 30.000 millones de ptas.
Si me lo permiten, continuaré exponiendo en futuros escritos lo que creo pueden ser importantes consideraciones sobre la implantación del gas natural en Canarias y sobre oscuras maniobras, y para lamento de algunos, también debo decir que si no me lo permiten, también lo seguiré haciendo, porque … ¡ ya está bien de tanta manipulación!.
(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, ex Diputado Nacional y ex Presidente del PP de Tenerife
04-09-04
Capitulo II
Mis primeras sospechas y la dimisión como Consejero
Las asociaciones de comerciantes de Canarias muestran su apoyo
En el anterior escrito relativo al "Plan de Gasificación de Canarias" realicé un desarrollo cronológico de las intensas negociaciones y los principales trámites administrativos que el excelente equipo de la Consejería tuvo que llevar a cabo para tratar de implantar el "gas natural" en estas islas, así como un breve resumen de los principales datos técnicos y económicos que hicieron posible que el "Ministerio de Industria y Energía", no solo ratificara el compromiso formal que yo había suscrito previamente con el ministro para lograr la concesión a nuestra comunidad autónoma, sino también incluyera a esta comunidad dentro del ya mencionado "Plan Nacional de Infraestructura Gasista", y que el "Gobierno Central" apoyara la negociación de los fondos comunitarios, extremos que me fueron plenamente confirmados por el ministro, logrando además que el Estado pagara todos los trabajos e informes previos de viabilidad, que superaron los 500 millones de pesetas.
Antes de entrar en el contenido principal de este segundo capítulo, quiero hacer referencia a unas declaraciones realizadas por mi a "La Gaceta de Canarias" el 28 de mayo de 1996, tres días después de haber tomado posesión como Consejero de Industria y Comercio, en las que manifesté la necesidad de "introducir criterios de funcionamiento de la empresa privada en la administración, incluyendo el trato a los ciudadanos, la racionalidad y austeridad en el gasto, la optimización de recursos y a la vez que cuadren las cuentas. Trataré de optimizar cada peseta que salga de la Consejería. Se cumplirá íntegramente la Ley de Comercio y la moratoria de las grandes superficies".
El 14 de agosto de 1996 el periódico "La Provincia" publicó lo siguiente:
"De la Barreda pide transparencia al Ejecutivo canario para recuperar la confianza ciudadana"
"El Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisco de la Barreda, reclamó ayer a sus compañeros en el Ejecutivo un esfuerzo para recuperar la confianza de los empresarios y ciudadanos en la clase política, que dijo está "deteriorada", hasta el punto de que "yo di el paso el paso desde la actividad privada a la pública porque me encontraba absolutamente decepcionado". Para ello, pidió mayor transparencia en la gestión y la aplicación del principio de subsidiaridad, con el traspaso de competencias a cabildos o ayuntamientos. De la Barreda subrayó que las reticencias a traspasar partidas presupuestarias o funciones a otras administraciones responden "muchas veces a afán de protagonismo, amiguismo o favoritismo político".
El mismo día el periódico "Canarias 7" publicó lo siguiente:
"El Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias realizó ayer un ejercicio de autocrítica poco frecuente en los miembros del Ejecutivo regional y recomendó a sus compañeros de Gabinete que realicen un esfuerzo para devolver a los ciudadanos y empresarios la confianza en la clase política".
Con aquellas frases, pronunciadas como Consejero, que, evidentemente, no fueron del agrado de la clase política en general, traté de exponer el mínimo estilo ético que consideraba debía regir la actividad política, lo que, sin duda alguna, estaba y continuando estando, en nuestra comunidad, muy lejos de ser una realidad, a la par que las dije convencido de que iban a ser leídas con escepticismo y como una letanía más a la que están muy acostumbrados los políticos.
Creo que el transcurso del tiempo y los hechos acaecidos hasta el día de hoy han demostrado que, a pesar de las fuertes presiones y grandes obstáculos que tuve que superar, aquellas palabras no estaban vacías de contenido, sino que, por el contrario, mi propósito era de llenarlas plenamente con lo que consideraba eran mis deberes y obligaciones ante los sectores que estaban dentro de las competencias de la Consejería de Industria y Comercio. Y muestra de ello son algunos de los escritos de las asociaciones y federaciones mas representativas del comercio de Canarias, que corroboraron plenamente el cumplimiento de esos deberes, por encima de intereses de monopolios, de determinadas multinacionales, de amiguismos y de aquellos que, perteneciendo, incluso, al mismo partido político, se mostraron, movidos por "oscuros intereses", como auténticos propagandistas de los grandes beneficios que originarían a Canarias la instalación de esas grandes superficies comerciales, con frecuentes ataques contra mi persona en los medios de comunicación, sobre los que no considero deba dar más "datos y señas" en este momento por ser de sobra conocidos, pero que nadie dude que lo haré si observo que alguno de ellos se encuentra en la actualidad "débil de memoria". .
No debo extenderme más sobre estos aspectos y materias, que merecerán una exposición diferenciada, pero tampoco deseo terminar estas primeras líneas sin, dejar "claras pruebas" y no "meras apreciaciones personales" sobre todo lo que he manifestado anteriormente, a pesar de pecar de falta de modestia, por considerar dicho pecado más que justificado por la inmensa campaña de desprestigio "bien pagada" para tratar desacreditarme personal, profesional y políticamente, valiéndome de algunos de los documentos que conservo:
Así, la "Federación Insular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote" (FELAPYME) a través del entonces presidente, don Valentín Elvira Berriel, en nota de prensa enviada a los medios de comunicación el 26 de septiembre de 1997, manifestó lo siguiente:
"La Federación Insular de la Pyme de Lanzarote (FELAPYME), expresa públicamente su sorpresa ante la actitud de Coalición Canaria en su postura de pretender sea retirada de los Tribunales el contencioso que la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias emprendió en su momento contra el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) en relación con las irregularidades presuntamente cometidas en la concesión de licencias para la implantación de una gran superficie en La Mareta, comprendida en el citado Municipio, en clara alusión al incumplimiento de la Ley de Comercio.
Ante esta circunstancia nos encontramos en la necesidad moral y representativa de apoyar plenamente la intervención y la gestión del Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisco de la Barreda, ya que hasta el momento ha dado muestras de integridad y exigibilidad del cumplimiento de lo estipulado en los Criterios Generales de Equipamiento Comercial de Canarias y la propia Ley de Comercio".
El día 30 del mismo mes y año, la "Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de Alimentación de Las Palmas" (FEDALIME) envió también otra nota de prensa a todos los medios de comunicación, con el ruego de que publicaran lo siguiente:
"La Junta Directiva de "FEDALIME" reunida en el día de ayer acordó por unanimidad hacer público lo siguiente:
1.- Mostrar el máximo apoyo y reconocimiento a D. Francisco de la Barreda, Consejero de Industria y Comercio por su gestión y defensa de la aplicación de la Ley de Comercio y Decreto de los Criterios de Equipamiento Comercial".
2.- Felicitar la valentía del Consejero que políticamente en solitario defiende la legalidad vigente en un estado de derecho.
3.- Recordar al Gobierno de Canarias que el comercio representa la segunda gran locomotora económica de la región con más de 35.000 empresas de las que viven directamente más de 150.000 personas".
Y termino transcribiendo el escrito que me dirigió don Luis de Miguel Bartolomé, en su condición de Presidente de la "Federación de Comercio de Tenerife" (FEDECO) el 16 de septiembre de 1998:
"Quiero hacerle llegar, en nombre de los compañeros de este sector provincial y en el mío propio nuestra felicitación más efusiva por su nombramiento como diputado nacional. Consideramos que personas de su valía política y personal y de su demostrada honradez, son muy convenientes para la política y para la defensa de los intereses de la Región y del País.
Estamos seguros de que la actividad empresarial comercial de Canarias se vera beneficiada nuevamente por la defensa que va a realizar en su nuevo puesto".
El 19 de Febrero de 1999 dicho señor, en nombre de la citada federación me había entregado una placa, en la que figura el siguiente texto:
"Fedeco al Excmo. Sr. D. Francisco de la Barreda Pérez, por su brillante etapa como Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y su magnifica gestión en la protección del pequeño y mediano comercio de Canarias".
A pesar de las importantes manipulaciones informativas, de sobra es conocido que tras mi voluntaria dimisión como Consejero, mi sustito en el cargo, Alfredo Vigara Murillo, realizó un cambio radical de esa política, por lo que me vi obligado a manifestar pública discrepancia hacia lo que consideré una descarada intención de permitir la instalación de otra gran superficie en Santa Cruz de Tenerife, lo que obligó a Vigara, sorprendentemente, a plantear la modificación de los "Criterios de Equipamiento Comercial" al Gobierno de Canarias, que acordó su aprobación, con el fin de permitir la implantación de esa nueva gran superficie en Santa Cruz de Tenerife, sobre la que yo había mantenido el firme criterio de que no podía autorizarse, porque así lo establecía la legalidad vigente y por el acuerdo de la "Comisión Insular de Comercio", en base a los datos oficiales existentes que mostraban claramente el enorme grado de saturación que ya existía, extremos que impedían autorizar la apertura de ese nuevo establecimiento comercial.
La inauguración de dos nuevas centrales térmicas en Canarias
Refiriéndome nuevamente a las gestiones para llevar a cabo la implantación del "gas natural" en Canarias, debo decir que el 9 de junio de 1996, escasos días después de tomar posesión como Consejero, me encontré con el hecho consumado de que "Unelco" procedía a acoplar a la red eléctrica las dos nuevas centrales de Granadilla y de Tirajana, cuya inversión había superado los 90.000 millones de pesetas, destacando un sector de la prensa que dichas instalaciones "poseían los sistemas más modernos de prevención medioambiental", y añadiendo, incluso, que "con la conclusión de estos proyectos, además, se consigue garantizar el suministro eléctrico en Tenerife y Gran Canaria", así como también que "las centrales citadas poseen sistemas de prevención medioambiental que utilizan la mejor tecnología disponible en el mercado, entre ellas la de desulfuración de humos por agua de mar, que garantiza el mínimo impacto sobre el medio ambiente, y que corresponden a la última generación tecnológica".
Evidentemente esa información no hacía la más mínima referencia a que esa "mejor tecnología", de las dos nuevas centrales, tampoco utilizaría el "gas natural" para su funcionamiento, sino la tradicional "energía fósil", por lo que también se incrementaría en nuestra atmósfera, de forma muy considerable, las partículas de hollín, el dióxido de carbono, los anhídridos sulfurosos y sulfúricos, además de otros contaminantes, que son potenciados por determinados factores meteorológicos, como han podido comprobar estos días muchos ciudadanos de estas islas, sobre todo aquellos que padecen algún tipo de deficiencia pulmonar.
Como prueba de lo señalado anteriormente, transcribo algunos párrafos publicados el 2 de septiembre de 2004, por "La Opinión de Tenerife":
"Santa Cruz superó el nivel admisible de contaminación por calima en agosto"
"Santa Cruz registró una elevada concentración de calima durante la última semana de agosto, especialmente patente en la mañana del pasado día 26. Durante este día, la calima se disipó a partir de las 18:00 horas, momento en que la contaminación atmosférica producida por dióxido de azufre rebasó valores considerados "admisibles".
Técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) pusieron ayer de manifiesto que durante la mayor parte de los días de la última semana de agosto, las concentraciones de calima registradas por la estación de Tomé Cano de Santa Cruz de Tenerife rebasaron los niveles considerados "admisibles".
De lo expuesto se aprecia claramente que no solo "Unelco", sino también los responsables del sector energético de Canarias, desecharon al proyectar estas dos nuevas centrales eléctricas, una vez más, las reales y más que evidentes ventajas ambientales que ofrece el "gas natural", puesto que no cabía la posibilidad de alegar ignorancia por el hecho de que, desde el año 1988, existía un categórico mandato del "Parlamento de Canarias" para la implantación del "gas natural" en nuestro territorio, mostrando, por el contrario, como "auténticos modelos medioambientales" a estas dos nuevas centrales eléctricas, que continúan utilizando productos muchísimo más contaminantes que el "gas natural", que deterioran cada día más nuestro medio ambiente y por consiguiente nuestra salud.
Lo cierto es que de todo ello se deduce claramente que no existía ninguna voluntad política de que aquel mandato del Parlamento sobre "la implantación del gas natural" fuera una realidad en nuestra comunidad, y que, como siempre, existieran voceros que se prestaran a resaltar las "excelencias" de las nuevas centrales, a pesar de los productos contaminantes que continúan suministrando a nuestros pulmones, extremo que se agrava en determinadas situaciones meteorológicas, como las descritas hace escasos días por el Servicio Canario de Salud.
Las primeras gestiones con el Ministro de Industria
Con estos antecedentes y hechos que encontré al tomar posesión como consejero (consciente de las enormes dificultades que iba a tener que afrontar para llevar a cabo la implantación del gas natural, puesto que, a la sibilina oposición de determinados grupos de presión, se unía la circunstancia de que la principal preocupación que tenía la mayoría de los políticos era la de obtener más ayudas para la construcción de nuevas carreteras, porque siempre lo han considerado una fábrica de obtención de votos) tuve la primera reunión con el Ministro de Industria, José Piqué, el 10 de octubre de 1996, con el fin de plantearle personalmente los principales proyectos que quería llevar a cabo en el sector energético canario. En este primer encuentro, evidentemente, no pretendí conseguir compromisos firmes, pero sí mostrarle la decidida voluntad de emprender todas las acciones que fueran necesarias para conseguir hacer realidad aquellos proyectos, algunas de las cuales ya había realizado ante Rodrigo Rato y Aznar, con el fin de mantenerles también bien informados del "Plan de Gasificación", tratando con ello de lograr su apoyo para superar las reticencias que tenía inicialmente el ministro. Al día siguiente de esa primera reunión, el periódico "La Provincia", publicó lo siguiente:
"Madrid cree "justo" que Canarias esté en el Plan del Gas, pero no asume compromisos"
"El Consejero de Industria, Francisco de la Barreda, no logró ayer arrancar del ministro del área, Josep Piqué compromisos firmes en relación con una batería de propuestas financieras (planes de electrificación, gasificación, industrial o de energías renovables). De la Barreda explicó que esa primera reunión "no tenía por objeto" alcanzar compromisos y la definió como "una toma de contactos". De la Barreda insistió ante el mismo Piqué en un punto central de las aspiraciones canarias: incluir a las islas en el Plan Nacional de Gasificación". El consejero dijo que ha insistido mucho en este punto al Ministro, cuyo único compromiso fue el de ampliar a hoy diversos encuentros técnicos entre responsables de los dos departamentos. De la Barreda cree que es posible "avanzar en los compromisos" este mismo mes, cuando Piqué visite las islas a final de este mes para inaugurar las dos nuevas centrales".
En el transcurso de aquella reunión, en la que el ministro me permitió exponerle ampliamente todos los argumentos a favor de la implantación del "gas natural", me confirmó que viajaría a Canarias, el domingo 27 de de ese mismo mes, para inaugurar las dos centrales eléctricas de Granadilla y del Barranco de Tirajana.
Con el fin de que resulten más comprensibles algunos acontecimientos que relataré posteriormente, debo exponer que, con anterioridad a mi primera reunión con Piqué, Ángel Ferrera, recién nombrado Presidente de "Unelco", había intentando tener un encuentro con el ministro, a través de Bravo de Laguna, pretendiendo anticiparse a los planteamientos que, además, yo iba a hacer también a Piqué sobre los "movimientos" que ya estaban realizando sobre la futura "privatización de Unelco", la "implantación del gas natural en Canarias", el "desarrollo de las energías renovables", etc., extremos sobre los que yo había informado a José Miguel Bravo, por su condición de Presidente Regional del P.P., pero dicha reunión fue abortada desde el ministerio, al percatarse que Ferrera no actuaba coordinadamente conmigo, lo que era absolutamente improcedente, máxime si se tiene en cuenta que, hasta aquel momento, el ministro no había celebrado la reunión que yo le había solicitado como máximo responsable de industria en esta comunidad.
A partir de entonces comencé a tener clara conciencia de que Bravo de Laguna no solo quería desempeñar la "Presidencia del Parlamento" y la del "partido a nivel regional", sino que también quería asumir el máximo protagonismo de los asuntos que eran competencia de los cuatro consejeros del Gobierno de Canarias nombrados por el Partido Popular, porque empezó a preocuparse que yo no a estaba dispuesto a permitir que fuera él, con la colaboración de Ángel Ferrera, aprovechando también la condición de éste de "Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas", quienes diseñaran y manejaran unilateralmente la política energética de Canarias.
Una significativa muestra de ciertos "talantes personales"
Recuerdo muy bien que el sábado, 26 de octubre de 1996, víspera de la llegada del Ministro de Industria a Tenerife, me llamó por teléfono Manuel Hermoso desde su casa, sobre las ocho de la tarde, para manifestarme su "satisfacción" al haber podido leer, por fin, el informe que yo le había entregado sobre todos los asuntos de la Consejería, que yo consideraba prioritarios, entre los que se encontraba, lógicamente, el "Plan de Gasificación de Canarias". El Presidente también me expresó sinceramente "su pesar" por no haber estudiado hasta ese momento aquellos importantes asuntos, por lo que me pidió, con la exquisita corrección con la que siempre me trató, la posibilidad de reunirnos al día siguiente, en la Presidencia del Gobierno con el Consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, a las ocho de la mañana, para de analizar conjuntamente dichos informes antes de la reunión que los tres íbamos a mantener esa misma mañana con Piqué, en su despacho de la Presidencia del Gobierno de Tenerife, reunión que resultó muy positiva porque, a partir de aquel momento, el Presidente apoyó de forma enérgica los planteamientos que nuevamente realicé al ministro en aquella reunión, y de manera especial el "Plan de Gasificación de Canarias", a la par que aproveché para reiterarle al ministro mi malestar por el hecho de que no se hubiese aprobado el "Plan de Gasificación de Canarias" con anterioridad, lo que impendía que las centrales que iba a inaugurar horas después no funcionaran con "gas natural", sino con "energía fósil", muchísimo más contaminante, lo que era todavía aún más preocupante debido a la cercanía de las mismas a parajes naturales en la de Tenerife y a centros turísticos muy importantes en las dos islas capitalinas.
Al terminar aquel encuentro en el palacete de la Plaza de los Patos, nos traslados el Presidente, el Ministro y yo a la nueva central eléctrica de Granadilla, con el fin de asistir al acto de inauguración oficial, donde ya se encontraban esperando José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Parlamento y Presidente Regional del P.P., Antonio López, Delegado del Gobierno, Ángel Ferrera, Presidente de "Unelco" y otras autoridades e invitados.
Cuando ya habían concluido la inauguración, el Presidente Hermoso hizo un aparte conmigo para informarme de que no iba a asistir al almuerzo con el ministro, al que acudiría Bravo, Ferrera y Antonio López, sino que nos volveríamos a encontrar en el aeropuerto sur de Tenerife, para desde allí desplazarnos a Gran Canaria, con el fin de asistir a la inauguración de la central del Barranco de Tirajana. Recuerdo que Hermoso se mostró absolutamente sorprendido y molesto cuando en aquel momento le contesté que yo no tenía información sobre dicho almuerzo, y que por lo tanto no me consideraba invitado al mismo, por lo que, ante su intención de proceder a pedir explicaciones a Antonio López y a Bravo le rogué que no lo hiciese, porque conociendo ya el "talante" de dichas personas, no me extrañó en absoluto que los dos, junto con Ferrera, hubiesen urdido la idea de quitarme de estar cerca del ministro cuando fueran a plantearle, durante aquel almuerzo, "sus opiniones" sobre la "Privatización de Unelco", el "Plan de Gasificación de Canarias", "Plan de Energías Renovables" (48.000 millones de ptas.) y el "Plan de Electrificación de Canarias" (8.000 millones de ptas.).
Debo decir también que por un lado sentí "vergüenza ajena" por aquel reprobable gesto, la misma que tengo al exponerlo en este escrito, absolutamente "impropio" de cualquier persona con un elemental sentido de educación, además de "torpe", por no valorar siquiera que aquel improcedente gesto no se lo estaban haciendo a Francisco de la Barreda como persona, sino al Consejero de Industria y Comercio, pero, por otro lado, también debo confesar que también sentí "cierto alivio" por lo que, sin duda alguna, dada la experiencia adquirida en un par de reuniones anteriores con estos tres señores en "Hotel Escuela de Santa Brígida" de Gran Canaria, a los que asistió también el entonces diputado nacional, Antonio Luis Medina, iba a ser un desagradable almuerzo, pues, bajo ningún concepto iba a guardar silencio ante los "consensuados y unilaterales criterios" de Bravo y Ferrera en materia energética, valiéndose de Antonio López, en su habitual papel de "maestro de ceremonias" en las visitas a Canarias de los miembros de la administración central del Estado, considerando, además, que no era oportuno dar lugar a ningún tipo de discrepancia, que tampoco conduciría a nada, puesto que Piqué, tenían ya amplio conocimiento de cuales eran mis proyectos y prioridades, no solo de palabra, sino también por escrito, así como también de mis discrepancias sobre los pensamientos de Bravo y Ferrera en esas materias.
Mi primera respuesta a aquellos talantes personales
En cualquier caso, nunca pensé "dejar pasar" sin exponer aquel improcedente gesto en el momento y lugar que considerase más adecuado, con el fin de que no volviesen a repetirse en el futuro lamentables situaciones como la que acabo de comentar, por lo que decidí, siendo ya Presidente Insular del Partido de Tenerife, debatirlo en un Comité Ejecutivo Regional que se iba a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia de Ángel Acebes, Coordinador Nacional del P.P. Por ello, al terminar de tratar los puntos del orden del día de aquel rutinario Comité Ejecutivo, en los que Bravo se esforzaba siempre que se desarrollasen como un bálsamo de aceite, pedí la palabra y manifesté lo siguiente:
En primer lugar describí la desagradable situación que se había producido en Tenerife, con motivo de la visita del ministro de Industria, para inaugurar la nueva central eléctrica de Granadilla, situación que pasó totalmente desapercibida a los allí presentes por la actitud que adopté de no mostrar ningún tipo de malestar por respeto a todos los invitados y por ser consciente de quienes eran los protagonistas de aquel reprobable gesto.
En segundo lugar manifesté que yo nunca había realizado declaraciones públicas, que no correspondieran a mi área en el Gobierno de Canarias, y mucho menos que fueran discrepantes de la política del partido, aclarando que solamente en "el caso del destino que, en aquellos momentos, se barajaba dar a los fondos procedentes de la futura privatización de Unelco", me vi obligado a responder a unas preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que manifesté que mi deseo personal era que dichos fondos no fueran destinados también a la construcción de más carreteras, sino que deberían ser reinvertidos en el sector industrial de donde procedían y señalando que el motivo de que me formulasen aquellas preguntas se debía a que Bravo, con fines electoralistas, había manifestando, días antes, a algunos medios de comunicación que dichos fondos iban a ser destinados a financiar más infraestructuras viarias en Canarias, a pesar de que ya existía una aportación a Canarias del Gobierno del Estado de 200.000 millones de ptas., como consecuencia del pacto suscrito entre el P.P. y CC. a nivel nacional.
Resultaba más que evidente para mí que Bravo (al igual que otros muchos de nuestros políticos) era plenamente consciente de que "la implantación del gas natural" y "el desarrollo de las energías renovables en Canarias", no le aportarían los ansiados votos para alcanzar la Presidencia del Gobierno en la siguiente legislatura, mientras que sí obtendría la deseada rentabilidad vendiendo la idea de haber conseguido esos fondos para la construcción de más carreteras, con independencia de que también era conocedor de que mis planes sobre los sectores energéticos tampoco eran del agrado de los que, en aquellos momentos, se consideraban muy "afectados" por los mismos, y que por el contrario, en la actualidad, se encuentran muy "felices", a excepción de "Cepsa", con la estrategia que el Gobierno viene "diseñando" sobre las "participaciones accionariales" sobre algunos de esos mismos planes, hasta el punto de que no están dispuestos a repartir su importante trozo de tarta del "gas natural" con nadie más, como es el caso de "Cepsa" (a pesar del serio varapalo que le supondrá la definitiva implantación del "gas natural") y "ciertos empresarios canarios" que no forman parte del denominado "núcleo duro", lo que me parececería una postura normal de cualquier empresario si no fuera por la sospecha que tengo de que este Gobierno no solo lo está consintiendo, sino que, incluso, lo está promoviendo sigilosamente. ¿Y para el resto de los ciudadanos canarios que deseen invertir también en este proyecto seguro del "gas natural"?, pues… ¡no existe ningún problema!... le darán lo de siempre: "pan y circo". Y a los que se muestren respondones… pues tratarán de quitarles en primer lugar el pan.
En tercer lugar quise también dejar claro en aquel Comité Regional, que en la renombrada rueda de prensa no mencioné ni una sola vez al Presidente Regional del Partido, tratando de evitar públicas discrepancias entre cargos de un mismo partido político, por lo que manifesté a que los acuerdos finales no los adoptaría yo, sino que correspondía ser adoptados por el partido, en los correspondientes órganos colegiados, tras el correspondiente debate y que en el caso del destino de aquellos fondos, que podrían corresponder a Canarias, producto de la privatización de "Unelco", unos 25.000 millones de ptas., era una decisión que le correspondía adoptar al Estado.
En cuarto lugar, manifesté que cuando visité al Vicepresidente Rodrigo Rato y al Ministro de Industria, informé, por escrito, al Presidente Regional del Partido Popular y, evidentemente, al Presidente del Gobierno de Canarias de todos los planteamientos que les expuse como Consejero, pero dije también que lo tratado en esas reuniones, no era lo más adecuado que fuera Bravo el que lo transmitiese a la opinión pública, puesto que ello daba lugar, además, a incrementar la "equivoca interpretación" ante los ciudadanos de los que eran sus declaraciones como "Presidente del Parlamento", que exigen un exquisito comportamiento institucional y las que realizaba como "Presidente Regional del P.P.", con claro matiz partidista, añadiendo, además, a esas declaraciones otras que eran absolutamente propias de los correspondientes miembros del Gobierno de Canarias.
Por último resalté el hecho de que también Bravo, en ese intervalo de tiempo, en uno de sus frecuentes viajes a Madrid, visitara al Ministro de Industria, de lo que tuve conocimiento por los medios de comunicación, permitiéndose desautorizarme públicamente al declarar que el "Plan de Gasificación de Canarias" podía "tener problemas políticos", sin especificar qué tipo de problemas, añadiendo en unas declaraciones a "Canarias 7" que mis opiniones sobre este importante asunto eran producto de mi "inexperiencia y de la precipitación".
Las primeras consecuencias derivadas de esos talantes personales
Es evidente que Bravo no estaba acostumbrado a que nadie le "exigiese explicaciones" en un Comité Ejecutivo Regional y mucho menos en aquél en el que estaba presente el Coordinador Nacional del Partido Popular, Ángel Acebes, quien, visiblemente nervioso, trató por todos los medios de solventar aquella dura y justificada "recriminación" mía al Presidente Regional dentro de los órganos del partido.
Quien conozca a Bravo (desde hace un cierto tiempo, por suerte, ya lo conocen la mayoría de los ciudadanos canarios, al negarle de forma rotunda la posibilidad de ser el Presidente del Gobierno de Canarias en las elecciones del año 2000, derrota que tuvo lugar, como una de las principales causas, por la descaradas mentiras que dijo sobre el denominado "Caso Bango") sabe que a partir de aquel momento, sin perder su habitual sonrisa, me declaró "odio eterno" y comenzó a llevar a cabo todo tipo de sus habituales intrigas para tratar de "quitarme del medio", como las que llevó a cabo posteriormente para cesar a Ignacio González Santiago (Nacho) como Secretario Regional del partido y como Consejero de la Presidencia, minusvalorando la oposición que podía presentarle como Presidente del P.P. de Tenerife.
Precisamente fue aquel cese de Nacho y la contundente oposición del partido en Tenerife lo que motivó que Aznar, que también tenía conocimientos en sus intromisiones públicas en mis competencias como Consejero de Industria y sus deseos de cesarme también de dicho cargo, nos convocase a los dos a una urgente reunión en el Palacio de la Moncloa, un viernes, después del correspondiente Consejo de Ministros, para comunicarle a un José Miguel Bravo absolutamente "asustado", de forma categórica, que "no estaba dispuesto a soportar ninguna situación de crisis más en el P.P. de Canarias", exigiéndole, al terminar aquel desagradable encuentro, que se trasladase él solo a la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, donde esperaban varios periodistas, para que lo comunicase así, mientras me invitaba a mí a dar un paseo por los jardines, durante el cual, con sorpresa por mi parte, no comentó nada más de lo tratado en la reunión que acabábamos de celebrar, lo cual representó para mí una clara muestra de que Aznar ya tenía buena información del talante personal de Bravo y de sus frecuentes maquinaciones, al que quiso tener desde un primer momento lejos de cualquier cargo en la administración central, a pesar de los "interesados rumores" que circularon en ese sentido, por una conocida "hipoteca" que desde hacía tiempo pesaba sobre su persona y que, a pesar de no ser ya noticia frecuente en los medios de comunicación, Aznar nunca olvidó, pensando que en cualquier momento podría resurgir.
Con el paso del tiempo tomé conciencia de que, sin duda alguna, aquel mediodía en la Moncloa se había iniciado "el principio del fin" del "segundo resucitar" de Bravo en su vida política dentro del Partido Popular, lo que motivó aquella "sorprendente y rapidísima dimisión" de Bravo, para muchos, pero no para mí (por haber oído personalmente la seria advertencia que Aznar le había realizado) a escasas horas de conocer su derrota electoral, sin tener para nada en cuenta que con la presentación de aquella dimisión "aguaba" aquella noche la alegría que mostraban los militantes y simpatizantes del partido allí congregados, porque de José Manuel Soria y María Eugenia Márquez, habían sido los más votados a la Alcaldía de Las Palmas y a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, respectivamente.
Mi dimisión como Consejero de Industria
En el mes de Julio de 1998 Miguel Cabrera Pérez-Camacho, dimitió como Diputado Nacional, lo que motivó que el 4 de agosto de 1998 también yo dimitiese como Consejero de Industria y Comercio, para ocupar el escaño que Miguel había dejado vacante en el Congreso de los Diputados, debiendo señalar, en relación a lo publicado por ciertos periodistas, que es absolutamente falso que en esa dimisión interviniese para nada Bravo, porque, aunque hubiera querido hacerlo, de lo que no tengo ningún tipo de duda, no hubiera podido ni siquiera intentarlo en aquellos momentos, por las razones que expondré a continuación, razones que hasta hoy estoy seguro que han desconocido todos esos periodistas que elucubraron sobre aquella decisión que yo libremente tomé, tras analizarla previamente con Ángel Acebes, quien no la compartía al comienzo de la reunión que mantuvimos con ese fin en su despacho de la calle Génova, pues consideraba que era mejor que yo continuase desempeñando el cargo de Consejero, si bien le preocupaba la lealtad que tendría al partido la otra persona que me seguía en la lista, debido a la mayoría minoritaria del Partido Popular en el Congreso, que se había agravado por el distanciamiento con el P.N.V.:
Primero.- Porque Bravo era muy consciente de que Aznar, tal como ya le había advertido en la reunión que tuvimos en la Moncloa, no le iba a permitir que originase otra crisis más en el partido de Tenerife, puesto que José Miguel, antes de cesar a Nacho, les había prometido que ello no iba a generar ninguna crisis, porque "lo tenía todo muy controlado", despreciando por completo mi capacidad de reacción como Presidente Insular, que, en contra de sus falsas previsiones, fue absolutamente contundente, pues ya le había dicho en varias ocasiones, que tuviese cuidado con lo que hacía, porque yo "era consciente de que el Partido Popular había vivido todos estos años sin mí, pero también era igual de consciente de que yo había vivido muchos más años sin tener que contar para nada con el Partido Popular", frase con la que quise mostrarle muy claramente que no tenía ninguna atadura a los cargos, pero que nunca quiso entender o creer que la decía con absoluta sinceridad, y cuya repetición me permitía afianzar mi convencimiento de que, además, de considerarme independiente políticamente, lo era realmente, actitud que, no sin bastantes sacrificios y disgustos, me sigue aportando en la actualidad grandes satisfacciones personales, porque me permite actuar siempre con mucha libertad y cumplir mis obligaciones, sin que ello signifique que no me haya equivocado en muchísimas ocasiones, lo que sin ningún tipo de dudas, así ha sucedido.
Segundo.- Porque también algunos Consejeros del Gobierno de Canarias, muy cercanos al Presidente Hermoso me habían informado que en intentos anteriores de Bravo de cesarme como miembro del ejecutivo canario, Manuel Hermoso ya se había negado rotundamente a ello, porque no estaba dispuesto a sufrir otras crisis en el "Gobierno de Canarias", como consecuencia de los frecuentes problemas de José Miguel Bravo en el Partido Popular y porque, según dichos consejeros, el Presidente se mostraba muy satisfecho de mi labor en el Gobierno, a diferencia de lo que le sucedía con Nacho, de quien desconfió siempre, lo que llegó a expresar públicamente, en más de una ocasión después de que fue cesado.
Tercero.- Porque, a pesar de que era evidente que Bravo ya me consideraba un enemigo que tenía que batir lo más rápidamente posible, sabía también que yo no representaba ningún obstáculo hacia su desenfrenado deseo de ser Presidente Gobierno de Canarias, única meta que tenía en su mente, siempre que cumpliese lo que, por imperativo de Madrid, habíamos pactado previamente a la celebración de una "Convención Regional del Partido Popular" que se llevo a cabo el 28 de marzo de 1998, en el recinto ferial de Tenerife, con la presencia de Ángel Acebes y Carlos Iturgaiz, con el único y exclusivo fin de mostrar a la opinión pública que ya se había cerrado la profunda crisis que existía en el partido a nivel regional.
Recuerdo que Ángel Acebes, al terminar mi discurso en aquella convención, me dijo que le había gustado mi sinceridad, pero que también consideraba que había sido muy duro con Bravo, refiriéndose, sin duda alguna, a "advertencias" que dirigí muy directamente a José Miguel, que fueron premonitorias de su final en la vida política y que fueron las siguientes:
"Esta es la primera ocasión en la que nos volvemos a reunir desde la celebración de nuestro último Congreso Regional, a finales del año 1996. Como todos sabemos, la Ejecutiva Regional que hoy preside este encuentro, no es la misma que surgió del consenso de aquel Congreso. En este tiempo se han producido cambios importantes que han afectado al funcionamiento de nuestra organización, y que todos hemos tenido que afrontar con responsabilidad (Me refería al cese de Nacho y al nombramiento de Arquimides Jiménez y Lorenzo Suárez). Sería un acto de cinismo por mi parte no reparar en lo sucedido y eludir un saludable ejercicio de autocrítica, al que me gustaría invitarles con el mejor de los ánimos.
Desde Tenerife, entendemos que sería un grave error plantear esta Convención como un mero acto triunfalista de cara a la galería, limitándonos a proclamar las excelencias de la acción política desarrollada por el Partido Popular en Canarias durante los últimos años. Es mucho lo que hemos aportado en muy poco tiempo a la construcción de un nuevo proyecto para el Archipiélago; nuestros logros están ahí, a la vista de todos, pero también hemos cometido errores de los que debemos aprender.
Por este motivo, a poco más de un año para la próxima cita electoral, les invito, queridos compañeros, a huir de triunfalismos innecesarios y a reflexionar también sobre nuestras propias equivocaciones, en un ejercicio de humildad y serenidad, con los pies afianzados en la tierra y la mirada clara en el futuro.
A la pesada carga de gobernar en coalición con quienes tienen un proyecto que, por supuesto, no es el nuestro, se han sumado en algunos momentos los conflictos internos de nuestra propia organización. Han sido fricciones propias de una nueva estructura que crece a gran velocidad, que se esfuerza por abarcar con eficacia cada día más cuotas de responsabilidad. Pero no debemos sentir ningún complejo en reconocer públicamente que en el Partido Popular de Canarias todos hemos cometido errores, unos más que otros, es cierto, pero todos somos igual de responsables. ( … )
Sabes, José Miguel, que no siempre hemos entendido tus decisiones; que en Tenerife muchas veces no nos hemos sentido escuchados, ni correspondidos en el valioso capital que aportamos al Partido Popular de Canarias; sabes que en ocasiones ha faltado diálogo, comunicación y hasta confianza, pero queremos entender y entendemos que esa situación está superada. ( … ).
Presidente, entendemos que esta convención es el punto de partida. Cuando dentro de unas horas abandones este Recinto Ferial tendrás ante ti un enorme reto, proporcional en dimensiones al respaldo y la lealtad del Partido Popular de Tenerife".
Bravo hizo caso omiso de aquellos sinceros "consejo" y "advertencias" que le di públicamente en aquella convención, como Presidente del Partido de Tenerife, y de manera especial al último párrafo del discurso en el que le "advertí" que si volvía actuar a espaldas del partido de Tenerife no lograría nunca ser Presidente del Gobierno de Canarias y de sobra es conocido cuales fueran las consecuencias que tuvo que pagar por su desmedida ambición de lograr esa Presidencia y por las mentiras y manipulaciones que llevó a cabo cuando yo decidí definitivamente no permitir las amenazas y otras tropelías que se estaban cometiendo en el partido por algunas personas que proclamaban permanentemente su "amor y fidelidad al partido por encima de todas las cosas", y que, al ser privados del poder que ostentaban, cambiaron todo su amor a otro partido al que tan duramente habían atacado o como en otros casos, fueron expulsados, teniendo que "sufrir", a pesar de haber logrado inicialmente que me cesaran como Presidente Insular, la traumática circunstancia, para ellos, de que yo no solo no fuera expulsado, sino ni siquiera fuera amonestado, tras comprobar la dirección nacional que mis denuncias estaban absolutamente fundadas, por lo que sigo siendo actualmente un militante de base, aunque discrepe abiertamente de muchísimos aspectos de la política del partido no solamente a nivel insular y regional, sino también nacional, como es el caso de la decisión que tomaron de apoyar la cruel e injusta guerra de Irak. Me consta que ese es el pensamiento también de muchísimos militantes, pero que solamente se atreven a decirlo en baja voz.
Hoy, cuando he vuelto a leer el discurso que pronuncié en aquella convención, veo más claramente aún la inmensa ingenuidad que todavía tenía y que me impedía ver la pobre "calidad personal" de algunos compañeros, para los que el conseguir "su fines" siempre justificó el empleo de "cualquier medio". Para justificar también mis errores y como descargo personal podría decir ¡que ingenuo fui!, pero sin duda alguna, por encima de ingenuidades y errores, que no fueron pocos, acerté plenamente cuando dirigí a Bravo aquellos sinceros consejos, que, no quiso escuchar y que le precipitaron al abismo que no le habían ocasionado con anterioridad "otros lamentables incidentes", como el que produjo al llamar "hijo de puta" a un diputado regional en el propio Parlamento de Canarias.
Algunos de los hechos posteriores que vinieron a ratificar mis primeras sospechas
Volviendo al objeto principal de este escrito, "la implantación del gas natural en Canarias", debo exponer que el mismo día que Alfredo Vigara Murillo juró el cargo de Consejero de Industria y Comercio, el 5 de agosto de 1998, pude constatar por la actitud adoptada por el propio Vigara hacia mí durante aquel acto que se celebró en el palacete de la plaza de Los Patos, que ciertas sospechas que ya tenía sobre él, quien siempre había adoptado una actitud bastante "sumisa", por lo que me había opuesto a que fuera mi sustituto, se iban a convertir en realidad, tal como efectivamente sucedió, al comprobar a los pocos días en los medios de comunicación, en su primeras declaraciones, un radical cambio en la política que yo había llevado en la consejería en materia de la instalación de "grandes superficies", concretamente en el caso de "Pryca", y en lo concerniente a la concesión del "gas ciudad", al comprobar la precipitación que le había entrado en otorgar tal concesión, cuando se daba la importante circunstancia de que él mismo me había entregado un escrito el 13 de junio de 1998, apenas dos meses antes de yo dimitir, cuando todavía desempeñaba el cargo de Director General de Industria y Energía mediante el cual me presentó su "su renuncia a intervenir en el expediente a su cargo para la referida concesión", exponiendo: "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso, ruego se me acepte mi renuncia a intervenir en los trabajos iniciados por personal de la Dirección General de Industria y Energía ... , en cumplimiento de la legislación vigente", evitando de este modo el aceptar yo su dimisión, que llegamos a barajar también como lo más conveniente, como consecuencia de mis primeras sospechas en su actuación en aquel asunto, porque consideré, en aquellos momentos, que su dimisión hubiera generado todavía más suspicacias que acarrearían más problemas, y con el convencimiento de que con "su renuncia a intervenir en el tema del gas" quedaba definitivamente descartado cualquier comportamiento irregular a la hora de llevar a cabo su concesión definitiva a la empresa que ofreciese las mejores garantías a los intereses de la comunidad, pues tampoco acepté su propuesta y muy probablemente la de otros, que también puso en su escrito de que esa competencia la pasase a desempeñar el otro Director General Juan Guedes, siendo mi decisión que, a partir de aquel momento sería yo el único responsable, pero como ya indiqué, la dimisión de Miguel Cabrera y otras circunstancias que no expondré todavía me movieron a dimitir como Consejero y ocupar el escaño que dejaba vacante en el Congreso de los Diputados.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes y la fuerte presión que Vigara, ya como Consejero, comenzó a llevar a cabo sobre el nuevo Director General de Industria y Energía, Juan Cano, para que emitiese, con la máxima urgencia, el pertinente informe previo a la concesión, que finalmente le entregó el 27 de Septiembre de 1998, el cual, dada su importancia, transcribo íntegramente a continuación, por medio del cual citado "Director General de Industria y Energía" expresó, de forma muy clara, coincidiendo también con el informe que emitió el "Ministerio de Industria", que eran absolutamente contrarios a la concesión del "gas ciudad" a ninguna de las tres empresas que habían concurrido, hasta que no entrase en vigor la "Ley de Hidrocarburos", así como también el fundado temor que Juan Cano mostró por el hecho de que se pudiera crear un monopolio, incluso, mayor a los ya existentes, entendí que Alfredo Vigara, actuando en contra de sus propios actos anteriores, tal como quedaba claro en su carta de renuncia de fecha 13 de junio de 1998, había decidido otorgar la concesión a "Gasificadota Regional de Canarias, S.A.", filial de "Unelco", sociedad de la que además había sido consejero.
Transcribo a continuación literalmente el informe-propuesta de Juan Cano, como Director General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, dada la importancia que tiene para poder seguir entendiendo los "oscuros aspectos" sobre el gas, ya pasados, y también los "oscuros aspectos" que continúan existiendo en el presente:
"INFORME-PROPUESTA"
"De la Dirección General de Industria y Energía
sobre solicitud de concesión administrativa para la distribución de gas canalizado de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde".
"VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Gasificadora Regional Canaria, S.A. de concesión administrativa para los servicios públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convenible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Banolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada.
VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Distribuidora Industrial, S.A. de concesión administrativa para los servicios públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Banolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada,
VISTA las solicitudes presentadas en la Consejería de Industria y Comercio por la entidad Desarrollo Energético Canario. de concesión administrativa para los servicios Públicos de la distribución y suministro de aire propanado canalizado convertible a gas natural con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde así como la documentación técnica aportada.
VISTA los informes técnicos emitidos por las Direcciones Territoriales de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas sobre la concesión administrativa para la prestación del precitado servicio público, donde se incluye un análisis comparativo de las empresas peticionarias de la referida concesión administrativa en relación con su solvencia económico-financiera y su capacidad técnica.
VISTA la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, y el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles
VISTO el Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos publicado en el Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Congreso de los Diputados n° 101-11 de 15 de julio de 1998.
CONSIDERANDO que la Consejería de Industria y Comercio es el Departamento competente para reso1ver el expediente de referencia, de conformidad con lo establecido en los Reales Decretos:57811982, de 24 de julio y 209/1984, de 26 de septiembre, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado, y a tenor de lo prevenido en el Decreto 232/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio.
CONSIDERANDO que se han cumplido todos los trámites previstos en el Capítulo III de la Ley 1011987, de 15 de junio, y en el Capítulo II del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.
CONSIDERANDO que el artículo 7 de la Ley 10/1987 dispone que sólo podrán otorgarse a entidades públicas o privadas que justifiquen documentalmente su capacidad técnica y solvencia económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.
CONSIDERANDO que esta Dirección General tiene asumida que la instalación de gas canalizado en las ciudades es prioritaria, por lo que significa de ventajoso en orden a la economía, seguridad y comodidad para los usuarios, y que en definitiva es sinónimo de progreso y bienestar social propio de las ciudades modernas.
CONSIDERANDO que del análisis de la documentación y argumentos evacuados en los informes de las Direcciones Territoriales de esta Consejería de Industria y Comercio; se destacan los siguientes aspectos:
En el informe recibido del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía con fecha 5 de agosto de 1998 en uno de sus apartados, dice:
"2°.- Asimismo, se hace constar que se supone que ha sido adecuadamente valorada la circunstancia de la inmediata promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos y la consecuente desaparición del actual régimen de concesión administrativa. "
Del estudio del citado Proyecto de Ley, de inminente aprobación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado según su disposición final tercera, se desprende que el actual régimen de concesiones administrativas para actividades de montaje de plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación de gases combustibles manufacturados o sintéticos o de mezcla de gases combustibles con aire será sustituido por el de autorización administrativa, así como las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural y el almacenamiento y distribución de gases licuados de1 petróleo, combustibles gaseosos manufacturados y sintéticos y mezclas de gases y aire para suministro por cana1ización, según se establece en su art. 55.
Por otra parte, la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley establece que:
"A la entrada en vigor de esta Ley, todas las concesiones para actividades incluidas en el servicio público de suministro de gases combustibles por canalización quedan extinguidas.
Dichas concesiones quedan sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas de las establecidas en el Titulo IV de la presente Ley que habilitan a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeran el objeto de las concesiones extinguidas.
Las citadas autorizaciones lo serán por tiempo indefinido quedando expresamente extinguida la reversión de instalaciones a la que se refiere el Articulo 7 c) de la Ley 10/1987, de 15 de junio".
Resulta evidente que la observación formulada por el Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía, antes transcrita, contiene una significativa advertencia acerca de lo inútil e improcedente, aunque legalmente factible, de proceder en el momento actual a otorgar una concesión administrativa que salvo imprevistos quedará automáticamente extinguida a los pocos días o pocas semanas de dictarse la correspondiente resolución, a la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos. En ese momento quedaría liberalizada la actividad de montaje de plantas para mezcla de gases combustibles con aire y el almacenaje y distribución por canalización de dicha mezcla combustible, como claramente expresa el arto 54.1 del Proyecto de Ley:
"Las actividades de fabricación, regasificación almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos para su suministro por canalización, podrán ser realizadas libremente en los términos previstos en este Titulo, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, y en especial de las fiscales y de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y de defensa de los consumidores y usuarios".
Es decir, que cualquier petición que se presentase para el ejercicio de las actividades a las que se refiere el presente informe, incluyendo eventuales solicitudes de las empresas o grupos económicos a los que no se les otorgase concesión administrativa, debería ser resuelta por esta Administración mediante autorización sin más requisito que la exigencia del cumplimiento de las especificaciones contenidas en la nueva Ley y en sus reglamentos de aplicación. En tanto éstos no hayan sido promulgados continuarán vigentes los actuales, según se deduce de la disposición transitoria segunda:
"No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente Ley que sean necesarias para la puesta en práctica de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materias que constituyen su objeto".
Teniendo en cuenta todo lo dicho, esta Consejería de Industria y Comercio quedaría en una posición incómoda, en opinión de esta Dirección General de Industria y Energía, si se otorgase ahora una "concesión administrativa". Por un lado, determinados sectores podrían manifestar cierta suspicacia ante lo que parecería una extraña urgencia por otorgar una concesión administrativa unos días antes de que se apruebe una Ley que las suprime; por más que esto se pueda explicar, siempre quedaría un residuo de incredu1idad. Por otro lado, no podrá evitarse cierta actitud de menosprecio por parte de las empresas rechazadas en el expediente de concesión ante la inminente liberalización de1 sector.
En cualquier caso, la situación administrativa actual es la de un expediente abierto que debiera resolverse al margen de otras consideraciones sobre la expectativa de aparición de nuevas disposiciones lega1es, pero precisamente en el Proyecto de Ley que se examina esta circunstancia está prevista, al igual que en todas las leyes, y de ello se ocupa la disposición transitoria octava, que dice:
"Los expedientes de autorizaciones y concesiones referentes a actividades objeto de regulación en el Titulo IV y que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma".
Lo cual significa que si entrase en vigor la nueva Ley antes de que se produjese la resolución del expediente, a las peticiones de concesión ya existentes habría que darles el trámite correspondiente a peticiones de autorización, aunque, llegado este caso, lo procedente sería requerir a los interesados para que se reiterasen en sus peticiones bajo la figura de solicitud de autorización administrativa.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que con las leyes, y sobre todo con los reglamentos, de inminente aparición pero que finalmente no fueron publicados podría retardarse el Ministerio de Industria y Energía, y sobre todo por si razones estratégicas aconsejasen resolver sobre la concesión, el siguiente apartado de este informe se refiere al estudio de las tres solicitudes presentadas para obtener la concesión administrativa.
A la vista de la composición de los tres grupos en lo que concierne a participación económica, presupuesto de las obras y tasa interna de rentabilidad (que incluye un estudio de perspectivas de contratación y emp1eo creado a un horizonte de veinte años), así corno los derechos de contratación previstos) puede realizarse el siguiente análisis:
En cuanto a solvencia técnica, las propuestas de Gasificadora Regional Canarias, S.A., que integra con un 30% a ENDESA Gas, S.A., y de Desarrollos Energéticos Canarios, S.A., que integra con un 49,9% a Gas de Asturias, S.A., resultan igualmente satisfactorias. No así la de DISA, que no puede acreditar experiencia en el segmento de distribución de gas canalizado, lo cual representa un serio inconveniente ante 1as otras dos propuestas.
En lo que a solvencia económica y garantías financieras se refiere, la ventaja está del lado de Gasificadora, tanto por e1 potencial económico de las empresas que constituyen el grupo como por la garantía financiera que representa su integración en el mismo por parte de las Cajas de Ahorro.
En 1o que se refiere a la vinculación territorial de las empresas con Canarias puede decirse que la mayor, porcentualmente hablando, corresponde a DISA, si bien las tres ofrecen suficientes garantías en este terreno.
En cuanto al interés por el desarrollo de la concesión podría suponerse que el mayor está del lado de Gasificadora, que ha sido quien primero ha presentado su solicitud, que ha motivado la urgente presentación de propuestas por parte de las otras dos. Aunque estas últimas también hubiesen tenido la intención de hacerlo en un futuro, no puede ignorarse el hecho de que el proyecto técnico de la primera ha servido de base para la confección de los demás.
Resulta muy de tener en cuenta, por otra parte, que el caso de DISA es bien singular: cada cliente que capte como abonado para el nuevo servicio de gas canalizado es un cliente menos para la distribución de gas embotellado. ¿Qué garantía de interés representa una situación como esta?.
Considerando las empresas que participan en Gasificadora, podría representar un inconveniente, que ha de ser justamente valorado, como es el hecho de que el suministro eléctrico y el del gas canalizado se encuentren en las mismas manos, y cuando se habla de gas canalizado ha de entenderse referido a 1as poblaciones en las que va a estar disponible. Esto conlleva el peligro de que cualquier defecto estructural interno de orden empresarial va a repercutir de modo inmediato en dos servicios públicos esenciales, gas y electricidad. Si bien ha de pensarse que la participación de UNELCO es positiva por cuanto aporta al grupo su solvencia económica y su experiencia en suministro de energía, con probada eficiencia en el capítulo de mantenimiento, disponiendo de un notable equipo técnico, el aspecto reseñado de concentración de servicios públicos en un mismo grupo empresarial no puede por menos de tenerse en cuenta.
Debiera estudiarse si pudiese haber alguna incompatibilidad de carácter legal sobre la aludida concentración de servicios-públicos de gas y electricidad en lo que se refiere a disposiciones nacionales o europeas en vigor en materia de monopolios, que afectaría, en su caso, a la propuesta de Gasificadora.
Por todo ello, esta Dirección General de Industria y Energía PROPONE:
Que hasta tanto no entre en vigor la Ley del Sector de Hidrocarburos, cuya publicación tendrá lugar en breve fecha, no se otorgue concesión administrativa a ninguna de las empresas solicitantes.
No obstante, si por parte del Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, se estima conveniente otorgar la concesión antes de la entrada en vigor de la citada Ley, esta Dirección General de Industria y Energía entiende que en el presente informe van suficientemente valoradas las ventajas y desventajas de las empresas solicitantes que le permitirán elaborar su criterio.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de agosto de 1998.
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Juan Berceli Cano Cabrera
AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".
Como puede constatarse, dicho informe era suficientemente explicativo por si solo para comprender todos los graves riesgos que podían derivarse por aquella precipitada, injustificada y sospechosa actitud de Vigara de autorizar con la máxima urgencia la concesión del "gas ciudad", pero la advertencia de todos esos riesgos no fueron impedimento alguno para que el entonces Vigara otorgase dicha concesión a "Gasificadora Regional Canarias, S.A.", filial de "Unelco", mediante la Orden de fecha 2 de septiembre de 1998, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, el 30 de noviembre siguiente, o sea, sorprendentemente, dos meses más tarde, máxime, teniendo en cuenta el hecho que ya he señalado, de que Alfredo Vigara, había sido consejero de "Unelco" desde el día 9 de mayo de 1997 hasta el día 22 de junio de 1998, y que fue el principal motivo de que el propio Vigara, con fecha 13 de junio de 1998, entregase un escrito, en el que exponía, a instancias mías, porque ya apreciaba en él actitudes sospechosas, su renuncia a intervenir en el expediente a su cargo para la referida concesión del "gas ciudad", exponiendo literalmente lo siguiente: "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso …".
Pero, tal como puede constatarse, las mismas circunstancias que el propio Vigara había considerado y escrito como claros impedimentos "... en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión …" al actuar como "Director General de Industria y Energía" en relación al expediente del "gas canalizado", sin mediar ningún tipo de explicación que aclarase lo manifestado en su escrito, dejaba de considerarlas como tales, para, en contra de los impedimentos que Juan Cano, como Director General y el Ministerio de Industria también le expresaron en sus respectivos informes, otorgar con la máxima urgencia a "Gasificadota Regional de Canarias, S.A.", filial de "Unelco" la concesión el 2 de septiembre de 1998, cuando ni siquiera había transcurrido un mes de su nombramiento, produciéndose el inexplicable e inexplicado hecho posterior de que no apareciera su publicación en el Boletín Oficial hasta dos meses más tarde. Demasiada rapidez para autorizar la concesión y excesiva lentitud en su publicación.
También me sigue resultando muy sorprendente la información que tengo de que si bien figura en el Registro de la Consejería el escrito de renuncia de Vigara, no se encuentra el escrito original de renuncia a intervenir en el expediente del gas, que entregó Alfredo Vigara el 13 de Junio de 1998. Afortunadamente yo conservaba una copia, que pude aportar posteriormente al Fiscal Anticorrupción, cuando presenté la pertinente denuncia por unos presuntos delitos de prevaricación de Vigara, que comentaré más en el siguiente escrito.
Posteriormente también tuve información de que Alfredo Vigara cobraba también las remuneraciones que percibían los consejeros de "Unelco", a pesar de que yo había propuesto a los Directores Generales de la Consejería, entre los que se encontraba Vigara, y éstos habían libremente aceptado, que renunciásemos a cualquier emolumento que tuviésemos derecho a percibir por pertenecer a cualquier consejo de administración, como sucedía en los casos del "Instituto Tecnológico de Canarias" (ITC) (el anterior Presidente de este Instituto cobraba, aproximadamente, 10.000.000 de ptas. anuales), Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), "Promociones Exteriores de Canarias" (Proexca), "Autoridad Portuaria", etc.
Al respecto, debo expresar también la vergüenza que me produjo el hecho de que en la única asistencia al Consejo de Administración del "ITER", que presidió Ricardo Melchior, porque inmediatamente dimití para que fuera desempeñado por un magnifico profesional del "ITC", Antonio Lecuona, lo primero que se realizó en dicho Consejo fue la entrega, por parte de un funcionario, de los cheques a todos y a cada uno de los presentes, en concepto de pago por la asistencia al consejo, pago que no recrimino en absoluto siempre que corresponda a una responsabilidad real y eficaz, porque también no ignoro que existe en ello una enorme "picaresca" conocida y consentida, pero sí el hecho de que ello se hiciese al comienzo del consejo, por si alguno tuviese que ausentarse antes de que terminase y sobre todo el que inocentemente me dijese aquel funcionario en un tono de voz que oyeron todos los presentes: "Consejero para usted no tengo ningún cheque, porque me han dicho que usted no quiere cobrar". También debo manifestar que nunca consideré que esa actitud debía ser compartida e imitada por personas pertenecientes a otras formaciones políticas y mucho menos que por ello se debía iniciarme ningún proceso de "beatificación", pues confieso, sin generarme tampoco ningún rubor decirlo, que lo hacía única y exclusivamente por el convencimiento que tenía de que dentro del sueldo de 500.000 ptas. que percibía por el cargo de Consejero estaba incluido también el desempeño de todas esas responsabilidades.
Mis primeras denuncias dentro de los órganos del Partido Popular
Por todo lo anteriormente expuesto en relación al comportamiento que ya venía observando en Alfredo Vigara tras ser nombrado consejero, me vi obligado a manifestar a Bravo de Laguna, en varias ocasiones, mi gran preocupación en ese sentido, sin lograr arrancarle otra cosa que no fueran buenas palabras, por lo que finalmente opté por entregarle a José Miguel el escrito que reproduzco aquí, al que no solamente nunca me contestó, sino que, incluso, llegó a mentir en reiteradas ocasiones, al declarar a los medios de comunicación, con motivo de hacer yo públicas aquellas denuncias de corrupción que aprovechó para cesarme del cargo de Presidente Insular del P.P. de Tenerife, cuando dijo que yo nunca le había informado de ninguna irregularidad, falsedad que quedó probado de forma categórica en la sentencia del 11 de noviembre de 2000, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenó a Vigara, incluso, a pagar la totalidad de las costas, al desestimar todas sus acusaciones contra mi persona, por considerarla fundadas, asunto sobre el que me trataré en el próximo escrito y en la que literalmente se expone lo siguiente:
"… En tal sentido la denuncia, inicialmente privada, pues fue realizada, con carácter confidencial, a los órganos internos del partido político al que pertenecían ambos litigantes, sobre comportamientos dudosos del actor en determinadas actividades propias de su cargo, que posteriormente fue sacada a la luz pública por un tercero ajeno a esta causa (refiriéndose la Sala, sin duda alguna, a las frecuentes declaraciones de Bravo, en el sentido de que mis denuncias eran absolutamente falsas, un montaje, un auténtico "bluff") y finalmente determinó la apertura tanto de una Comisión de Investigación en el seno del Parlamento Autonómico como de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción (lo que acredita los visos de realidad y la trascendencia e interés de lo denunciado)...".
Evidentemente el importante contenido de esta sentencia fue debidamente silenciado por los "procedimientos habituales", para que no fuese conocido por la opinión pública.
Y una de las pruebas irrefutables de lo que he venido manifestando y que fue recogida también en la citada sentencia, es el escrito "muy confidencial" que dirigí a Bravo y que reproduzco íntegramente a continuación:
"S/C. de Tenerife, 27 de Septiembre de 1998.
"MUY CONFIDENCIAL"
Sr. Don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
Presidente Regional del Partido Popular
Las Palmas.
Querido Presidente:
Por medio del presente escrito, una vez más, debo reiterarte la enorme preocupación que tengo por dos temas de gran importancia de la Consejería de Industria y Comercio, como son la concesión del gas a las principales ciudades de Canarias y la licencia comercial específica a la multinacional francesa "Pryca" y las posibles repercusiones políticas para nuestro partido.
Como sabes, uno de los temas que puse en marcha en mi etapa de Consejero fue el "Plan de Gasificación de Canarias", con un presupuesto inicial de 57.000 millones de pesetas, y un concurso para la concesión de distribución del gas ciudad o canalizado, con 20.000 millones ptas. Este rompía el monopolio del gas a domicilio, mediante bombonas de butano que tiene la empresa "D.I.S.A.".
Me consta que el Ministerio de Industria y Energía recomendó al actual Consejero, Sr. Vigara, por escrito, que no se otorgara la concesión hasta que entrara en vigor la Ley de Hidrocarburos, coincidiendo también con la de su Director General de Industria y Energía, don Juan Cano, quien también dejó constancia por escrito. También hizo caso omiso a mi recomendación de solicitar un informe al "Tribunal de Defensa de la Competencia", ante el peligro de que pudiera imputársenos, como partido, en la resolución del concurso de poner el gas ciudad en manos de la empresa UNELCO que participa en el mismo a través de "Gasificadora Regional de Canarias,S.A", y que ya tiene el control de la generación, distribución y comercialización de toda la energía eléctrica en Canarias.
Conoces, que en contra de todo lo que habíamos acordado antes de dimitir yo de ese cargo, el actual Consejero ha resuelto personalmente este expediente a favor de "Gasificadora Regiona de Canariasl, S.A.", filial de UNELCO, a pesar de haber sido él también Consejero de UNELCO, hasta Junio del presente año, lo que lo inhabilita para ello, y de haber entregado la carta de fecha 13-6-98, de la que te adjunto fotocopia.
Como comprenderás, es difícil de entender que habiendo renunciado el Sr. Vigara a intervenir en este importante asunto "en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso … en cumplimiento de la legislación vigente", tal como figura en su escrito, haya decidido resolver él personalmente esta delicada concesión, creando una situación que se puede considerar irregular tanto en aspectos de fondo como de forma.
El comportamiento también totalmente irregular en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente" a la empresa UNELCO por el Sr. Vigara, en el pasado mes de mayo, me obligó a solicitarle esa carta, para solucionar la dimisión que me presentó y que no consideré conveniente en aquellos momentos aceptar para evitar un escándalo, que habría ocasionado un grave daño a nuestro partido, logrando que no tuviera mayor repercusión.
He evitado en todo momento hacer ningún comentario sobre el "Gas Ciudad", de los que te he hecho a ti como Presidente Regional en las conversaciones mantenidas, pues puede ser incluso mas grave y con igual repercusión social que el tema de Pryca del que te hablo a continuación. Como ya conoces, el P.S.O.E. ha pedido explicaciones en el Parlamento de Canarias sobre la concesión del gas ciudad y sobre la licencia comercial específica a "Pryca".
También sabes que mantuve serias reservas a la propuesta de que fuera el Sr. Vigara el que me sustituyera al frente de la Consejería de Industria y Comercio, aunque nunca pude pensar que su comportamiento cambiara de manera tan radical desde el minuto siguiente a su toma de posesión.
Con respecto a "la licencia comercial especifica a Pryca", como sabes y según lo acordado en la reunión contigo y con el Presidente del Gobierno de Canarias previa a mi renuncia y paso a Diputado, comuniqué en la rueda de prensa que mantuve a continuación la situación en la que se encontraba este expediente y su previsible denegación.
Todo ello, recordarás, en base al informe del Director General de Comercio, Sr. Suarez, de fecha 30-7-98 y que también te adjunto, en el que considera que procede denegar la licencia a "Pryca", según la Ley de Comercio de Canarias, por los datos de población de hecho facilitados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sobre S/C. de Tenerife (207.713 habitantes) y el grado de disponibilidad de superficie comercial según el censo (5.292 m2), ya que "Pryca" tendría más del doble (11.870 m2) en superficie de venta. Eso, incluso, sin tener en cuenta otros establecimientos, que el Director General de Comercio menciona en su informe y que reducirían aún más esa disponibilidad de metros cuadrados.
En el citado informe se recoge además claramente la opinión de la Comisión Insular de Comercio, que aunque no es vinculante si debe ser tenida muy en cuenta, pues actualmente tiene representantes de los diversos sectores comerciales y empresariales (C.E.O.E.), incluyendo sindicatos, consumidores, Administración Insular y Ayuntamienos (FECAM), Cámaras de Comercio y técnicos de la Consejería, y que en el caso de "Pryca" se manifiesta con un resultado contundente de once votos en contra y uno solo a favor de la instalación de esa gran superficie.
Una vez más te traslado mi gran preocupación por el comportamiento que desde la misma toma de posesión ha mantenido el actual Consejero de Industria y Comercio, Sr. Vigara, poniendo duros matices y comentarios a las declaraciones citadas que sobre este asunto realicé días antes de abandonar el cargo y que habían sido recibidas con gran satisfacción por los pequeños y medianos comerciantes de Canarias.
Desde entonces ha habido actitudes y declaraciones cuando menos "confusas" sobre la situación y resolución del expediente desde la Consejería, negativa del Sr. Vigara a recibir a los representantes de las Federaciones Comerciales, y numerosos rumores, o claros comentarios, recogidos en los medios de comunicación, sobre "presiones" para cambio de opinión a los miembros de la Comisión Insular de Comercio, o de cifras en el ISTAC, etc.
No se te escapa que todo ello ha motivado la petición de dimisión del Sr. Vigara y las durísimas declaraciones que han aparecido en los medios de comunicación de las distintas Asociaciones de Comerciantes de toda Canarias, que han pasado de un manifiesto apoyo al PP, como Partido respetuoso de la Ley de Comercio frente a Coalición Canaria, a identificarnos como iguales y estar preparando movilizaciones.
Estos hechos son los que me obligaron a salir en defensa del Partido Popular en el tema de "Pryca", pero otras intervenciones de algún miembro del partido, más partidarias de la autorización de licencia y en contra de mi persona y cargo, han creado mayor confusión si cabe, desaprovechando el aspecto electoral negativo que tiene para CC, y me hicieron desistir de posibles aclaraciones y defensas.
Te reitero mi preocupación de las enormes repercusiones desfavorables que está teniendo este asunto para nuestro partido, pues como sabes, creo que habíamos logrado el apoyo de los comerciantes de toda Canarias y ni ellos ni los mismos ciudadanos en general entienden este cambio que se trasmite de la postura de la política mantenida por una Consejería gobernada durante dos años y medio por el Partido Popular.
Esta situación y las actitudes contradictorias o de ataque citadas, sobre los que hemos tenido que defender la Ley de Comercio desde los cargos políticos que nos ha dado el Partido, hacen que se esté dando sensación a los afiliados y a la opinión pública de descoordinación, falta de objetivos políticos o de intereses encontrados, e incidiendo negativamente en la valoración del PP de Canarias cuando además tenemos que afrontar el calendario electoral.
Por otra parte, hace pocos días, he tenido conocimiento por los medios de comunicación de la "sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" que considera ilegal la apertura de la gran superficie Centro Comercial Al Campo (La Mareta) por graves irregularidades, a la que en su día me opuse interponiendo recurso, según los informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno. Como recordarás, sin embargo, este fue retirado por Colalición Canaria, en decisión del Consejo de Gobierno, y se abrió al público, motivando manifestaciones de más de cinco mil pequeños y medianos comerciantes en Las Palmas en defensa de mi postura como Consejero y de la política del Partido Popular en esta materia.
Estoy seguro que esta sentencia del TSJC, de serias repercusiones, debe ser bien aprovechada por nuestro Partido en estos momentos preelectorales y servir para aclarar tajantemente por similitud nuestra postura en el caso "Pryca".
No es preciso decirte que no me mueven otros intereses que los de Canarias y la defensa nuestro Partido y que me tienes a tu disposición para cualquier asunto en el que quieras alguna aclaración por mi parte.
Un abrazo,
Francisco de la Barreda Pérez
Presidente Insular de Tenerife"
Dicha carta la remití también a Juan Carlos Vera Pro, responsable a nivel nacional del Partido Popular en Canarias, el mismo día 27 de septiembre, junto a otra que dirigí, cuyo texto transcribo a continuación:
"S/C. de Tenerife, 27 de Septiembre de 1998.
"MUY CONFIDENCIAL"
Partido Popular
Sr. Don Juan Carlos Vera Pro
Secretario de Organización
C/. Génova, 13
28004 - Madrid.
Amigo Juan Carlos:
Te adjunto escrito que, con esta misma fecha, estoy remitiendo al Presidente Regional, para tu conocimiento y efectos oportunos.
Un abrazo,
Francisco de la Barreda Pérez
Presidente Insular de Tenerife"
Igualmente Juan Carlos Vera guardó dicho escrito celosamente en el baúl de los recuerdos, lo que pude comprobar al verse obligado en trasladar este asunto a Pío García Escudero, debido a la muy preocupante situación que existía ya en el partido en Tenerife, que se agravó aún más con las amenazas de muerte y agresiones que ya estaba recibiendo la abogada Julia Bango, por las cuales la Juez del Juzgado de Instrucción llegó a imputar a nueve personas, adoptando incluso sobre algunas de ellas medidas cautelares, que fueron ratificadas por la Audiencia Provincial, dándose la importante circunstancial que la Sala llegase a afirmar en el Fundamento Jurídico Séptimo del Auto del 2 de mayo de 2000, por el que ratifica el "SOBRESEÍMIENTO PROVISIONAL" (no definitivo) lo siguiente:
"En definitiva, no se descarta que todo ello, como afirman los recurrentes (Julia Bango y Francisco de la Barreda) sea fruto de una trama con distribución de roles para la ejecución de la misma, pero ... no resulta de lo actuado quien o quienes hayan podido ser los promotores, autores, cooperadores, cómplices o encubridores de la misma...".
Frase suficientemente explicativa por sí sola, en el sentido de que reconoce la existencia de los delitos y la imposibilidad de conocer a sus autores, cooperadores, cómplices o encubridores, que por sí sola desarma las mentiras y manipulaciones que realizaron aquellas personas del P.P. y ciertos periodistas que fueron muy probablemente fueron "bien remunerados" para que propagaran la idea de que todo era un burdo montaje, lo que traigo a colación únicamente para demostrar, tal como manifestó la Audiencia Provincial en el sentido de que "En definitiva, no se descarta que todo ello, como afirman los recurrentes sea fruto de una trama con distribución de roles para la ejecución de la misma, …".
Comentarios sobre el siguiente capítulo y algunas reflexiones
Pero ciñéndome a mis comentarios sobre "la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos", expondré en el siguiente escrito las denuncias que realicé sobre dicho asunto ante el "Fiscal Anticorrupción", ante la "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", ante otras instancias como el "Comité Nacional de Derechos y Garantías", y las "consecuencias que se derivaron contra Vigara por la demanda judicial que me interpuso", mientras era sometido a una impresionante y orquestada campaña de desprestigio personal, profesional y política contra mi persona, por determinados periodistas "bien pagados", que intentaron groseramente ridiculizar hasta extremos verdaderamente inusitados mis denuncias de corrupción en Canarias, convirtiéndose, en aquellos momentos, en verdaderos defensores de los valores morales de "todos los canarios", como si yo los hubiese ofendido.
Lo cierto es que estos mismos periodistas, pensando que carecemos de memoria y de documentos que acreditan su falta de dignidad, son algunos de los que ahora aplauden las acertadas palabras pronunciadas por el "Ministro de Justicia" y el "Gobierno de la Nación" denunciando la "severa degradación democrática que existe en Canarias" y que "en Canarias se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos" y de que la misma "se corresponde con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tiene que ver con la calidad democrática de Canarias", a diferencia de lo que manifestaron de forma absolutamente alarmista, rasgándose las vestiduras, cuando yo denuncié en el año 1999, siendo Diputado Nacional, de manera menos eufemística "la enorme corrupción y auténticas mafias que hay en Canarias".
Y hasta aquí llego en este segundo escrito sobre "la implantación del gas natural en Canarias y sus oscuros aspectos" con la intención de informar en el siguiente sobre datos concretos de mis denuncias ante el Fiscal Anticorrupción y ante la Comisión de Investigación de Canarias, con el único y exclusivo fin de dar a conocer a la opinión pública, con "pruebas", no con "opiniones", la verdad sobre estos importantes asuntos que no solo afectan a la comunidad en general sino al bolsillo de todos y cada unos de los ciudadanos canarios.
fbarreda@telefonica.net
(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y ex Diputado Nacional
18-09-04
Capítulo III
La Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias:
"Le salió al PP y a CC el tiro por la culata"
Breve comentario sobre los principales asuntos expuestos en los dos capítulos anteriores.
Antes de relatar los asuntos de este capítulo, debo recordar que en el "Capitulo I" realicé un desarrollo cronológico de las negociaciones y de los trámites administrativos que el excelente equipo de la "Consejería de Industria y Comercio" llevó a cabo, para conseguir implantar el "gas natural" en esta comunidad, así como un resumen de los principales datos técnicos y económicos que hicieron posible que el "Ministerio de Industria y Energía", no solo ratificara el compromiso formal que había sido suscrito, previamente, con el Ministro de Industria para lograr la concesión, sino que el "Gobierno Central" aprobara también, finalmente, lo siguiente:
Incluir a Canarias dentro del "Plan Nacional de Infraestructura Gasista".
Apoyar el "Gobierno Central" la negociación de los fondos comunitarios.
Asumir el "Estado" el coste total de los trabajos e informes previos de viabilidad, que superaron los 500 millones de las antiguas pesetas.
En el "Capitulo II" comenté los siguientes temas:
Mi dimisión como "Consejero de Industria y Comercio" del Gobierno de Canarias, para cubrir el escaño vacante en el "Congreso de los Diputados", por la renuncia de Miguel Cabrera Pérez-Camacho.
La justificación de las "primeras sospechas" que tuve sobre las "graves irregularidades" cometidas por mi sucesor en la Consejería, Alfredo Vigara, avaladas no con "opiniones personales", sino con "documentos", que presenté, posteriormente, al "Fiscal Anticorrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, extremos que relataré ampliamente en el siguiente Capítulo.
Comentarios sobre determinados "talantes personales" (Bravo de Laguna, Ferrera y Antonio López) por considerar que son significativos para comprender hechos pasados y presentes en el proyecto de la "implantación del gas natural en Canarias".
Las "primeras denuncias", verbales y por escrito, que realicé dentro de los órganos del Partido Popular, a nivel regional y nacional, que desmienten plenamente las declaraciones de aquellos "compañeros" que las han venido negando. Como es bien sabido, a muchos de ellos tampoco puedo considerarlos "compañeros", entre otras razones por su extraño proceso de "conversión" política a otras ideologías que habían criticado muy duramente.
Denuncias de corrupción
El presente capítulo lo dedico a exponer y a comentar las denuncias de corrupción que realicé ante la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", mientras era sometido a una orquestada campaña de desprestigio personal, profesional y política, por determinados periodistas muy conocidos y "muy bien remunerados", que intentaron ridiculizar burdamente mis denuncias de corrupción hasta extremos verdaderamente inusitados, convirtiéndose, en aquellos momentos, en los principales defensores de los valores morales de "todos los canarios", como si yo los hubiese ofendido realmente, cuando es público y notorio que la corrupción no es imputable a la inmensa mayoría de la ciudadanía canaria, que por el contrario sí la sufre en sus bolsillos, en su salud, en educación, etc., sino que la misma es practicada, principalmente, por ciertos "poderes políticos" y "económicos", que representan un grupo muy minoritario dentro de la comunidad canaria, con la colaboración de sus "acólitos".
Lo realmente cierto, es que, a pesar de las "constantes manipulaciones informativas" que llevan a cabo para tapar la corrupción en nuestras islas, hoy nadie duda de las acertadas declaraciones públicas del actual "Ministro de Justicia", para mayor "inri" canario, ratificadas posteriormente por el "Gobierno de la Nación", en el sentido de la "severa degradación democrática que existe en Canarias" y que "en Canarias se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos" y que todo ello "se corresponde con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tiene que ver con la calidad democrática de Canarias". En definitiva, el Ministro de Justicia ha dicho lo mismo que yo denuncié en el año 1999, siendo Diputado Nacional, de manera menos eufemística, cuando manifesté públicamente "la enorme corrupción y auténticas mafias que hay en Canarias".
También es bien sabido, que este minoritario grupo de personas lo que desea es que se mantenga y que, incluso, aumente cada día, esta "severa degradación democrática", utilizando siempre el "manido argumento" contra quienes denuncian esas corruptelas de que "si tienen prueban, que vayan a los Juzgados a denunciarlas", como si fuera habitual que la "entrega de maletines" y otros tipos de "prácticas corruptas" se realicen en las plazas públicas, a plena luz del día, con la intervención, incluso, de notarios, para dar fe de ese tipo de transacciones, con el agravante de que aquel cargo público o ciudadano canario que decida presentar una denuncia por "serias y justificadas sospechas sobre la existencia de un delito" o "fundados indicios racionales de criminalidad", se verá, con muchísimas probabilidades, vilipendiado, ridiculizado y atemorizado hasta límites verdaderamente inconcebibles en una sociedad que se considera democrática, por lo que puede suceder, incluso, que, lejos de ser amparado por la propia justicia, se vea sometido también a querellas interpuestas por el propio Ministerio Fiscal, extremos que comentaré con más detalle en otro capitulo, porque ello requiere exponerlo con el correspondiente "soporte documental", pero que nadie dude de que lo haré, movido única y exclusivamente por el convencimiento que tengo de que denunciar ese tipo de irregulares conductas, a pesar de los serios contratiempos que origina, no solo es una obligación jurídica, sino también moral.
Algunos de los argumentos que expuse a la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias"
En el anterior "Capítulo II" transcribí, íntegramente, el escrito que dirigí el 27 de septiembre de 1998, al entonces "Presidente Regional del Partido Popular de Canarias", José Miguel Bravo de Laguna, en el que le expuse mi profunda preocupación por las sospechosas decisiones que comenzó a adoptar Alfredo Vigara, tras mi dimisión, al frente de la "Consejería de Industria y Comercio".
Por ello, en mi primera comparecencia ante la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", que se constituyó como consecuencia de mis denuncias de corrupción, exigí al Presidente de dicha Comisión (el diputado regional de "Colación Canaria", José Miguel González) que antes de contestar a cualquier pregunta que fuesen a formularme el resto de los miembros que integraban la citada Comisión, Javier Sánchez-Simón (P.P.), Emilio Fresco (PSOE), Julio Cruz (PSOE), Juan Manuel García Ramos (Grupo Mixto), procedería a leer un documento redactado por mí el 29 de Marzo de 1999, del que transcribo, a continuación, los párrafos más significativos:
"CONSIDERACIONES DE FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ AL ESCRITO QUE DIRIGIÓ A DON JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ, COMO PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR EN CANARIAS, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1998, SOBRE DON ALFREDO VIGARA MURILLO"
"En dicho escrito, (reproducido íntegramente en el "Capitulo II") del que adjunto fotocopia, y del que he entregado también copia, en Madrid, el 17 de Marzo de 1999, al Fiscal Anticorrupción, le reiteraba a don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, la enorme preocupación que me estaba produciendo el comportamiento de don Alfredo Vigara Murillo, como "Consejero de Industria y Comercio" del Gobierno de Canarias, sobre diferentes asuntos relacionados con su departamento, de los cuales paso a analizar alguno, con más detalle, a continuación:"
A).- "PARQUE EÓLICO DE FUENCALIENTE" (ISLA DE LA PALMA):
"(...) Es muy importante tener en cuenta que "toda la tramitación de la documentación administrativa", en lo concerniente a la "Consejería de Industria y Comercio", del "Parque Eólico de Fuencaliente", fue realizada por don Alfredo Vigara Murillo, a excepción, salvo que se demuestre lo contrario, de la "Orden de 7 de Julio de 1997" (publicada en el B.O.C. el 25 de Agosto de 1997) en la que se incluye la cuestionada "Disposición Transitoria", por el informe preceptivo emitido por la "Dirección General del Servicio Jurídico", según informe del Jefe del Servicio Jurídico, don Bonifacio Rodríguez Torrens, de fecha 17 de Febrero de 1998".
"Debo dejar constancia expresa de que, con el fin de poder ampliar aún con más detalle estas consideraciones, solicitaré a la "Comisión de Investigación del Parlamento" de Canarias lo siguiente":
"1.- Que se me muestre el documento original de la "Orden de 7 de Julio de 1997, por la que se modificó la "Orden de 14 de marzo de 1996", que reguló las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias (B.O.C. nº 46, de 15.4.96) y se me entregue una fotocopia de la misma, así como de toda la documentación relacionada con dicha "Orden", debido a que de manera, cuando menos sorprendente, en su "Disposición Transitoria" dispone: "La potencia eólica autorizada en la isla de La Palma durante 1996 quedará excluida de la necesidad de asignación previa a su autorización, mediante procedimiento selectivo a través del correspondiente concurso público, establecido en el artículo 17 de la Orden de 14 de marzo de 1996".
"Puede apreciarse con toda claridad, como en la "Orden de 7 de Julio de 1997", ni siquiera en su "Disposición Transitoria" se menciona para nada la ilegalidad, originada por el "Director General de Industria", don Alfredo Vigara Murillo, de haber autorizado el Parque Eólico de Fuencaliente, el 8 de Noviembre de 1996, sin el obligado Concurso Público".
"Es evidente que si se trataba de convalidar esa ilegalidad, se hiciera de manera expresa, mencionando claramente el "Parque Eólico de Fuencaliente", y no encubriéndola por medio de una "Orden" que se refiere expresamente a regular las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias, máxime si, además, se tiene en cuenta la existencia de un informe del "Director General del Servicio Jurídico", que cuestionaba muy claramente la citada "Disposición Transitoria".
" 2.- Que se me entreguen fotocopias de todos los documentos, mediante los cuales fue remitida la citada "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", al "Boletín Oficial de Canarias", que fue publicada en el mismo el 25 de Agosto de 1997, en los que figuren los correspondientes sellos de Salida y Entrada".
"3.- Que se me comuniquen los motivos por los cuales nunca ha figurado una copia de dicha "Orden de 7 de Julio de 1997" en el expediente de la "Dirección Territorial de Industria" de S/C. de Tenerife".
"4.- Que se comunique el motivo por el cual, también de manera cuando menos sorprendente y sospechosa, se incluye la intención de convalidación de la irregularidad de la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", por medio de una "Disposición Transitoria", sin hacer clara mención a la irregularidad de haber autorizado dicho Parque don "Alfredo Vigara Murillo", en su condición de "Director General de Industria y Energía" (Resolución de autorización del Parque Eólico, de 8 de Noviembre de 1996, en una "Orden de 7 de Julio de 1997, por la que se modifica la "Orden de 14 de Marzo de 1996", que reguló las condiciones de de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias", sin hacer ninguna mención expresa al "Parque Eólico de Fuencaliente", contraviniendo, además, lo dispuesto en el art. 17, de la "Orden de 14 de Marzo de 1996" (B.O.C. 15-04-96) que dispone":
"Dentro de los límites de potencia eléctrica eólica de cada sistema insular previsto en el art. 3º, y teniendo en cuenta criterios de planificación industrial, energética y medioambiental, así como los de eficiencia y garantías del artículo 16º, la Consejería de Industria y Comercio determinará anualmente las potencias autorizables y su asignación a los solicitantes mediante selección a través del correspondiente concurso público".
"5.- Que se me entregue fotocopias de los escritos, con los correspondientes sellos de Salida y Entrada, mediante los cuales se solicitó a la "Dirección General del Servicio Jurídico" el "informe preceptivo" en relación con la "Orden Departamental de 7 de Julio de 1997", al que hace mención el "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, en la página número dos del informe que citado señor emitió, a instancia mía (cuando tuve conocimiento, por primera vez, de que existía una irregularidad en la tramitación del expediente) de fecha 17 de Febrero de 1998. (Se adjunta fotocopia del informe de don Bonifacio Rodríguez Torrens)".
"6.- Que se me entregue fotocopia del citado "informe" completo de la "Dirección General del Servicio Jurídico", en el que figure los correspondientes sellos de Salida y Entrada".
"7.- Que informe don Alfredo Vigara por qué no me comunicó la existencia de referido informe de la "Dirección General del Servicio Jurídico", máxime cuando en el mismo no se apreciaba justificación a la citada "Disposición Transitoria", y procedió a tramitar la renombrada "Orden de 7 de Julio de 1997", exponiendo, por escrito, los motivos por los que (Alfredo Vigara) no tuvo en cuenta "el informe preceptivo emitido por la "Dirección General del Servicio Jurídico" en relación con la referida "Orden Departamental de 7 de Julio de 1997", en el que se cuestiona claramente la "Disposición Transitoria", señalando expresamente referido informe que:"
"NO SE APRECIA QUE EXISTA JUSTIFICACIÓN PARA LA PREVISIÓN CONTEMPLADA EN LA "DISPOSICIÓN TRANSITORIA", RELATIVA A LA EXCLUSIÓN SINGULAR PARA LA ISLA DE LA PALMA DURANTE 1996, RESPECTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA MISMA ORDEN, TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS QUE LAS MODIFICACIONES LO SON EN EL EJERCICIO DE 1997".
"Por otra parte, considero muy conveniente recordar en este punto que es el propio "Director General de Industria y Energía", don Alfredo Vigara, el que emite la RESOLUCIÓN el día 8 de Noviembre de 1996, de AUTORIZACIÓN del "Parque Eólico de Fuencaliente". RESOLUCIÓN QUE ERA Y ES ABSOLUTAMANTE ILEGAL, AL NO CONVOCAR EL CORRESPONDIENTE "CONCURSO PÚBLICO" que exige, de manera expresa, la "Orden de 14 de Marzo de 1996", en su artículo 17, debiendo dejar también constancia escrita de las razones por las que autorizó el renombrado Parque, sin llevar a cabo el obligado Concurso Público".
"Debo resaltar que toda esa tramitación administrativa la llevó a cabo don "Alfredo Vigara Murillo", sin ponerlo en mi conocimiento, como "Consejero de Industria y Comercio", sorprendiendo mi buena fe, como puede apreciarse a través de que, posteriormente, intenta convalidar esa irregularidad por medio de una "Disposición Transitoria", introducida, de manera, como he señalado, cuando menos sospechosa, en la "Orden de 7 de Julio de 1997", por la que se modifica la "Orden de 14 de marzo de 1996", que reguló las condiciones de acceso de los generadores eólicos a las redes eléctricas de Canarias (B.O.C. nº 46, de 15.4.96), sin hacer ninguna mención expresa, como ya indiqué anteriormente, en ningún apartado de referida Orden, a la irregularidad cometida en la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", ni al informe negativo de la "Dirección General del Servicio Jurídico".
"8.- Debo destacar también que en la octava Base del Concurso, que figura en el ANEXO I, de la "Orden de 18 de Julio de 1997", (publicada el 5 de Septiembre de 1997 en el B.O.C.) por la que se convoca "Concurso Público" para la asignación de potencias eléctricas eólicas conectables en la red eléctrica de la isla de La Palma", se dispone:"
"Autorización administrativa. Presentada la documentación exigida en la base anterior, y a efectos de la autorización administrativa de la central eólica a implantar, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 15 y siguientes de la citada Orden de 14 de Marzo de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio": Es decir, la clara necesidad de convocar Concurso Público".
"9.- Es necesario señalar el informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, de fecha 17 de Febrero de 1998, (emitido cuando ya se había construido en su totalidad el Parque Eólico y autorizada su puesta en servicio, por Resolución de fecha 21 de Abril de 1998) solicitado por el "Secretario General Técnico", como consecuencia de la solicitud que yo le hago a éste, al tener conocimiento yo mismo, unos días antes, a través del anterior "Director General de Industria", don Luis García Martín (que incluso fueron publicados en la prensa) de que el "Parque Eólico de Fuencaliente" adolecía de ciertas irregularidades".
"Es en este momento, ya en el mes de Febrero de 1998, cuando, muy sorprendido y preocupado por esas noticias, recabo la opinión del funcionario de la Dirección Territorial y actual "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera, que me reconoce esas irregularidades, así como también de DON ALFREDO VIGARA, QUIEN TAMBIÉN ME RECONOCE, POR PRIMERA VEZ, ESAS IRREGULARIDADES".
"En esas fechas, como ya indiqué anteriormente, ya se encontraba construido y autorizada la puesta en servicio del citado "Parque Eólico de Fuencaliente".
"10.- Como ya he manifestado en el párrafo anterior, al tener conocimiento de esas irregularidades, en el mes de Febrero de 1998, SOLICITÉ INMEDIATAMENTE, LA PRESENCIA DE "DON ALFREDO VIGARA MURILLO" (...) RECONOCIÉNDOME, COMO YA HE SEÑALADO, POR PRIMERA VEZ, QUE LO HABÍA HECHO, PORQUE DE NO HABER ACTUADO ASÍ, LA EMPRESA "UNELCO, S.A." HUBIERA PERDIDO LA SUBVENCIÓN QUE LA "UNIÓN EUROPEA" LE HABÍA AUTORIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MENCIONADO PARQUE EÓLICO".
"11.- En aquel momento, y en base a las explicaciones dadas por el Sr. Vigara, y ante la situación de que nos encontrábamos, con el Parque Eólico totalmente construido, consideré conveniente no aceptar la dimisión que me planteó verbalmente don Alfredo Vigara, al estimar, en mi primera valoración, que no había actuado con mala fe, sino que había sido producto de una actuación negligente, por el deseo de que "Unelco,S.A." no perdiera la subvención europea".
"Posteriormente, por otras actuaciones del Sr. Vigara, pude comprobar que él era consciente de esas irregularidades y de que actuó con clara conciencia de favorecer a la empresa "Unelco, S.A.".
"Existía la solicitud (que yo también desconocía) de autorización de un "Parque Eólico en Fuencaliente", de fecha 17 de Julio de 1995, de "S.A.T. VIPLATA". (Se adjuntan escritos de fecha 17 y 22 de Julio de 1995)".
"UNELCO,S.A." había presentado una la solicitud de autorización ,en Agosto de 1995, (posterior a la de "S.A.T. VIPLATA") de un Parque Eólico en Fuencaliente de 1.500 Kw. (Se adjunta fotocopia de escrito de fecha 12 de Septiembre de 1995)".
"12.- Debo indicar también, que al estudiar, con posterioridad, con mayor detalle, algunos documentos del expediente del "Parque Eólico de Fuencaliente", me resultó también sorprendente, que en el escrito, de fecha 23 de Enero de 1998, mediante el cual don Alfredo Vigara lleva a cabo la "APROBACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KW EN EL FARO DE FUENCALIENTE (...)", aparezca después de la fecha, con tipo de letra de menor tamaño, y entre paréntesis lo siguiente: Orden del Consejero de Industria y Comercio de fecha 10 de Junio de 1997, y a continuación la firma del Sr. Vigara, cuando lo normal, sería relacionar esa Orden en el escrito, como lo hace con otras disposiciones, expresando claramente además a que se refiere la citada Orden, como se realiza en todos los escritos de la Consejería. (Se adjunta fotocopia de dicho escrito de 23 de Enero de 1998)".
"Por el contrario, en el escrito de don Alfredo Vigara de fecha 13 de febrero de 1998: INSTALACIÓN: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KV EN EL FARO DE FUENCALIENTE. TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE (LA PALMA)", no figura intercalada esa frase: (Orden del Consejero de Industria y Comercio de fecha 10 de Junio de 1997), APRECIÁNDOSE TAMBIÉN QUE EN EL MISMO NO EXISTE EL MISMO ESPACIO PARA PODER HACERLO, EN EL CASO DE QUE ASÍ HUBIERA SIDO REALIZADA COMO EN EL ANTERIOR ESCRITO, CON POSTERIORIDAD. (Se adjunta fotocopia también de citado escrito de 13 de Febrero de 1998)".
"De todo lo dicho anteriormente, se deduce muy claramente que "don Alfredo Vigara Murillo", siendo "Director General de Industria y Energía", cometió la grave irregularidad de autorizar el "Parque Eólico de Fuencaliente", subvencionado con fondos de la "Unión Europea", sin cumplir con lo establecido en el articulo 17 de la "Orden de 14 de marzo de 1996", que exige el Concurso Público y que, tras llevar a cabo esa irregularidad, en lugar de ponerlo en conocimiento claro y expreso del "Consejero de Industria y Comercio", actuó también de forma irregular, tratando de convalidar dicha irregularidad, a través de la inserción de una "Disposición Transitoria" en la "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", (he solicitado toda la documentación relativa a esta Orden, para analizarla con el debido detalle) sobre la que también tenía un "INFORME NEGATIVO" de la "Dirección General del Servicio Jurídico", que tampoco puso nunca en conocimiento mío. (Ver informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", de fecha 17 de Febrero de 1998)".
(NOTA ACLARATORIA: Con independencia de que lo anteriormente expuesto lo explicaré con más detalle cuando comente el "PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE CANARIAS", que firmé con el Ministro de Industria el 9 de julio de 1997, con un presupuesto de 48.000 millones de ptas., dentro del cual se proyectó la "Central Hidroeólica de El Hierro", no he querido dejar de transcribir en el presente escrito lo correspondiente las irregularidades cometidas por Vigara en el expediente de autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente", por considerar que es absolutamente necesario para comprender mejor como venía siendo la actuación de dicho señor en importantes asuntos que estaban directamente relacionados con la empresa "Unelco, S.A.").
Hecha la anterior aclaración, continúo transcribiendo, literalmente, el primer documento que, después de leído por mí en la "Comisión de Investigación del Parlamento", entregué al Presidente de dicha Comisión, José Miguel González, para que fuese unido a las diferentes diligencias que la misma estaba practicando durante aquellos días:
B).- DISTRIBUCIÓN DE "GAS CANALIZADO" EN LAS CIUDADES DE S/C. DE TENERIFE, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Y TELDE
"1.- Debo comenzar manifestando en este apartado, que desde 1989, el "Gobierno de Canarias" venia apostando, sin éxito, por la introducción del gas natural, mediante la construcción de sendas terminales de Gas Natural Licuado, en Gran Canaria y Tenerife, por razones de economía, diversificación y competitividad energética, así como la gran repercusión en la mejora de la calidad ambiental".
"2.- La necesidad de introducir el gas natural en nuestra comunidad autónoma quedó legitimada mediante la "Resolución del Parlamento de Canarias", de fecha 8 de Noviembre de 1988".
"3.- Al asumir yo la responsabilidad de la "Consejería de Industria y Comercio", en Mayo de 1996, retomé este proyecto de "implantación del gas natural" en Canarias, que supondría una inversión inicial de unos 57.000.000.000 de pesetas, firmando un "Convenio de colaboración con el Ministro de Industria y Energía", Sr. Piqué, en Madrid, el 9 de Julio de 1997, (del que se adjunta fotocopia) tratando con ello de que Canarias fuera incluida dentro del "Plan de Nacional de Infraestructura Gasista", que nos permitiría poder conseguir una importante subvención europea de unos 10.000.000.000 de ptas.".
"4.- Este convenio propició la oportunidad de extender este plan de gasificación, pensado inicialmente para las centrales térmicas de Gran Canaria y Tenerife, a la distribución y suministro de "aire propanado" canalizado a "gas natural" con destino al mercado doméstico, comercial e industrial en los núcleos urbanos de S/C. de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde".
"5.- Al Concurso correspondiente se presentaron las siguientes empresas: "Gasificadora Regional de Canarias, S.A" (Grupo "Unelco,S.A."), "Distribuidora Industrial, S.A." (D.I.S.A.), y "Desarrollo Energético de Canarias, S.A."(DECSA)".
"6.- Ante esta situación, y como consecuencia de que don Alfredo Vigara Murillo, "Director General de Industria y Energía", era también Consejero de "Unelco, S.A.", aunque se haya querido alegar, como excusa de la clara incompatibilidad, que lo era en representación del Gobierno de Canarias, y teniendo muy en cuenta la irregularidad que había cometido el Sr. Vigara en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente", en el que participa también "Unelco, S.A.", de la que, como ya indiqué, tuve conocimiento en el mes de Febrero de 1998, le solicité verbalmente que renunciase a intervenir en todo lo relativo al Concurso de concesión del gas canalizado a las ciudades citadas anteriormente".
"Resulta más que claro y evidente que, si tanto el Sr. Vigara como yo, no hubiésemos apreciado esa incompatibilidad, reforzada, como ya indiqué por la ilegalidad cometida en el "Parque Eólico de Fuencaliente", no hubiera aceptado a renunciar a intervenir en todo lo concerniente al "gas canalizado" a las ciudades antes citadas, tal como lo hizo, a través de la carta de fecha 13 de junio de 1998, que comento a continuación".
"7.- Por ese motivo, con fecha 13 de junio de 1998, "don Alfredo Vigara" me dirige la carta, que adjunto, en la que me comunica que:"
"... DADA MI CONDICIÓN ACTUAL DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "UNELCO, S.A.", empresa participante en el capital de "Gasificadora Regional de Canarias, S.A.", y EN EVITACIÓN DE QUE PUDIERA CUESTIONARSE EN EL FUTURO CUALQUIER DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN LA RESOLUCIÓN DEL MENCIONADO CONCURSO, RUEGO SE ME ACEPTE MI RENUNCIA A INTERVENIR EN LOS TRABAJOS iniciados por personal de la Dirección General de Industria y Energía, así como las dos Direcciones Territoriales EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, Y SE PROCEDA A ENCARGAR LA COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A MI COMPAÑERO D. JUAN GUEDES FARIAS, Director General de Ordenación y Fomento Industrial, PERSONA DE GRAN PRESTIGIO Y CUYA TITULACIÓN Y HABILITACIÓN PROFESIONAL GARANTIZA LA LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO, QUE POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR LUGAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA, EL CUAL ESTIMO NO DEBE VERSE SOMETIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO A SOSPECHAS DE TRANSGRESIÓN DE LA IMPARCIALIDAD CON LA QUE SE HA VENIDO FUNCIONANDO DESDE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO".
En relación a lo comentado sobre la carta de renuncia de Alfredo Vigara, debo aclarar que, por supuesto, no acepté la improcedente propuesta de nombramiento que se permitió hacerme Vigara de que fuese Juan Guedes (que fue propuesto también para el cargo de Director General por Bravo de Laguna) la persona que le sustituyese en el asunto del "gas ciudad", quien, curiosamente, el 29 de julio de 1999, siendo Viceconsejero de Industria, sería el que firmaría, en representación de la empresa pública "Sociedad para el Desarrollo de Canarias" (SODECAN) la escritura de constitución de la sociedad "Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A." (GASCAN), en la que participaba "Endesa Gas" con un 80 % y "Sodecan" con un 20 %, otorgando de esta forma la hegemonía de "Endesa" en el proyecto de implantación del gas en Canarias).
Como puede apreciarse en lo anteriormente señalado, se producía la significativa circunstancia de que un miembro del equipo de gobierno en mi etapa de Consejero, Juan Guedes, fuera quien consumaba el hecho de permitir que una sociedad del grupo que tenía el monopolio de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Canarias ("UNELCO, S.A."), pasara a controlar también, a partir de ese momento, el importantísimo proyecto ("negocio") del "gas natural" en Canarias, quedando marginadas, por tanto, empresas como "D.I.S.A.", que debido a su enorme experiencia y también por razones de equidad, habíamos considerado siempre que debería participar también en aquel nuevo proyecto, debiendo dejar constancia expresa de que, en cualquier caso, yo nunca hubiera permitido que ese importante proyecto, por las múltiples razones que he venido comentando, fuera aprovechado para crear un monopolio aún mayor al ya existente, puesto que siempre habíamos apostado por la conveniencia de que en esa nueva sociedad deberían estar presente también, con una equilibrada y equitativa distribución en el capital social, el "Gobierno de Canarias", las dos "Cajas de Ahorro", "Unelco", "Cepsa" y otras "empresas canarias", que justificasen poseer la solvencia requerida.
Pero resulta evidente que aquellos Directores Generales que habían participado y apoyado activamente en mi etapa de Consejero en este importante proyecto, tras mi dimisión, cambiaron rápida y radicalmente de criterio, olvidando, además, completamente, las propias palabras de Vigara en su renombrada "carta de renuncia" de garantizar la limpieza y transparencia, que "POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA, EL CUAL ESTIMO NO DEBE VERSE SOMETIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO A SOSPECHAS DE TRANSGRESIÓN DE LA IMPARCIALIDAD CON LA QUE SE HA VENIDO FUNCIONANDO DESDE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO".
La preocupación que existe actualmente sobre la falta de transparencia en este importantísimo asunto, se puede constatar con solo leer algunos de los numerosos y preocupantes comentarios y artículos de opinión publicados en la prensa diaria, sobre el modo que están llevando los responsables públicos en la "implantación del gas natural", que permite afirmar que las decisiones que han venido adoptando sobre este estratégico asunto, y, especialmente, las relativas a las "participaciones accionariales en dicha sociedad" no han podido despertar mayor número de inquietudes y de sospechas.
Continúo nuevamente con la transcripción sobre del documento que aporté a la "Comisión de Investigación", en el que se puede leer otros comentarios sobre el "gas ciudad" que plasmé en el mismo:
"También resulta más que claro en dicho escrito, que el Sr. Vigara, renunció a intervenir en los trabajos "EN EVITACIÓN DE QUE PUDIERA CUESTIONARSE EN EL FUTURO (como ha así ha sucedido por medio, incluso, de impugnaciones) CUALQUIER DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN LA RESOLUCIÓN DE MENCIONADO CONCURSO.
"Además añade "EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE", cuando ha venido manifestando que fue un acto voluntario. Clara contradicción por parte del Sr. Vigara".
"Por si fuera poco, el Sr. Vigara añade también en su escrito que su renuncia: "GARANTIZA LA LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO, QUE POR SU IMPORTANCIA, PUDIERA DAR EN UN FUTURO A IMPUGNACIONES (tal como ha sucedido) SOBRE EL PROCESO QUE PUDIERA CUESTIONAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA...". Resulta más que sorprendente y sospechoso que el Sr. Vigara, sin tener en cuenta un principio jurídico que dice que "nadie puede ir en contra de sus propios actos" (renuncia a intervenir en el gas canalizado), NO SOLO SE OLVIDA DE LA RENUNCIA, SINO QUE LE ENTRA UNA GRAN PISA EN RESOLVER ESTA CONCESIÓN, a pesar de los INFORMES (negativos) que comentaré más adelante del "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", que recomienda que espere a la entrada en vigor de la "Ley de Hidrocarburos", y a pesar, también, de su propio "DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA" (Juan Cano), que en su INFORME-PROPUESTA, de fecha 25 de Agosto de 1998, le advierte muy claramente de esa misma recomendación del "Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía", expresando claramente "LO INUTIL E IMPROCEDENTE DE OTORGAR ESA CONCESIÓN Y QUE DERTERMINADOS SECTORES PODRÍAN MANIFESTAR CIERTA SUSPICACIA ANTE LO QUE PARECERÍA UNA EXTRAÑA URGENCIA POR OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA UNOS DIAS ANTES DE QUE SE APRUEBE UNA LEY QUE LAS SUPRIME".
"TAMBIEN (Vigara) HACE ACASO OMISO A LA PROPUESTA DE SOLICITAR UN INFORME AL "TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA", ANTE EL RIESGO DE QUE QUEDASE EN MANOS DE UNA EMPRESA EL GAS Y LA ELECTRICIDAD".
Por todo ello me vi obligado a expresar en este informe literalmente lo siguiente: "RESULTA MÁS QUE EVIDENTE QUE LA CONDUCTA DEL SR. VIGARA ES CLARAMENTE SOSPECHOSA Y DOLOSA, DESDE CUALQUIER ÁNGULO QUE SE ANALICE".
"8.- El 5 de Agosto de 1998, tras presentar yo mi renuncia voluntaria al cargo de "Consejero de Industria y Comercio", para incorporarme como "Diputado al Congreso", me sustituye en dicho cargo, don Alfredo Vigara Murillo, quien tras olvidarse de su renuncia a intervenir en la concesión del gas canalizado, pone a todo su equipo a trabajar, a marcha forzada, en todo lo concerniente a la renombrada concesión, reclamando al recién nombrado "Director General de Industria", don Juan Berceli Cano Cabrera (Ingeniero Industrial, con muchos años de experiencia profesional y de servicio en la propia Consejería) el INFORME-PROPUESTA, que emite el 25 de Agosto de 1998, y que paso a comentar a continuación".
"9.- El 25 de Agosto de 1998, el nuevo "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera (veinte días después de la toma de posesión del Sr. Vigara, como consecuencia de la celeridad con que quería el Sr. Vigara resolver esta concesión) le dirige un "INFORME-PROPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO EN LAS CIUDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS", (Informe que fue reproducido íntegramente en el "Capitulo II") en el que conviene destacar de manera especial los siguientes párrafos: (...)".
"Resulta evidente que la observación formulada por el "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", antes transcrita, contiene una SIGNIFICATIVA "ADVERTENCIA" acerca de LO INUTIL e IMPROCEDENTE, aunque legalmente factible, DE PROCEDER EN EL MOMENTO ACTUAL A OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA QUE, SALVO IMPOREVISTOS, QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE EXTINGUIDA A LOS POCOS DÍAS O POCAS SEMANAS DE DICTARSE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS. En ese momento quedaría LIBERALIZADA la actividad de montaje de plantas para mezcla de gases combustibles con aire y almacenaje y distribución por canalización de dicha mezcla combustible, como claramente expresa el art. 54.1 del Proyecto de Ley: (...)".
Debido a la enorme importancia de lo señalado en el anterior párrafo, en relación a esa "liberalización", que eliminaba la posibilidad de crear cualquier monopolio, debo resaltar lo publicado en el periódico "EL DÍA", el 25 de marzo de 1998, en el que, en grandes titulares, destacó lo siguiente:
"El PSOE asegura que la concesión del gas ciudad implicará un monopolio de 15 años"
"Estima que es "el eslabón perdido" en el expediente denunciado por De la Barreda"
"La concesión del gas ciudad a "Gasificadora Regional Canaria" (filial de "Unelco") antes de la publicación de la nueva ley nacional sobre hidrocarburos permitirá que esta empresa pueda desarrollar su actividad en régimen de monopolio durante los próximos quince años, según indicó ayer el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento canario, Emilio Fresco".
Por su parte, Alfredo Vigara respondió "que el Gobierno tiene que actuar en función de la legislación que existe en ese momento y no pensando en futuras leyes, que pueden no aprobarse". Evidentemente Vigara no quiso decir que existían las "máximas probabilidades", por no decir "todas", de que la "Ley de Hidrocarburos" fuese aprobada en un brevísimo plazo, y que, además, UNA ELEMENTAL NORMA DE MÍNIMA PRUDENCIA exigía a Alfredo Vigara, que en lugar de correr tanto, a pesar de ser un hombre parsimonioso, debía actuar con la mayor cautela, máxime si se tiene en cuenta que con esa precipitada decisión iba a crear un monopolio todavía mucho más grande que el que existía, dándose también la importantísima "circunstancia", que, por supuesto no desconocía el Vigara, de que LA "DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA" DE LA LEY ESTABLECE QUE EN AQUELLOS TERRITORIOS DONDE YA HUBIERA CONCESIONES, NO SE PODRÁN CONCEDER AUTORIZACIONES EN UN PLAZO DE QUINCE AÑOS. Por tanto, cuando Vigara autorizó dicha concesión, estaba creando un "monopolio" por quince años a favor de dicha empresa, lo que era malo, aunque ni siquiera fuera aprobada la ley, que tenía garantizado el voto del Congreso, tal como, efectivamente, sucedió.
Lo anteriormente señalado fue lo que impidió que "Coalición Canaria" y el "Partido Popular" (porque tampoco lo tuvieron en cuenta a la hora de escribir el "guión" de aquella "comedia" de Comisión de Investigación) pudieran evitar que en el "Dictamen del Pleno del Parlamento" quedara constancia expresa de que Alfredo Vigara había actuado en este importantísimo asunto "SIN LA DEBIDA PRUDENCIA POLÍTICA", a la par que siguieron negando la necesidad de remitir toda la documentación a la Fiscalía, a pesar de que, tal como figura publicado en el "DIARIO DE AVISOS", del 9 de abril de 1999, yo venía exigiendo esa imperiosa necesidad, por la que no les quedó más remedio que transigir, por ser exigida, posteriormente, por el mismo Fiscal Anticorrupción:
"De la Barreda exige a la Comisión que remita los informes a la Fiscalía"
"El ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias solicitó ayer a la comisión de investigación que analiza sus denuncias sobre `presuntas corruptelas en el seno del Ejecutivo regional que envié toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, ya que de no hacerlo, advirtió, "SERÉ YO MISMO QUIEN LO HAGA".
Por supuesto fui yo solo quien lo tuvo que hacer, por encima de todo tipo de presiones, injurias y calumnias, tal como se desprende de las siguientes noticias publicadas por la prensa:
"CANARIAS 7" del 15 de marzo de 1999:
"Anticorrupción acusa de prevaricación a Vigara, ex consejero de Industria"
"DIARIO DE AVISOS" del 22 de abril de 1999:
"El Parlamento se niega a enviar al fiscal el dictamen de la Comisión"
"La oposición acusa a CC y PP de "boicotear" la transparencia de la Cámara legislativa canaria"
"CANARIAS 7" del 23 de marzo de 1999:
"El PSOE critica la "manipulación" del "fallo" parlamentario sobre Vigara"
"Cree que CC y PP "denigran" la actividad de la Cámara al no aceptar que se remita el expediente a la Fiscalía basándose en que no se detectaron delitos"
A pesar de las contundentes declaraciones de la oposición, queda claro que nunca pasaron de "amagar", sin llegar nunca a "pegar", puesto que tal como ya he indicado no presentaron la correspondiente denuncia al Fiscal Anticorrupción, dejándome absolutamente solo en esa iniciativa para la que no necesité más colaboración que la ofrecida por magníficos profesionales, de forma absolutamente desinteresada, que desde el primer momento creyeron en mis denuncias, despreciando la política de "acoso y derribo" desplegada contra mi persona.
"DIARIO DE AVISOS" del 8 de mayo de 1999, publicó lo siguiente:
"El fiscal de delitos económicos pide al Parlamento el "informe De la Barreda"
"El Parlamento de Canarias recibió ayer un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que RECLAMA A LA CÁMARA AUTONÓMICA que le remita las conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación creada el pasado 24 de marzo en el seno de la institución, y que tenía como objetivo esclarecer las denuncias realizadas por el Consejero de Industria de Gobierno canario (y diputado nacional del PP) Francisco de la Barreda sobre la existencia de presuntas corruptelas en el seno del Ejecutivo autonómico".
La realidad de los hechos me permite que no deba realizar yo quien realice en este momento ningún otro comentario, limitándome a reproducir lo publicado en la prensa en aquellas fechas:
"CANARIAS 7" del 23 de noviembre de 1999:
"Vigara y Unelco, destino compartido"
"Unelco y Alfredo Vigara, ex consejero de Industria y Comercio y ahora consejero delegado de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), comparten destino. Ambas, empresa y ex cargo público, han vuelto a coincidir en los últimos meses y, además, lo han hecho en torno a un negocio, la implantación en Canarias del gas natural, que no ha estado demasiado claro en sus inicios. Tampoco claro estuvo que la actuación del ex consejero en la concesión de la distribución del gas ciudad a la empresa participada por Unelco (Gasificadora Regional de Canarias) fue sometida a una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias que concluyó que su actuación había sido imprudente, una sentencia emitida con la unanimidad de todos los grupos, incluido el del partido (PP) de Vigara. La Comisión de investigación fue impulsada por su antecesor en el cargo, Francisco de la Barreda.
"Nuevas dudas de compatibilidad"
"Además de compartir relación con el negocio del gas, la compañía eléctrica Unelco vuelve a aparecer en la vida pública de Alfredo Vigara, para provocar dudas de compatibilidad sobre el cargo que actualmente ocupa. El caso es que el ex titular de Industria ha sido nombrado por el Gobierno autónomo canario consejero delegado de Sodecan y que esta empresa comparte ahora con Unelco la sociedad que transportará el gas hasta el Archipiélago. Habida cuenta de que Alfredo Vigara era tan sólo hace unos meses Consejero de Industria y Comercio y que la Ley de Incompatibilidades prohíbe a los ex altos cargos públicos participar durante un periodo de dos años en aquellas empresas privadas con las que tuvieron relación durante su etapa de responsables en el Gobierno de parece claro que, por lo menos, la situación esté muy dudosa. La conexión entre el anterior equipo de Industria y la empresa Unelco no se reduce a Alfredo Vigara. Existen otras coincidencias que saldrán a la luz pública".
Ignoro si esas "otras coincidencias" han salido "a la luz pública", sin que pueda pensar, en el caso de que no hayan salido, que se deba al hecho de que sea "Unelco" quien genera y distribuye la "luz" en todas las islas.
Y como la memoria tiende a debilitarse con la edad, también debo traer a colación lo publicado el 5 de agosto de 2000, por el periódico "Canarias 7":
"Alfredo Vigara se incorpora al Instituto Tecnológico tras ser destituido en Sodecan"
"El ex consejero ocupará una jefatura a la que opositó cuando era titular de Industria"
"El ex consejero de Industria del Gobierno canario en la anterior legislatura, Alfredo Vigara, se incorporó en fechas recientes a una jefatura de servicio en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), después de ser destituido como consejero delegado de la empresa pública Sodecan.
En su etapa como consejero de Industria y presidente del ITC, Vigara promovió la creación de una plaza de jefe de servicio en el Instituto a la que, con posterioridad, optó y ganó en propiedad de forma vitalicia.
Vigara fue director de Industria en la etapa de Francisco de la Barreda, a quien sustituyó como consejero en medio del escándalo por el "Caso Bango" y la concesión de nuevas licencias de hipermercados.
Alfredo Vigara llegó a formar parte del consejo de administración de Unelco, en calidad de director general. Tras su salida de la Consejería, el pasado año, fue acusado por De la Barreda de un presunto favoritismo hacia las empresas privadas que concurrieron a los concursos del gas y el cable.
Después de dejar el Gobierno, Vigara recibió la oferta para ser consejero delegado de Sodecam, una de las empresas públicas más importantes de la Administración Autonómica".
Reconozco que, probablemente, como consecuencia de mi capacidad y méritos, nunca se haya presentado la posibilidad de que, por poner un simple, se me haya podido ofrecer la concesión de un pequeño kiosco en cualquier calle de la ciudad en la que vivo, quizá, también por mi probada torpeza en la administración y distribución de "golosinas" a un determinado tipo de clientela. Ruego me disculpen esta pequeña ironía, que sin duda no está exenta de la vanidad que me ha permitido proponerle a un conocido constructor, don Víctor Rodríguez Rodríguez, que ha puesto puso en duda mi honradez, recientemente, que mostrase "una sola declaración de su renta", y que yo aportaría, en contrapartida, "todas las mías desde el año 1976", con el fin de probar su falsa imputación, lo que me obligará, en el caso de que no lo haga, a exigírselo ante los tribunales, pues a pesar del tiempo transcurrido, observo que no está por la labor de aceptar ese sano ejercicio de "destape fiscal" que la Iglesia no condena, aunque sí puede hacerlo la autoridad fiscal, en el hipotético caso de que hayamos cometido "algún pecadito" de muchos millones.
Tras ese saludable ejercicio de "refrescar alguna frágil conciencia" y de la obligación de "decir todos los pecados al confesor", reconduzco mis comentarios al documento que leí y posteriormente aporté en mi primera comparecencia en la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias":
"Teniendo en cuenta todo lo dicho, esta "Consejería de Industria y Comercio" quedaría en una POSICIÓN INCÓMODA, en opinión de esta Dirección General de Industria y Energía, si se otorgase ahora una "concesión administrativa". Por un lado, determinados sectores podrían manifestar CIERTA SUSPICACIA ante lo que PARECERÍA UNA EXTRAÑA URGENCIA POR OTORGAR UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA UNOS DÍAS ANTES DE QUE SE APRUEBE UNA LEY QUE LAS SUPRIME, porque por más que esto se pueda explicar, siempre quedaría un residuo de incredulidad. Por otro lado, no podrá evitarse cierta ACTITUD DE MENOSPRECIO por parte de las empresas rechazadas en el expediente de concesión ante la INMINENTE LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR. (...)".
"Considerando que las empresas que participan en "GASIFICADORA", PODRÍA REPRESENTAR UN INCONVENIENTE, QUE HA DE SER JUSTAMENTE VALORADO, COMO ES EL HECHO DEL QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EL GAS CANALIZADO SE ENCUENTREN EN LAS MISMAS MANOS, (...".)
"DEBIERA ESTUDIARSE SI PUDIESE HABER ALGUNA INCOMPATIBILIDAD DE CARÁCTER LEGAL SOBRE LA ALUDIDA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS Y ELECTRICIDAD EN LO QUE SE REFIERE A DISPOSICIONES NACIONALES O EUROPEAS EN VIGOR EN MATERIA DE MONOPOLIOS, QUE AFECTARÍA, EN SU CASO, A LA PROPUESTA DE "GASIFICADORA".
"Por todo ello, esta "Dirección General de Industria y Energía", PROPONE:"
"Que hasta tanto no entre en vigor la "Ley del Sector de Hidrocarburos", cuya publicación tendrá lugar en breve fecha, NO SE OTORGUE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A NINGUNA DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES".
"10.- Resulta altamente preocupante que, a la vista de la "CARTA DE RENUNCIA" a intervenir don Alfredo Vigara Murillo, de fecha 13 de Junio de 1998 (Registro de Salida nº 1.065 del 18 de Junio de 1998) en su condición de "Director General de Industria y Energía", dada su vinculación al Consejo de Administración de "Unelco, S.A.", TENGA TANTA URGENCIA EN RESOLVER UNA CONCESIÓN, ya en su condición de "Consejero de Industria y Comercio", y por lo tanto máximo responsable de todo lo concerniente a dicha Consejería, a favor de "Gasificadora Regional de Canarias, S.A." (del grupo "Unelco, S.A."), máxime teniendo en cuenta dicha carta de renuncia de fecha 13 de junio de 1998 y el "INFORME NEGATIVO" del "Director General de Industria y Energía", don Juan Berceli Cano Cabrera, haciendo, además, CASO OMISO a solicitar un informe del "TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA" y a las recomendaciones también negativas del "CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA", de fecha 5 de agosto de 1998". (Todavía hoy me sigo preguntando por qué no se solicitó referido "informe", que hubiera sido altamente clarificador cuando se cuestionaba que la concesión (Ministerio de Industria y el propio Director General de Industria y Energía de la Consejería) llevaba consigo la creación de un gran monopolio)
"11.- Más que preocupante es el hecho de que también esta irregularidad se produzca con una empresa relacionada con el grupo "Unelco, S.A.", tal como ocurrió con el "Parque Eólico de Fuencaliente", no teniendo en cuenta (Alfredo Vigara) mis recomendaciones, en la etapa de "Consejero de Industria y Comercio", que me obligaron a solicitarle la "carta de renuncia" a intervenir en todo lo concerniente a la concesión del suministro de gas canalizado, en la que me sorprendió que se permitiese, además, proponerme la persona, que creía debía intervenir (que tal como ya indiqué no fue aceptada por mi parte) en la persona de don Juan Guedes Farias".
"12.- La resolución sobre el "gas canalizado" ha sido IMPUGNADA por la empresa "DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A." (D.I.S.A.)".
13.- Si bien la actuación del Sr. Vigara en la concesión del "Parque Eólico de Fuencaliente", me pareció en un principio, al estar guiado de mi buena fe y confianza en el Sr. Vigara, una conducta que podía circunscribirse al ámbito de la negligencia profesional, su actuación reiterada y más que negligente sobre una empresa del grupo de "Unelco, S.A.", en la concesión del gas canalizado, no teniendo en cuenta el informe del "Director General de Industria", con claros argumentos sobre la "Ley de Hidrocarburos" y negativa a pedir un informe del "Tribunal de Defensa de la Competencia", "su carta de renuncia a intervenir por su vinculación a "Unelco, S.A", así como los argumentos expresados por el "Consejo Superior del Ministerio de Industria", así como también su excesiva celeridad en tratar de resolver este concurso, me inclinan a pensar que el Sr. Vigara ha actuado dolosamente y que, por tanto, ha cometido unos delitos de prevaricación.
"Por todo lo cual, y visto su comportamiento, nada más tomar posesión, con respecto a la concesión de licencia comercial específica a "Pryca", para instalarse en Santa Cruz de Tenerife, sin manifestar nada en contra sobre toda la actuación que yo había llevado hasta el día de dimisión como Consejero, me vi obligado a ponerlo en conocimiento del "Presidente Regional del Partido Popular", don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, el 27 de Septiembre de 1998, no logrando nunca que citado señor se pronunciase al respecto en ningún sentido, trasladando copia de dicho escrito a la "Dirección Nacional del Partido Popular", también con fecha 27 de Septiembre de 1998, los que, recientemente, me recomendaron que, si consideraba las conductas del Sr. Vigara, constitutivas de delito, lo pusiese en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente".
"14.- Por todo lo expuesto, con fecha 17 de Marzo de 1999, he presentado ante la "Fiscalía Anticorrupción", en Madrid, la correspondiente denuncia contra don Alfredo Vigara Murillo".
C).- ACTUACIÓN SOBRE LA LICENCIA COMERCIAL A "PRYCA", EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
"No voy a realizar ningún comentario más sobre todo lo sucedido con respecto a dicha licencia, porque al final fue denegada, tal como yo había anticipado, en base al informe del "Director General de Comercio", (Pedro Suárez López de Vergara, quien, a petición mía, porque había observado "extraños comportamientos", unos días antes de presentar mi dimisión, me había entregado un informe sobre la imposibilidad legal de autorizar la licencia y quien, tal como sospeché, cambió radicalmente "su criterio anterior" después de mi dimisión) (del que también adjunto fotocopia) en el que se incluye la decisión abrumadora de la "Comisión Insular de Comercio"(10 votos en contra de concederle la licencia a "Pryca" y solamente 1 voto a favor). (...)".
D).- CENTRO COMERCIAL "ALCAMPO" DE TELDE (GRAN CANARIA)
" Quisiera conocer las actuaciones de la "Consejería de Industria y Comercio", sobre dicha instalación, como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fallan sobre graves irregularidades de dicho establecimiento comercial".
S/C. de Tenerife, a 29 de Marzo de 1999"
Francisco de la Barreda Pérez
Diputado Nacional por S/C. de Tenerife
El presente escrito consta de catorce folios, firmados todos y cada uno de ellos por el que suscribe.
El Presidente de la Comisión de Investigación "descubre" su "parcialidad"
El 5 de abril de 1999, me vi obligado a tener que remitir al Presidente de la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", el escrito que transcribo a continuación, al constatar en la prensa su absoluta "falta de imparcialidad" y el quebrantamiento de "guardar secreto" al que estaba obligado como miembro de la Comisión, máxime si se tiene en cuenta que, además, era el Presidente de la misma:
"S/C. de Tenerife, 5 de Abril de 1999.
Excmo. Sr. Don José Miguel González Hernández
Presidente de la Comisión de Investigación
Parlamento de Canarias.
S/C. de Tenerife.
Excmo. Sr.:
En primer lugar quiero expresarle mi más profunda preocupación por las declaraciones que aparecen en diferentes medios de comunicación, atribuidas a su persona, en el siguiente sentido:
"LA GACETA DE CANARIAS", Jueves, 1 de abril de 1999, página 7:
"El parlamentario por Coalición Canaria y presidente de la Comisión de Investigación sobre el "dossier De la Barreda", José Miguel González, aseguró ayer, al término de la reunión de la citada Comisión, que el ex presidente insular del PP, Francisco de la Barreda Pérez, "NO HA APORTADO NUEVOS DATOS" sobre las presuntas irregularidades cometidas por miembros del Gobierno de Canarias.
Al ser cuestionado sobre este asunto, González aseguró que "NO SON DATOS NUEVOS, YO CREO QUE ES LO MISMO. SON UNA SERIE DE PRECISIONES CONCRETAS A SUS DECLARACIONES ANTERIORES".
Destacó que lo que entregó es una "COPIA DE SU INTERVENCIÓN INICIAL POR ESCRITO, QUE SE LEPIDIÓ PARA PODER TERNERLA Y LEERLA CON DETENIMIENTO. A ESO SE LE PUEDE LLAMAR DOCUMENTACIÓN PUESTO QUE UN DOCUMENTO ES UN PAPEL ESCRITO".
Sin embargo, por otro lado aseguró que de la Barreda "ENTREGÓ UNA FOTOCOPIA DE UN DOCUMENTO QUE ÉL TENÍA, AUNQUE NO HE TENIDO TIEMPO DE LEERLO".
Sobre las manifestaciones de Francisco de la Barreda a su salida de la Comisión en las que aseguró que el consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Alfredo Vigara, había cometido prevaricación, José Miguel González, no quiso hacer ningún comentario, afirmando que "LOS JUICIOS DE VALOR DE CADA UNO ME LOS GUARDO". Lo que sí hizo fue confirmar la comparecencia de Vigara."
El " DIARIO DE AVISOS", Jueves, 1 de abril de 1999, recoge también en la página 15, lo siguiente:
"EL PRESIDENTE DE LA COIMISIÓN NIEGA QUE HAYA DOCUMENTOS NOVEDOSOSOS".
"EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA LAS DENUNCIAS DE FRANCISCO DE LA BARREDA SOBRE LA PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL EJECUTIVO REGIONAL, JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ (cc), NEGÓ AL TERMINO DE LA REUNIÓN QUE EL DIPUTADO DEL PP HUBIERA PRESENTADO NUEVAS PRUEBAS DE SUS ACUSACIONES". González limitó lo anunciado por De la Barreda a "UNAS FOTOCOPIAS DE UNA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE HABÍA PEDIDO" a la que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS SOBRE SU DECLARACIÓN PERO NO DATOS NUEVOS" (...). (Se adjuntan fotocopias de citados periódicos).
Por todo ello, ante tales declaraciones y, en el caso de que sean ciertas, me veo en la obligación de hacerle las siguientes consideraciones:
Primero: Que lo que aparece en los periódicos como declaraciones suyas, no se ajustan a la realidad, pues en mi comparecencia ante citada Comisión, entregué varios documentos, que no había aportado a nadie con anterioridad, entre los que puedo mencionar los siguientes:
1º.- Un "INFORME EN RELACIÓN CON LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO EN FUENCALIENTE", de fecha 17 de Febrero de 1998, firmado por el "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", don Bonifacio Rodríguez Torrens, en el que deja clara constancia la existencia de un "informe preceptivo emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico, en relación con la referida Orden Departamental de 7 de Julio de 1997, en el que se cuestionaba la Disposición Transitoria en cuestión, señalando expresamente que "no se aprecia que exista justificación para la previsión contemplada en la disposición transitoria, relativa a la exclusión singular para la isla de La Palma durante 1996 respecto a lo dispuesto en artículo 17 de la misma Orden, teniendo en cuenta además que las modificaciones lo son en el ejercicio de 1996".
2º.- Un "ESCRITO DE LA "S.A.T. VIPLATA", dirigido a la "Consejería de Industria y Comercio", de fecha 22 de Julio de 1995, que también pretendía instalar un "Parque Eólico en Fuencaliente", que refuerza aún más la obligación que tenía el Director General de Industria y Energía, el Excmo. Sr. Don Alfredo Vigara Murillo, de convocar el Concurso Público, que establece, en su art. 17, la Orden de 14 de Marzo de 1996 (B.O.C. de 15-Abril-1996) y que el Sr. Vigara no llevó a cabo, cometiendo una gravísima irregularidad.
En mi escrito de fecha 29 de Marzo de 1998, del que también entregué copia a esa Comisión, manifesté que:
"De todo lo dicho anteriormente, se deduce muy claramente que "don Alfredo Vigara Murillo", siendo "Director General de Industria y Energía", cometió la grave irregularidad de autorizar el "Parque Eólico de Fuencaliente", subvencionado con fondos de la "Unión Europea", sin cumplir con lo establecido en el articulo 17 de la "Orden de 14 de marzo de 1996", que exige el Concurso Público y que, tras llevar a cabo esa irregularidad, en lugar de ponerlo en conocimiento claro y expreso del "Consejero de Industria y Comercio, actuó también de forma irregular, tratando de convalidar dicha irregularidad, a través de la inserción de una "Disposición Transitoria" en la "Orden de fecha 7 de Julio de 1997", (he solicitado toda la documentación relativa a esta Orden, para analizarla con el debido detalle) sobre la que también tenía un "INFORME NEGATIVO" de la "Dirección General del Servicio Jurídico", que tampoco puso nunca en conocimiento mío. (Ver informe del "Jefe del Servicio de Régimen Jurídico", de fecha 17 de Febrero de 1998)".
Con lo anteriormente expuesto, respondo también al comunicado hecho público por "Unelco, S.A.", a través de diferentes medios de comunicación, mediante el cual trata de rebatir mis acusaciones al Sr. Vigara, por delitos de prevaricación, basándose simplemente en que don Alfredo Vigara, cuando resolvió la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente" y la "Concesión del gas ciudad" ya no era miembro del Consejo de Administración de "Unelco,S.A.", sin tener para nada en cuenta, además de la incompatibilidad que la Ley establece por dos años, otras muchas irregularidades que enumero en mi escrito de fecha 29 de Marzo de 1999, entregado a esa Comisión de Investigación.
3º.- "EL INFORME-PROPUESTA", del actual "Director General de Industria y Energía", don Juan Cano Cabrera, de fecha 25 de Agosto de 1998, sobre "SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO EN LAS CIUDADES DE SANTA CRUZ DE TENEREIFE, LA LAGUNA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SAN BARTOLÉ DE TIRAJANA Y TELDE", del que conviene destacar de manera especial los siguientes párrafos: (los cuales figuran también transcritos parcialmente en párrafos anteriores y de forma íntegra en el "Capitulo II").
4º.- "DENUNCIA INTERPUESTA POR MI ANTE EL FISCAL ANTICORRUCIÓN, CONTRA DON ALFREDO VIGARA MURILLO, COMO CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS", presentada en Madrid el fecha 17 de Marzo de 1998, con Registro General de Entrada número 345.
Me resulta también muy sorprendente que la citada denuncia, con sus correspondientes argumentos, estuviera en poder de dicha Comisión de Investigación.
(NOTA ACLARATORIA: Evidentemente ningún miembro de la Comisión, incluido el Presidente, tenía la denuncia que yo había presentado ante el Fiscal Anticorrupción, extremo que por si solo "desmiente" no solamente lo declarado por el Presidente de la Comisión de forma absolutamente improcedente, manifestando que no había aportado nuevos documentos, sino que "descalificaría" posteriormente también el dictamen aprobado por la Comisión y por el Pleno del Parlamento, al apoyar el "Fiscal Anticorrupción mi petición de que todas las actuaciones de la "Comisión de Investigación" y del "Pleno fueran remitidas a la Fiscalía, petición que me fue negada por el Parlamento, por no considerar delictiva la actuación de Alfredo Vigara, por lo que, posteriormente, se vieron obligados, vergonzosamente, a hacerlo, por exigirlo el propio Fiscal Anticorrupción, lo que, evidentemente, no tenían recogido en el "guión" de la "comedia" escrita por "Coalición Canaria" y el "Partido Popular" para ser representada por los respectivos portavoces de sus grupos parlamentarios. En resumen, que motivaron el hecho de que el Parlamento sufriera el "grave bochorno" de tener que acceder a lo que yo había solicitado, por exigirlo el Fiscal, puesto que minusvaloraron la importantísima circunstancia de que yo me había anticipado a acudir solo al Fiscal, ante ese "más que previsible final de la comedia", presentando una denuncia, sobre la que trataré con más detalle en el siguiente capítulo.
5º.- "SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS", de fecha 2 de Febrero de 1998, relativa a demanda interpuesta por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Asociación de Empresarios de Telde (AETELDE), sobre aprobación del Proyecto Urbanístico del "Parque Comercial de la Mareta" (Alcampo) del municipio de Telde.
6º.- "ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, SR. VIGARA, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: "PARQUE EÓLICO DE 1.500 KW EN EL FARO DE FUENCALIENTE, TÉMINO MIUNICIPAL DE FUENCALIENTE (LA PALMA)", de fecha 23 de Enero de 1998, así como otros tantos escritos, que no considero necesario relacionar en la presente carta.
Segundo: Me veo también en la obligación de manifestarle mi preocupación, por unas declaraciones que, de ser ciertas, cuando menos, considero muy graves, injustas y desafortunadas, que en absoluto se ajustan a la realidad y que me harían cuestionar la imparcialidad que V.E. debe desempeñar como Presidente de la renombrada Comisión de Investigación.
Tercero: Esas declaraciones crean un estado de opinión, que conducen a una interpretación errónea, de la verdad, puesto que tal como he dejado constancia anteriormente, durante la reunión de la Comisión de Investigación, entregué nuevos documentos, alguno de los cuales desconocían los miembros de esa Comisión.
Lo antes expuesto me obliga a informar a los medios de comunicación, con el fin de responder a lo publicado en los mismos, que en absoluto se ajustan a la realidad.
Cuarto: Que queda absolutamente claro que he aportado nuevos documentos a esa Comisión, que no había entregado a nadie, con anterioridad, por lo que las manifestaciones que diferentes medios de comunicación le atribuyen como suyas no se ajustan a la realidad.
Por otra parte, debo comunicarle también mi sorpresa y preocupación, al conocer las declaraciones que ha realizado el Coordinador Regional del Partido Popular y Diputado Regional, don Ignacio González Santiago, en el periódico que cito a continuación:
"DIARIO DE AVISOS" del día 4 de abril de 1999, en su portada, de la que adjunto fotocopia:
"González Santiago asegura que en los documentos que ha entregado De la Barreda al Parlamento de Canarias "no vemos indicios de corrupción y ninguna prueba que justifique las gravísimas acusaciones" realizadas por el ex presidente del Partido Popular de Tenerife, pese a lo cual su partido ha apoyado la creación de una comisión de investigación en la Cámara regional".
Ante tales declaraciones, debo cuestionarme el carácter secreto de la "Comisión de Investigación" que V.E. preside, pues de lo contrario ¿cómo se permite don Ignacio González Santiago manifestar en la prensa: "que en los documentos que ha entregado (al Parlamento de Canarias) De la Barreda "no vemos indicios de corrupción y ninguna prueba que justifique las gravísimas acusaciones".
Considero muy importante que debe citarse a don Ignacio González Santiago, para que manifieste y quién o como ha tenido conocimiento de esos documentos y por qué ha quebrantado el secreto de esa Comisión, máxime teniendo en cuenta que es Diputado de ese Parlamento.
Por todo ello, le ruego que antes de mi próxima comparecencia ante esa Comisión, se sirva comunicarme si tales declaraciones han sido realizadas por usted y por don Ignacio González Santiago, con el fin de, que en el caso de que sean ciertas, pueda adoptar las medidas que estime oportuno, en defensa de mis derechos.
Resulta más que evidente que, en el caso de que sean ciertas tales manifestaciones, se estaría quebrantando la imparcialidad con la que debe operar renombrada Comisión de Investigación, así como también el carácter secreto de la misma.
Ruego entregue copia de la presente a los miembros de la Comisión, para su conocimiento y efectos oportunos.
Francisco de la Barreda Pérez
Diputado Nacional"
"La callada por respuesta"
Por supuesto que el "Presidente de la Comisión de Investigación" nunca contestó a mi anterior escrito, originando con ello un motivo más de "indefensión", porque es bien sabido que siempre, en estos casos, ciertas personas suelen dar la "callada por respuesta", debido a que cualquier contestación del Presidente de la Comisión, que no fuese reconocer "su parcial" actuación, lo que en modo alguno estaba dispuesto a hacer, era ofrecer más posibilidades de que se fuera a descubrir mucho más claramente la burda y despreciable comedia que habían planificado representar en el "Parlamento de Canarias" (bajo la presidencia de Bravo de Laguna) órgano colegiado en el que, según la ley, está representada la "soberanía popular de esta comunidad".
No creo que sea necesario abundar en los motivos que llevaron al "Presidente de la Comisión de Investigación" a negar públicamente "AL TÉRMINO DE LA REUNIÓN QUE EL DIPUTADO DEL PPP HUBIERA PRESENTADO NUEVAS PRUEBAS DE SUS ACUSACIONES", a pesar de haber manifestado que no había tenido tiempo de leer los documentos, aclarando, además, al periodista que "GONZÁLEZ LIMITÓ LO ANUNCIADO POR DE LA BARREDA A "UNAS FOTOCOPIAS DE UNA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE HABÍA PEDIDO" a la que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS SOBRE SU DECLARACIÓN PERO NO DATOS NUEVOS", cuando, precisamente, en esa comparecencia había aportado yo todos los documentos que he reseñado anteriormente, entre los que se encontraba precisamente la "DENUNCIA INTERPUESTA POR MI ANTE EL FISCAL ANTICORRUCIÓN, CONTRA DON ALFREDO VIGARA MURILLO, COMO CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS", presentada en Madrid el fecha 17 de Marzo de 1998, con Registro General de Entrada número 345". ¡Impresionante objetividad e imparcialidad la mostrada por el Presidente de la Comisión de Investigación con esas tendenciosas declaraciones!.
Todavía hoy continuo sin comprender que el "Presidente de la Comisión de Investigación", fuera capaz de calificar como "unas FOTOCOPIAS de una documentación que se le había pedido" (a Francisco de la Barreda) a las que calificó como "PRECISIONES CONCRETAS sobre su declaración, pero NO DATOS NUEVOS", cuando se daba la importante circunstancia de que, nada más y nada menos, entre aquellos nuevos documentos aportados por mí, se encontraba una copia de la "DENUNCIA SOBRE ASUNTOS MUY CONCRETOS" (no meras precisiones, ni recortes de revistas como "HOLA", "DIEZ MINUTOS", etc.) que yo había presentado personalmente al "FISCAL ANTICORRUPCIÓN", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, contra Alfredo Vigara, el 17 de marzo de 1998, denuncia que fue la causa fundamental que motivó que dicho Fiscal exigiese al "Parlamento de Canarias", en contra de lo acordado por el pleno de la cámara, con los votos de C.C. y P.P., a remitirle, toda la documentación que yo había solicitado previamente.
Pero no fue ese el único resultado de "aquella denuncia mía", que para el Presidente de la Comisión no pasaban de ser unas simples fotocopias que no aportaban ningún dato nuevo a lo declarado por mi anteriormente, puesto que, como auténtico remate no solo para el Presidente de la renombrada Comisión, sino para todos aquellos que votaron que no se remitiese al Fiscal ningún documento, por no apreciar el más leve indicio de delito en la conducta de Alfredo Vigara, es la propia Fiscalía Anticorrupción, quien, tras recibir y analizar toda aquella voluminosa documentación, terminó dictando el 18 de febrero de 2000, una "Resolución", en la que entre otras cosas, manifiesta, de forma absolutamente clara y contundente, lo siguiente:
"SE APRECIA LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN en la actuación del que fue Director Gral. De Industria y Energía de la Consejería de Industria y Comercio, D. ALFREDO VIGARA MURILLO, quien a favor de la sociedad "UNIÓN ELECTRICA DE CANARIAS, S.A." (UNELCO), y sin la convocatoria del preceptivo concurso público (...) autorizó en Resolución de 8 de noviembre de 1996 la instalación eléctrica y declaración de utilidad pública de un parque eólico de 1.500 Kw en el Faro de Fuencaliente. CON DICHA RESOLUCIÓN Y PROCEDER SE FAVORECÍA A UNA SOCIEDAD "UNELCO" en detrimento de las demás que pudieran concurrir al preceptivo concurso para la autorización e instalación del parque y en concreto a la sociedad "SAT VIPLATA" que había solicitado un punto de conexión a la red para la instalación del parque. (...)".
El delito que se atribuye de prevaricación a D. Alfredo Vigara Murillo se cometió con anterioridad a ser miembro del Gobierno de Canarias como Consejero de Industria y Comercio (...) procediendo la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que es la competente para LA INTERPOSICIÓN DE LA QUERELLA CRIMINAL QUE ACOMPAÑA A LAS PRESENTES DILIGENCIAS".
Debo confesar que mi capacidad de asombro, aunque no mi capacidad de respuesta, se veía sorprendida y superada por minutos, a lo que se sumaba la señalada "indefensión" que me originaba no solo el hecho de no recibir ni siquiera respuestas a mis escritos, sino también la posterior manipulación realizada a través de los medios de comunicación, ocultándoles y tergiversando los hechos, a la par que me veía privado del derecho de réplica sobre todas aquellas falsas y tendenciosas informaciones, que en nada se ajustaban a la realidad. Todo ello me hace recordar la frase escrita en un sobrito de azúcar, que hace cierto tiempo leí, que decía lo siguiente: "Eran tan pobres, que solo tenían dinero".
Continuaré estos comentarios en el siguiente capítulo, relatando aspectos que considero dignos de destacar sobre el dictamen del "Parlamento de Canarias", y otros hechos, como la denuncia que presenté al Fiscal Anticorrupción y la comparecencia para ratificar la denuncia ante el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, quien no solo admitió aquella denuncia, sino que además dio lugar a interpusiera una querella contra Alfredo Vigara por un presunto delito de prevaricación, así como también las comparecencias ante el "Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular", la demanda que me interpuso Alfredo Vigara y el duro varapalo que recibió en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó, incluso al pago de la totalidad de las costas, así como otros asuntos que no enumero por no hacer más extenso este "Capítulo III".
fbarreda@telefonica.net
(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y ex Diputado Nacional
Continuará...
3-10-04
Capítulo IV
"Unas reflexiones previas"
Es evidente que soy conciente de que la exposición que vengo realizando sobre el importante proyecto de la "implantación del gas natural en Canarias" no pretende ni puede despertar el aplauso de todos aquellos lectores que hayan tenido la paciencia de leer los tres capítulos anteriores, entre otras razones, por lo siguiente:
1º.- No ignoro mis limitadas cualidades de escritor, debido, probablemente, a que mi principal actividad profesional ha estado centrada siempre en el terreno de la gestión empresarial.
2º.- Se trata de un asunto técnico y complejo, sobre el que no se ha hecho ningún esfuerzo de difusión y de explicación a la opinión pública, informando únicamente a aquellos sectores denominados "núcleo duro" de la economía canaria.
Debo recordar que desde mi primera comparecencia en el "Parlamento de Canarias", para informar sobre el proyecto del "gas natural", expuse la necesidad de ejecutar una serie de actuaciones que, en el apartado "séptimo", establecía la conveniencia de diseñar y lanzar una campaña de comunicación del proyecto, con absoluta transparencia, con objeto de transmitir a todos los ciudadanos canarios un mensaje correcto, con el fin de evitar que la realidad pudiera seguir siendo tergiversada por informaciones sesgadas, como las que ya venían realizando determinados sectores. Campaña que, tras mi dimisión, fue totalmente paralizada, sumiendo este importante proyecto dentro de una gran oscuridad.
3º.- La justificación de mis "sospechas" y los "oscuros aspectos", así como de mis "denuncias", me obligan a transcribir parte de ciertos documentos jurídicos que tienen también un lenguaje técnico, que no procede exponer con otras palabras, quizá más comprensibles, pero que no transmitirían fielmente las denuncias por mí realizadas.
A pesar de lo anteriormente expuesto, justifico la conveniencia de publicar estos escritos, principalmente, por los siguientes motivos:
1º.- Considero imprescindible que la opinión publica, sometida a fuertes y constantes manipulaciones informativas, conozca la realidad de lo que ha venido sucediendo en relación con el proyecto de implantación del "gas natural" en esta comunidad, así como también lo que los actuales responsables públicos y ciertos grupos de presión pretenden que suceda, finalmente, por enfocarlo simplemente como un importantísimo "negocio" más de los que se cuecen en esta comunidad.
2º.- Hasta ahora tampoco me ha sido posible hacerlo, debido a la conocida mordaza que esos mismos grupos de presión y las instituciones públicas imponen a los medios de comunicación, porque tal como ha señalado recientemente un notable y valiente periodista, Ramón Pérez Almodóvar, que la ha sufrido en sus propias carnes, es de sobra conocido que desde esos sectores se fomenta en el sector periodístico los contratos basura, la precariedad y la inestabilidad laboral, adjudicando publicidad institucional y empresarial como pago a unos y negándola a aquellos que no cumplan sus consignas de claro apoyo mediático, o lo que todavía es mucho peor, de descalificación de personas e instituciones que no compartan sus intereses.
3º.- Es un derecho fundamental de todos los españoles la "libertad de expresión", reconocida en la Constitución, que, hasta ahora, este periódico digital me ha permitido ejercer libremente. "Libertad de expresión" que, aparte de su reconocimiento constitucional, necesita también de los medios para poder ejercerla, extremo éste que ha mejorado desde el nacimiento y fortalecimiento de "internet", que día a día va adquiriendo mayor protagonismo como medio de comunicación. Algunos políticos y mercenarios de la pluma han sufrido ya en sus propias carnes las consecuencias del desarrollo de esta nueva tecnología.
4º.- No considero sea excesiva la extensión de estos escritos, por tratarse de un periódico que, de momento, se publica con una periodicidad semanal.
5º.- Se ha mentido descarada y públicamente, incluso, por parte de un miembro que formó parte de la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", contrariando sus propios actos, sobre la realidad de mis denuncias en dicha comisión, extremo que no merece, en este momento, realice más comentarios, sin que ello signifique que no crea conveniente hacerlo en cualquier otro, con el único y exclusivo fin de desenmascarar a este tipo de personajes, necesitados de una adecuada dosis de "bicarbonato", que le ayudará, sin duda, a contrarrestar sus exceso de bilis, generado, posiblemente, por su orgullo y rencor.
"La ratificación de mis denuncias ante el Fiscal Anticorrupción"
Hechas las anteriores reflexiones, reconduzco mis comentarios sobre mis denuncias contra el entonces Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Alfredo Vigara, refiriéndome, en concreto, a la que realicé el 4 de Mayo de 1999, ante el "Fiscal Anticorrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, ratificando la que había presentado ante el mismo Fiscal, el 17 de marzo del mismo año, en la que incluí también la concesión del "gas ciudad" a "Gasificadora Regional Canarias, S.A.", filiad de "Unelco, S.A.":
"A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN"
"FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ, Diputado del Congreso y cuyas demás circunstancias constan ya en las Diligencias Informativas número 11/1999, seguidas a su instancia, como mejor proceda en derecho, DIGO":
"Que, por medio del presente, RATIFICO el íntegro contenido de la denuncia, formulada en 17 de marzo de 1999, con igual fecha de entrada y con número 345 de Registro, a la que se adjuntaba la documentación correspondiente, a la vez que aclara, precisa, complementa y amplía la misma en consideración a lo que resulta de los siguientes"
EXTREMOS
"Primero.- Según consta en el propio escrito de denuncia, se dirige la misma contra don Alfredo Vigara Murillo por su intervención y participación en:"
I.- CONCESIÓN DE INSTALACIÓN DE "GAS CANALIZADO" EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TELDE Y SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
"A).- Se otorgó dicha concesión por el denunciado (Vigara) a la mercantil "Gasificadora Regional Canarias, S.A.", filial de "UNELCO.S.A.", de la que el Sr. Vigara, fue Consejero desde el día 9 de Mayo de 1997 hasta el día 22 de Junio de 1998, en que cesó.
B).- Con fecha 13 de junio de 1998 el propio denunciado, en su condición de Director General de Industria y Energía, comunicó al entonces Consejero de Industria y Comercio del Gobierno Autónomo -el denunciante- (de la Barreda) su renuncia a intervenir en el expediente a su cargo para la referida concesión, exponiendo: "(...) en evitación de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión que se adopte en la resolución del mencionado concurso, ruego se me acepte mi renuncia a intervenir en los trabajos iniciados por personal de la Dirección General de Industria y Energía (...), en cumplimiento de la legislación vigente". (...)
"Conforme a la propia manifestación del Sr. Vigara, reconoce una incompatibilidad prevista en la Ley Territorial 3/1997, de 8 de Mayo, de la Comunidad Autónoma, para intervenir en el mencionado expediente".
"C).- Aún, pese al expresado reconocimiento, el denunciado, Sr. Vigara, una vez que accedió al cargo de "Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias", con fecha 5 de agosto de 1999 -por renuncia del compareciente- intervino en el meritado expediente, mediante el acto fundamental y esencial de otorgamiento de las concesiones del gas canalizado, a la entidad "Gasificadora Regional Canarias, S.A." -filial de UNELCO, S.A."-.
"Es decir, el denunciado (Vigara), a sabiendas que todavía no habían transcurrido los dos años previstos en el artículo 5.3 de la anteriormente citada "Ley de Incompatibilidades", dicta resolución otorgando aquellas concesiones, con evidente infracción de lo dispuesto en el citado artículo, que impone el deber de abstención, que le vinculaba y consecuentemente, quebrantando el principio de objetividad en el servicio a los intereses generales y eficacia, consagrado en el artículo 103 de la Constitución, de aplicación a todas las Administraciones Públicas a tenor de la doctrina jurisprudencial" (...)
"A la ilegalidad de tal proceder, se añade la circunstancia de haberse aprobado un "DICTAMEN" por la "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONSTITUIDA EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS", en sesión plenaria de fecha 26 de marzo de 1999, sobre el "DOSSIER DE UNAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS", (...), POR LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS, en 13 de abril de 1999, que en su "CONCLUSIÓN 2ª", determina: "EN LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE PROPANADO CONVERTIBLES EN GAS NATURAL, en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, S/C. de Tenerife, Telde, La Laguna y San Bartolomé de Tirajana, para usos domésticos, comerciales e industriales, OTORGADAS A "GASIFICADORA REGIONAL CANARIA, S.A." POR EL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SR, VIGARA MURILLO (...) LA "COMISIÓN" ENTIENDE QUE SE ADOPTARON SIN LA PRUDENCIA POLÍTICA NECESARIA, UNAS RESOLUCIONES, QUE DESATENDIERON LAS RECOMENDACIONES DEL "MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA" Y DE LA "DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA" DE LA MISMA CONSEJERÍA, ANTE LA INMINENTE ENTRADA EN VIGOR DE LA "LEY DE HIDROCARBUROS" Y LA POSIBLE "CONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES EN UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL". "Esta última situación tendría especial gravedad de ser aplicable la "Disposición Transitoria Decimoquinta" de la mencionada "Ley de Hidrocarburos", y, SI, COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE PRODUJERA UNA SITUACIÓN DE MONOPOLIO QUE LLEGARA A PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS". (...).
"La recomendación de la "Dirección General de Industria y Energía", que cita la mencionada Comisión, se encuentra contenida en el "INFORME-PROPUESTA" (reproducido íntegramente en el "Capítulo II"), de la citada "Dirección General", de fecha 25 de Agosto de 1998, que establece taxativamente: "QUE HASTA TANTO NO ENTRE EN VIGOR LA LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, CUYA PUBLICACIÓN TENDRÁ LUGAR EN BREVE FECHA, NO SE OTORGUE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A NINGUNA DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES" (...).
"Del pormenorizado contenido de este último documento es sintomático lo consignado en el párrafo tercero de su página 4, al proclamar la "SUSPICACIA" que pudiera engendrar lo que parecería una "EXTRAÑA URGENCIA" EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DÍAS ANTES DE LA APROBACIÓN DE UNA LEY QUE SUPRIME TALES CONCESIONES, amén de otras distintas consideraciones que se indican en el mismo".
"Pues bien, pese a las reservas contenidas en el acompañado "INFORME-PROPUESTA", elaborado por departamento de la propia Consejería, el denunciado (Vigara), a sabiendas de incidir en ilegalidad, da muestras de su decidido propósito de resolver injusta y arbitrariamente, otorgando las tan nombradas concesiones".
"Pero curiosamente y quizá con el ánimo de soslayar aquella llamada de atención contenida en el meritado "INFORME-PROPUESTA" acerca de la "SUSPICACIA" de una "EXTRAÑA URGENCIA", según noticias difundidas en la prensa, "CANARIAS 7", (...) del 8 de Abril de 1999, LA ORDEN DE CONCESIÓN SE FIRMÓ el 2 de Septiembre de 1998 y FUE PUBLICADA en el Boletín Oficial de la Comunidad el 30 de Noviembre siguiente".
"La intencionalidad que de la actuación realizada puede concluirse que guiaba al denunciado (Vigara), viene a ser coincidente con la de la entidad a quien le fue adjudicada la concesión ("Gasificadota Regional Canaria, S.A." - filial de "Unelco"), al estimar dicha concesión como RÉGIMEN DE MONOPOLIO, totalmente contrario al "Régimen Económico Fiscal de Canarias", así como a la "Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos", cual inequívocamente lo revelan las manifestaciones del Presidente de "UNELCO, S.A.", don ÁNGEL FERRERA publicadas, que el periódico "EL DÍA", de Tenerife, de 23 de abril de 1999, en su página 7, las recogió de la siguiente manera:
"OTRA COSA -matizó- ES QUE OTROS JURISTAS HAGAN UNA LECTURA DISTINTA DE LA "LEY DE HIDROCARBUROS,", QUE ALGUNOS CONSIDERAN QUE ABRE LA VÍA A LA IMPLANTACIÓN DE OTROS OPERADORES A LOS QUE SE CERRÓ EL PASO CON LA CONCESIÓN A "UNELCO" ("Gasificadora Regional Canarias, S.A.").
"Al respecto, indicó que opina que "LA LEY DE HIDROCARBUROS "CONVIERTE LA CONCESIÓN EN AUTORIZACIÓN, QUE SE SUPONE, POR TANTO, QUE SERÁ INDEFINIDA, Y LO QUE SE PLANTEA ES SI, EN MUNICIPIOS EN LOS QUE YA ESTAMOS SE PODRÁN DAR OTRAS AUTORIZACIONES".
"EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA A ESTA CUESTIÓN FUERA POSITIVA, AÑADIÓ, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPADA POR "UNELCO", QUE OBTUVO LA ADJUDICACIÓN, "GASIFICADORA REGIONAL CANARIAS, S.A." ESTUDIARÍA SI LE ES RENTABLE MANTENERSE EN ESOS MUNICIPIOS O RETIRARSE DE ESO MERCADOS, CONCLUYÓ". (...).
"Efectivamente, habiendo entrado en vigor la citada "Ley del Sector de Hidrocarburos", el 9 de Octubre de 1998, por imperativo de lo dispuesto en su "Disposición Final Tercera", determinando el inicio de la vigencia al "día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", ésta tuvo lugar el día 8 del mes de Octubre".
"De la antinomia que resulta de lo perpetrado por el Sr. Vigara con la "ratio" y el espíritu que preside la nombrada Ley, da muestras su Exposición de Motivos -fuente de interpretación, a tenor de abundante doctrina jurisprudencial- en la que se proclama":
"Se pretende, por tanto, conseguir una regulación más abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales(...) Esta regulación debe permitir, además, que la libre iniciativa empresarial amplíe su campo de actuación y la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de realidades técnicas y mercantiles socialmente asumidas pero carentes, en este momento, del encaje legal adecuado (...)".
Continúa la "Exposición de Motivos" extendiéndose en diversas consideraciones, EXCLUYENDO UN RÉGIMEN MONOPOLISTA y finaliza recogiendo el sentir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (...) de la que resulta partirse de una delimitación competencial "basada en la consideración del mercado de hidrocarburos como único que inevitablemente se ha de proyectar como una unidad".
Establece la Ley en su parte dispositiva -art. 25- que lo que hasta su entrada en vigor ha constituido un régimen de CONCESIÓN, se convierte en AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Y en la "DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA" se preceptúa LA EXTENCIÓN DE "TODAS LAS CONCESIONES PARA ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SUMNISTRO DE GASES COMBUSTIBLES POR CANALIZACIÓN", susceptible en su devenir tales concesiones en autorizaciones. Pero, a su vez, la "DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA" de la propia Ley, PREVIENE UN ESPECIAL RÉGIMEN PARA QUE DURANTE QUINCE AÑOS EL CONCESIONARIO PUEDA CONTINUAR EL OBJETO DE SU EXPLOTACIÓN, FAVORECIENDO DE TAL MODO A QUIEN RESULTA CONCESIONARIO EN UN MOMENTO EN QUE ESTE ESTATUTO JURÍDICO HABÍA DE DESAPARECER.
II.- CONCESIÓN A "UNELCO, S.A." DEL "PARQUE EÓLICO DE FUENCALIENTE".
A).- DON ALFREDO VIGARA, en su condición de "Director General de Industria y Energía", de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a sabiendas, que las concesiones para la instalación y explotación de Parques Eólicos en Canarias, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 17 de la "Orden de la mencionada Consejería de 14 de Marzo de 1996" (...) han de otorgarse mediante CONCURSO PÚBLICO, el 8 de Noviembre de 1996 emitió resolución de autorización administrativa y declaración de utilidad pública del "PARQUE EÓLICO DE FUENCALIENTE" a favor de "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.".
Incide en el referido Parque una indudable trascendencia económica, subvencionado con fondos de la "UNIÓN EUROPEA" y, consecuentemente de máximo interés quien resultase concesionario.
Pese a la exigencia de la necesaria convocatoria del CONCURSO PÚBLICO para otorgar tal concesión, el denunciado (Vigara) lo soslayó, vulnerando la mencionada disposición al emitir su resolución, que ha de ser tildada de ilegal.
Insistiendo en que el "Director General de Industria y Energía" (Alfredo Vigara) no puede desconocer o ignorar el contenido de una "Orden" que inexcusablemente le afecta, lo que se traduce en la imposibilidad de aludir a una mera negligencia, SU DOLOSO PROCEDER SE EVIDENCIA DEL HECHO CIERTO DE HABER ADJUDICADO OTROS PARQUES EÓLICOS EN CANARIAS, A TRAVÉS DEL OBLIGADO CONCURSO PÚBLICO, como lo ponen de manifiesto las "Ordenes de 9 de Mayo de 1996" y "25 de Noviembre de 1996", publicadas en los respectivos "Boletines Oficiales de Canarias". (..).
B).- La mencionada ilegalidad de la resolución dictada por el denunciado (Vigara), a más de infringir una normativa superior y, en consecuencia, encontrarse aquella sin sustento jurídico alguno, ORIGINA PERJUICIO A TERCEROS, como lo vislumbra el acompañado "DICTAMEN" de la nombrada "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS", que en una de sus conclusiones determina:
"CONCLUSIÓN 1ª: EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN EL MUNICIPIO DE FUENCALIENTE, SE PRODUJO UNA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA, CON POSIBLE PERJUICIOS A TERCEROS (...) POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, SR. VIGARA MURILLO".
"Y, efectivamente, se evidencia el "PERJUICIO A TERCEROS" en el caso de "S.A.T. VIPLATA", cuya documentación se aportó a repetida "Comisión de Investigación", (...).
"El propósito decidido y malévolo de torcimiento del Derecho en la conducta del denunciado (Vigara) se reafirma cuando, tratando de simular la inexistencia de perjuicio a terceros, elabora y propone la "Orden de 18 de Julio de 1997" (...) por la que se convoca concurso público para la asignación de potencias eléctricas eólicas conectables en la red eléctrica de la isla de La Palma, que se adjunta como documento nº 11, siendo la potencia máxima de dicho concurso de 500 Kw, (de ningún interés para otra entidad, que no fuese la propia "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.") que es el resto que podía soportar la red eléctrica de la isla de La Palma, después de haber autorizado el "Parque Eólico de Fuencaliente", a la entidad "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.", por 1.500 Kw. "ORDEN" ÉSTA QUE FRAUDULENTAMENTE EL DENUNCIADO (Vigara) ELEVÓ A LA FIRMA DEL COMPARECIENTE (Francisco de la Barreda), en aquel entonces "Consejero de Industria y Comercio" del "Gobierno de Canarias", SIN LA ELEMENTAL ADVERTENCIA DE HABERSE ADJUDICADO LA CONCESIÓN DEL "PARQUE EÓLICO DE FUENCALIENTE" SIN EL PRECEPTIVO CONCURSO PÚBLICO, CUYA CONVOCATORIA ERA RESPONSABILIDAD DEL DENUNCIADO SR. VIGARA, desconociendo el superior jerárquico todo lo relativo a este expediente, que tramitaba el denunciado, Sr. Vigara".
"Sobre este específico particular, se designa expresamente el expediente a que dio lugar el otorgamiento de la concesión para el "Parque Eólico de Fuencaliente" que, de otro lado, en abundante documentación se aportó por quien comparece (de la Barreda) a la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", en la comparecencia que tuvo lugar el 31 de Marzo de 1999".
"Segundo.- A efectos meramente informativos y por si esa Fiscalía lo estima de interés para su unión a las presentes Diligencias, se participa que en el Juzgado de Instrucción número 1 de los de S/C. de Tenerife, se encuentran archivadas provisionalmente -POR DESCONOCIMIENTO DEL AUTOR DEL HECHO DELICTIVO- "Diligencias Previas 1.682/98", atinentes al ASALTO Y ROBO DE LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, momento en que el denunciante (de la Barreda) ostentaba la Presidencia de dicho partido en la isla de Tenerife y en donde tenía su despacho".
"Tercero.- A iguales efectos informativos se pone en conocimiento de esa Fiscalía que por el Juzgado de Instrucción núm. 3, de los de Santa Cruz de Tenerife, se instruyen las "Diligencias Previas 1.823/98", por COACCIONES, AMENAZAS Y AGRESIONES FÍSICAS A LA ABOGADA DEL PARTIDO POPULAR, DOÑA JULIA BANGO A AROCHA, ASÍ COMO AMENAZAS AL COM PARECIENTE (de la Barreda)".
"Al respecto se adjuntan noticias publicadas en diferentes medios de prensa de ámbito nacional y regional, demostrativas de la gravedad de los hechos y las implicaciones correspondientes".
"Por lo expuesto, procede y"
"SUPLICO A LA "FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN", que habiendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, se sirva admitirlo; tenga por ratificado a quien comparece en la denuncia (de la Barreda) inicialmente presentada, así como por ampliados los hechos a que la misma se contrae, y en mérito de todo ello, continúe la ulterior tramitación legal en averiguación y posterior sanción por la actuación del denunciado (Vigara), al ser procedente todo ello en Justicia, que pido".
"OTROSI DIGO: Que a la vista de lo expuesto, sin perjuicio de cualquier otra prueba que se estime de interés a los efectos de esta denuncia, se interesa la práctica de las siguientes:"
"DILIGENCIAS DE PRUEBA:"
"Que se remita oficio, con carácter urgente por la próxima disolución del "PARLAMENTO DE CANARIAS", al Excmo. Sr. Presidente de dicha Cámara para que, por quien legalmente corresponda, remita a la Fiscalía lo siguiente":
"Primero: Todos los expedientes y documentación que tuvieron entrada en la "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN" constituida por las denuncias del compareciente de referencia, así como las Actas completamente transcritas y las grabaciones en sus soportes originales, efectuadas en todas y cada una de las sesiones que tuvieron lugar en dicha Comisión".
"Segundo: DICTAMEN de la "Comisión de Investigación" y VOTOS PARTICULARES emitidos y presentados".
"Tercero: ACTAS literalmente transcritas de la sesión del PLENO celebrado el 16 de abril de 1999, en el que se aprobó el Dictamen de la mentada Comisión".
"En su virtud,
"SUPLICO A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN, que tenga por solicitada la prueba a que se contrae el precedente otrosí, accediendo a su práctica librando para ello el oportuno despacho, al ser de Justicia, que reitero,
Madrid, a 4 de Mayo de 1999".
Francisco de la Barreda Pérez - Diputado Nacional"
Evito transcribir nuevamente la "RESOLUCIÓN" que dictó el 18 de Febrero de 2000, la "Fiscalía Anticorrupción", mediante la cual, no solo admitió a trámite mi denuncia, sino que, incluso, redactó también una "querella criminal" contra Alfredo Vigara Murillo por un presunto delito de prevaricación, que remitió a la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", con lo cual, el "Fiscal Anticorrupción", no solamente me dio la razón, sino que desautorizó absolutamente el "Dictamen" aprobado por el "Parlamento de Canarias", con los votos de "Coalición Canaria" y el "Partido Popular".
"La demanda que interpuso Vigara fue desestimada plenamente por la Audiencia Provincial, al confirmar la "veracidad" de mis denuncias, condenándole al pagos de todas las costas"
Por ser explicativa por si sola la "sentencia" de la "Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife", de 11 de noviembre de 2000 (relativa a la demanda de protección del derecho al honor presentada por Vigara) paso solamente a transcribir algunos de sus párrafos más significativos:
"Entrando así en la cuestión de fondo del presente litigio, (...) "NO HA DE PROSPERAR LA DEMANDA (de Vigara) NI EL RECURSO FORMULADO (por Vigara) CONTRA LA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE LA MISMA. (...) En tal sentido la denuncia, inicialmente PRIVADA (a Bravo de Laguna), pues fue realizada, con carácter CONFIDENCIAL(a Bravo de Laguna), a los órganos internos del partido político al que pertenecían ambos litigantes (Dirección Nacional del Partido Popular), sobre comportamientos dudosos del actor (Vigara) en determinadas actividades propias de su cargo, que posteriormente fue sacada a la luz pública por un tercero ajeno a esta causa, y finalmente determinó la apertura tanto de una "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SENO DEL PARLAMENTO AUTONÓMICO" como de la actuación de la "FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN" (LO QUE ACREDITA LOS VISOS DE REALIDAD Y LA TRASCENDENCIA E INTERÉS DE LO DENUNCIADO) (...)
"En consecuencia, no cabe la protección solicitada (por Vigara) pues los hechos imputados al demandado (Vigara)no consistieron en dar a conocer a la luz pública una información, sino en la DENUNCIA, en el marco del partido político al que ambos pertenecían y con referencias no sólo al actor sino a otros compañeros, de unos HECHOS IRREGULARES O DUDOSOSO, denuncia que luego, y por la incuestionable trascendencia de los hechos, tuvo trascendencia pública y legal. Y EN RELACIÓN A LA VERACIDAD, LOS HECHOS DENUNCIADOS (por de la Barreda), SEGÚN SE APRECIA DE LA PRUEBA, SON CIERTOS, con independencia de la calificación Jurídica de los mismos. Finalmente, TAMPOCO PUEDE ESTIMARSE QUE EN EL ESCRITO DENUNCIADO SE EMPLEARAN (por de la Barreda) TÉRMINOS OFENSIVOS FRENTE AL HONOR DEL ACTOR (Vigara) SINO CALIFICACIONES PROPIAS AL REPROCHE DE LA CONDUCTA DE UN CARGO PÚBLICO". (...)
"FALLAMOS"
"DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR LA PROCURADORA Dª MILAGROS MANDILLO BLAZQUEZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D. ALFREDO VIGARA MURILLO, confirmando la sentencia dictada el 23 de diciembre de 1.999, por el "Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de S/C. de Tenerife, en Autos Incidentales de Protección del Derecho al Honor nº 177/1999, CONDENANDO AL RECURRENTE (Vigara) AL PAGO DE LAS COSTAS EN ESTA ALZADA".
"Actuaciones de la "Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con respecto a mis denuncias"
Con el fin de comprender la actuación de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", en relación a una presunta anómala e irregular actuación contra mi persona por su acusación pública, mostrando una posible inquina o persecución sin sustento legal, que en su momento se vio frustrada por unos contundentes autos de inadmisión y sobreseimiento relativos a una querella por denuncia y acusación falsas, debo traer a colación unos hechos, a modo de antecedentes, consistentes a que, en su día, me fueron incoadas las "Diligencias Previas 2.604/2000" por el "Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife", como consecuencia de una, también, injusta y arbitraria querella interpuesta por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", contra mi persona, con fecha 3-Julio-2000, por un presunto delito de prevaricación, que a continuación paso a detallar:
a).- El 10-Julio-2000, el "Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife", dictó un "Auto", mediante el cual admitió a trámite citada querella.
b).- Con fecha 14-Septiembre-2000, presenté ante dicho Juzgado, un "Recurso de Reforma" contra el "Auto" de admisión a trámite de referida querella.
c)- Tal como se puede constatar en los documentos que acompañé al "Recurso de Reforma" del 14-09-2000, el 17-Marzo-1999, presenté, siendo Diputado Nacional, una denuncia ante el "Fiscal Anticorrupción", contra el entonces "Consejero de Industria y Comercio" del "Gobierno de Canarias", Alfredo Vigara, persona me sucedió en dicho cargo, tras mi voluntaria dimisión, para incorporarme a la vacante que se había producido en el "Congreso de los Diputados".
d).- El 4-Mayo-1999, presté declaración ante el "Fiscal Anticorrupción", haciéndole entrega en esa comparecencia de un escrito de ratificación y ampliación de mi anterior denuncia contra Vigara, que también acompañé junto al del "Recurso de Reforma" anteriormente citado.
Previamente, y como respuesta a un escrito de fecha 20-Abril-99 del "Fiscal Jefe de la Audiencia de S/C. de Tenerife" presenté, con fecha 23-Abril-1999, un escrito ante ficha Fiscalía, que también acompañé con aquel "Recurso de Reforma", mediante el cual comunicaba a dicha Fiscalía de la Audiencia, mi renuncia a declarar ante la Fiscalía de Tenerife y mi voluntad de realizar la diligencia de ratificación y de ampliación de la denuncia contra el Sr. Vigara únicamente ante el "Fiscal Anticorrupción", ante quien que yo había decidido interponer la renombrada primera denuncia de 17 de Marzo de1999.
e).- El 18-Febrero-2000, la "Fiscalía Anticorrupción, en relación a las "Diligencias de Investigación Nº 12/99" abiertas por dicha Fiscalía, dictó la "RESOLUCIÓN" anteriormente citada y transcrita en el "Capítulo III", en la que en su apartado CUATRO expone lo siguiente:
"SE APRECIA LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN EN LA ACTUACIÓN DEL QUE FUE DIRECTOR GRAL. DE INDUSTTRIA Y ENERGÍA, DON ALFREDO VIGARA MURILLO, QUIEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD "UNIÓN ELECTRICA DE CANARIAS, SA" ("UNELCO"), Y SIN LA CONVOCATORIA DEL PRECEPTIVO CONCURSO PÚBLICO, (...) AUTORIZÓ EN LA RESOLUCIÓN DE 8 DE NIEMBRE DE 1996 LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE UN PARQUE EÓLICO DE 1.500 KW. EN EL FARO DE FUENCALIENTE. CON DICHA RESOLUCIÓN Y PROCEDER SE FAVORECÍA A UNA SOCIEDAD "UNELCO" EN DETRIMENTO DE LAS DEMÁS que pudieran concurrir al preceptivo concurso para la autorización e instalación del parque y en concreto a la sociedad "SAT VIPLATA" que había solicitado un punto de conexión a la red para la instalación del parque". (...)
"CONSCIENTE EN LA ILEGALIDAD EN EL PROCEDER SE TRAMITÓ LA "ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1997", QUE ESTABLECIÓ CON CARÁCTER RETROACTIVO A LA ISLA DE LA PALMA Y EN CONCRETO A LA NECESIDAD DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO".
"DE TAL MANERA, LA CONDUCTA DEL DENUNCIADO D. ALFREDO VIGARA MURILLO APARECE INDICIARIAMENTE CONSTITUTIVA DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN COMETIDO POR EL MISMO, EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA". (...)
"Sin embargo, EN SUS ACTOS COMO "DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA", Y EN CONCRETO EN LA RESOLUCIÓN ANTERIORMENTE CITADA, VULNERÓ DE FORMA PATENTE Y CON CARACTERES DE ILEGALIDAD PENAL EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, no tiene la condición de alto cargo en los términos previstos en la Instrucción 1/96, PROCEDIENDO LA REMISIÓN DE LAS ACTUACIONES A LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, que es la competente para la interposición de LA QUERELLA CRIMINAL QUE ACOMPAÑA A LAS PRESENTES DILIGENCIAS".
Debo dejar expresa constancia, tal como queda absolutamente claro en la citada "RESOLUCIÓN", que el Excmo. Sr. Fiscal, don Carlos Jiménez Villarejo, después de una muy amplia y exhaustiva investigación, no apreció la comisión por mi parte de ningún tipo de delito, ni de irregularidad administrativa alguna, por lo cual la querella que acompañó la "Fiscalía Anticorrupción" junto con la "Resolución", que remitió a la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", fue única y exclusivamente contra Alfredo Vigara.
Posteriormente, se produce la inexplicable, sorprendente y sospechosa situación que la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" decide interponer otra querella, que por lo que se puede constatar claramente no es la misma que remitió el "Fiscal Anticorrupción" solamente contra Alfredo Vigara, y a la que tampoco hace la más mínima mención, ni ninguna referencia a las amplísimas investigaciones practicadas por dicho "Fiscal Anticorrupción", ni tampoco a la "Resolución" que dictó con fecha 18-Febrero-2000, en la que, repito, figura únicamente como querellado y presunto autor de un delito de prevaricación, la persona que yo había denunciado con anterioridad ante dicha Fiscalía, Alfredo Vigara.
Por el contrario, en esa nueva querella (basada en los mismos hechos que yo había denunciado ante el "Fiscal Anticorrupción") de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", sorprendente e incomprensiblemente, figura mi persona como querellado, junto con Alfredo Vigara, cuando se daba la importantísima circunstancia de haber sido yo el único denunciante de dicho delito, lo que sin duda alguna es una clara prueba de mi buena fe en toda mi actuación como Consejero del Gobierno de Canarias en los hechos de autos, por no haber firmado ninguna resolución "a sabiendas" de cualquier tipo de irregularidad y mucho menos de ilegalidad, siendo muy consciente que mis decisiones al cumplir con mis obligaciones, sobre importantes sectores energéticos de Canarias con la clara y decidida voluntad de terminar con antiguos monopolios, como exige el "Estatutos de Canarias", me iba a acarrear muy serios problemas, pero sin llegar a pensar nunca que alguno de eso problemas fuera promovido de oficio por algún sector de la justicia.
Tal como ya he señalado, en el renombrado "Recurso de Reforma" que presenté ante el "Juez de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife", contra aquella injusta y arbitraria querella,, ni que decir tiene que, la "Fiscalía Especial Anticorrupción" dispuso, en peor de los casos, del mismo material probatorio que la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", a la cual, repito, aquélla había remitido una querella únicamente contra Alfredo Vigara, habiendo recabado la "Fiscalía Anticorrupción", incluso, mucho más documentación, ya que dicha Fiscalía, a instancias mía, reclamó al "Parlamento de Canarias" (en contra de las reticencias manifestadas públicamente por el "Presidente del Parlamento" y "Presidente Regional del P.P.", Bravo de Laguna, como una prueba más de mi buena fe, y de haber sido víctima de engaño por el Sr. Vigara) todos los soportes documentales, de video, transcripciones, grabaciones, etc., en los que se contienen los debates, sesiones y trabajos de la "Comisión de Investigación" creada en el "Parlamento de Canarias", así como de lo debatido en el Pleno de esa Cámara, como consecuencia de mis denuncias, donde uno de los asuntos objeto de investigación por parte de dicha Comisión fue la autorización, mediante la "Resolución del 8-Noviembre-96", por parte de Vigara a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A." (filial de "Unelco") de la instalación del "Parque Eólico de Fuencaliente", sin el preceptivo concurso público.
f).- En definitiva, y tal como expuse muy claramente en el renombrado "Recurso de Reforma", acreditado posteriormente por el correspondiente "Auto" del Juez Instructor, no existía absolutamente NADA RAZONABLE en lo aportado por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" en su querella, que yo hubiera actuado, cuando firmé la "Orden de 7-Julio-1997", con conocimiento de la irregularidad -FALTA DEL CONCURSO PÚBLICO- que había cometido con anterioridad Alfredo Vigara, en la autorización a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.", para la instalación de un parque eólico en Fuencaliente, desconociendo yo, además, completamente, tal como quedó absolutamente probado ante el "Fiscal Anticorrupción", cuando firmé dicha "Orden de 7-Julio-1997", la existencia de LOS INFORMES CONTRARIOS a los que aludía la querella, contrarios a la "Disposición Transitoria", que incluyó subrepticiamente Vigara en la misma, y, por tanto, no pude ser consciente en ningún momento que con ello "convalidaba" esa irregularidad, que como ya dije en otro momento, desconocía totalmente hasta el día 15 de Febrero de 1998, que tuve conocimiento de esa irregularidad, a través de las declaraciones del anterior "Director General de Industria", Luis García Martín, en "La Gaceta de Canarias".
Por todo lo expuesto y por las investigaciones realizadas por el "Fiscal Anticorrupción", y así lo corroboró éste, resultaba más que evidente que no existió nunca, obviamente, respecto a mi persona, el elemento subjetivo -"a sabiendas"- del delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 404 del Código Penal, debiendo por todo ello, tal y como interesé en el "Recurso de Reforma", desestimarse plenamente la querella del Fiscal por dicho delito en lo que correspondía a mi persona, sin que las expresiones gratuitas manifestadas en la querella por parte de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", respecto al ánimo, sin un mínimo sustento probatorio o deductivo de la existencia de ese elemento subjetivo, inexcusable en el citado delito de prevaricación, debiera dar lugar a su admisión a trámite contra mí, toda vez que, el "abuso de derecho" y el "fraude de ley" están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Y como colofón, por si todo lo anterior no fuera suficiente, que lo era de sobra, resultaba más que evidente que la conducta que mantuve como denunciante, siendo en aquellos momentos, además, Diputado Nacional, después de conocer las irregularidades de Vigara y ser consciente del engaño sufrido en ese tema, que expuse y acredité en el citado "Recurso de Reforma", y, también haber sido denunciante en otros asuntos, que, se han denominado como de corrupción en Canarias, me hacían claramente acreedor de una presunción de buena fe en mi actuación, por mis obligaciones como "Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias" y como "Diputado Nacional", y a que no se quebrantara, además, mi derecho a no sufrir el agravio de ser querellado e imputado -alguna resolución judicial al respecto ha hablado de "estigmatización"- por una gratuita e infundada acusación en la querella interpuesta por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", como la que, nuevamente, me ha realizado, recientemente, por una supuesta denuncia y acusación falsa, la misma Fiscalía.
g).- En el "Caso Vigara", a fin de seguir constatando el hilo conductor del mal proceder de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" contra mi persona, previamente a la "Resolución" de la "Fiscalía Anticorrupción", el 9-Abril-1999, esta última Fiscalía dirigió un escrito al "Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife", en el que, literalmente, le comunicó lo siguiente:
"HABIENDO SIDO DEVUELTO el escrito de Auxilio Fiscal de esta Fiscalía Especial (Anticorrupción) de fecha 24 de marzo SIN PRACTICAR LA DILIGENCIA INTERESADA POR FALTAR ALGUNOS FOLIOS AL DENUNCIA (de F. de la Barreda) QUE SE ADJUNTABA, adjunto se remite la denuncia completa (de F. de la Barreda) interesando la ratificación de DON FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ en la misma y que, en su caso, la amplíe en los términos que estime pertinentes".
Resulta más que evidente que observé una anormal conducta por parte de la "Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife" en la devolución al "Fiscal Anticorrupción" del auxilio fiscal interesado, máxime si se tiene en cuenta que en aquellos momentos era yo quien estaba exigiendo al "Parlamento de Canarias" que se remitiese toda la documentación a la Fiscalía. Anormalidad que, por otra parte y respecto a otro asunto, también había observado en la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" en las Diligencias 1.893/98 ("Caso Bango"), seguidas en el "Juzgado de Instrucción Nº Tres", de los de S/C. de Tenerife que, por otra parte, fue observada también por doña Julia Bango Arocha, y que dio lugar a que dicha señora interpusiese una denuncia ante el "Juzgado de Guardia de S/C. de Tenerife", el 25-Marzo-99, y también ante un escrito de queja al "Fiscal General del Estado", el 4-Abril-99, por presuntas coacciones ejercidas por el Fiscal que llevaba la investigación, publicadas por el periódico "Canarias 7" en la pág. 12 del 27-Marzo-99, que dice siguiente:
"La abogada de los servicios jurídicos del Partido Popular (PP) Julia Bango ha dado otra vuelta de tuerca al caso que protagoniza y el jueves hizo efectiva su amenaza de denunciar al fiscal Miguel Serrano"
"Julia Bango considera que Miguel Serrano, que instruye la causa abierta a raíz de sus denuncias de amenazas y agresiones, la coaccionó el día que prestó declaración ante él y la juez del caso, Eva Ramírez, hace dos semanas. Según explicó ayer Francisco de la Barreda, Miguel Serrano invitó a Bango, en presencia de la juez, a que dejara el caso y la interrogó sobre su interés en seguir adelante si le estaba creando tantos problemas".
"De la Barreda indicó que Bango le dijo que había denunciado a Serrano por coacciones y que presentaba como testigo de las mismas a la juez, quien pidió repetidamente al fiscal "que midiera lo que estaba diciendo".
Volviendo nuevamente al "Caso Vigara", ese anormal comportamiento se acreditaba también, en que la nefasta "casualidad" de la "pérdida" en dicha "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" de la documentación remitida por el "Fiscal Anticorrupción", se produjo cuando aún se estaba tramitando la "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN" en el "Parlamento de Canarias", respecto al "Caso Vigara", debiéndose retener desde ahora el dato de que el "DICTAMEN" final de la investigación parlamentaria, se aprobó en el "Pleno del Parlamento" el 16 de Abril de 1999.
Pues bien, la anormalidad anteriormente expuesta se tradujo en la siguiente dilación: Si la "Fiscalía Anticorrupción" abrió "Diligencias 11/99", y remitió mi denuncia a la "Fiscalía de la Audiencia de Tenerife" el 24-Marzo-99 y aquélla vuelve a remitir el envío a la "Fiscalía de la Audiencia de Tenerife" el 9-Abril-99, ésta Fiscalía, muy sorprendentemente, me cita para ratificarme el 20-Abril-99, es decir cuatro días después de que hubiera terminado la "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN" y la aprobación del "DICTAMEN" por el Pleno del "Parlamento de Canarias", con los votos del "Coalición Canaria" y "Partido Popular", que niega la posibilidad de remitir las actuaciones a la Fiscalía, que yo había reclamado al propio Parlamento a través de la "Comisión de Investigación", con el fin de que existiese la máxima transparencia en unos asuntos de muchísima importancia para Canarias, por tratarse de sectores energéticos y por el importe económico de los mismos.
Es más que evidente que el resultado de la dilación en mi ratificación de la denuncia ante el "Fiscal Anticorrupción", como consecuencia de la "pérdida de algunas hojas de mi denuncia", las cuales hubiera yo aportado inmediatamente con solo requerírmelo, produjo, en un primer momento, un resultado político que, tal como recoge el "Diario de Avisos" en su portada del 17-Abril-99 es el siguiente: "El Parlamento no ve ilegalidades en la actuación de Alfredo Vigara" y niega, por ello, enviar la documentación al "Fiscal Anticorrupción", noticia que fue publicada, prácticamente, en todos los medios de comunicación de Canarias y en varios nacionales, lo que, sin duda alguna, me originó graves perjuicios de credibilidad ante toda la opinión pública, por ser absolutamente contrario a la denuncia que ya tramitaba en aquellos momentos ante el "Fiscal Anticorrupción", y por la que ya había abierto las "Diligencias 11/99" (extremo que si conocía la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" y que "formalmente" desconocía el "Parlamento de Canarias", pues en el caso de conocerlo ("formalmente") estaba obligado a remitir inmediatamente la documentación a la "Fiscalía Anticorrupción", obligándoles a tener que concluir aquella mala "comedia" que estaban representando algunos personajes en la Cámara regional) y ser contrario también a lo que yo pedía, incluso, a través de los medios de comunicación, como se puede constatar en "LA PROVINCIA" del 9-Abril-99, que publica el siguiente titular:
"De la Barreda pide que el dossier se envíe a la Fiscalía"
Precisamente fue este hecho de la "pérdida de papeles" en la "Fiscalía de S/C. de Tenerife", lo que me movió, definitivamente, a negarme a declarar ante referida "Fiscalía de la Audiencia Provincial" el día que me había citado, compareciendo ante la misma solamente para interesar hacer la ratificación y ampliación de la denuncia única y exclusivamente directamente ante el "Fiscal Anticorrupción", que era la que tramitaba la denuncia del "Caso Vigara" en aras del "principio de inmediación".
Respecto a esa "pérdida de papeles" por parte de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. Tenerife", la prensa de esta región, tal como se puede constatar en la fotocopia de "EL DÍA" y el"DIARIO DE AVISOS", del 24-Abril-99, destacó lo siguiente:
"DE LA BARREDA ACUSA AL FISCAL JEFE DE PERDER UNOS PAPELES"
"DE LA BARREDA PIDE LA INHIBICIÓN DEL FISCAL POR PERDER LOS PAPELES"
"En ese sentido, el diputado nacional del PP recordó que él había comparecido ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias el día 31 de marzo y que el haber tenido conocimiento de la existencia de ese escrito (del Fiscal Anticorrupción) hubieran cambiado muchas cosas. Entre ellas "que la Comisión o la Mesa del Parlamento haya estado discutiendo una semana sobre si había que mandar o no los papeles a la Fiscalía, cuando resulta que el fiscal de delitos económicos ya me había invitado a hacerlo".
Debo dejar constancia que esa "pérdida de papeles" fue reconocida, posteriormente, el "Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife", atribuyéndola a una negligencia de ciertos funcionarios, cuya identidad desconozco hasta el día de la fecha.
También debo resaltar que en el denominado "Caso Bango", hubo una denuncia en los medios de comunicación de Canarias, de un "SINDICATO DE LA POLICÍA", por presuntas coacciones durante la investigación del denominado "Caso Bango", por lo que pidieron que en las Diligencias se persona un miembro de la "Fiscalía Anticorrupción". Denuncia por presuntas coacciones que nunca fueron investigadas, a pesar de las peticiones realizadas en ese sentido por un sindicato policial .
h).- La injusta y tendenciosa querella presentada por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" contra mi persona, a pesar de la exhaustiva investigación de la "Fiscalía Anticorrupción", que no apreció nunca el menor indicio en toda mi actuación y el hecho que la Fiscalía ni siquiera mencionara esas "Diligencias nº 11/99" de la "Fiscalía Anticorrupción", incrementó en mi esas sospechas de un irregular comportamiento y me movió a presentar un escrito de queja contra dicha Fiscal, ante el "Excmo. Sr. Fiscal General del Estado", el 19-Septiembre-2000.
Por otra parte, debo manifestar que, a pesar de las gestiones realizadas y de las diligencias de prueba por mí solicitadas, para utilizarla en mi propia defensa contra la querella por un presunto delito de prevaricación, interpuesta por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", nunca se me ha permitido conocer la querella que la "Fiscalía Anticorrupción" remitió a la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", como consecuencia de mi denuncia, de la que solamente pude tener de conocimiento de que había sido enviada, a través de la propia "Fiscalía Anticorrupción", al remitirme la "RESOLUCIÓN" del 18 de Febrero de 2000, donde consta muy claramente que la "Fiscalía Anticorrupción" no solo abrió "Diligencias" únicamente contra Alfredo Vigara, sino que, incluso, remitió a la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", una querella exclusivamente contra dicho señor.
i).- Siguiendo con el "Caso Vigara", con fecha 1-Abril-2001, el "Juez de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife", dictó un contundente "Auto", mediante el cual ordena el archivo de la querella contra mí de la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", disponiendo en su "RAZONAMIENTO JURÍDICO CUARTO", lo siguiente:
"Y no otra cosa puede sustentarse en relación con el coquerellado don Francisco de la Barreda Pérez. SU AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL TIPO DEL QUE SE EXAMINA EN ESTA RESOLUCIÓN EN LOS HECHOS NO SOLO SE DERIVA DE LA DIFICIL INCARDINACIÓN -POR NO DECIR IMPOSIBILIDAD JURÍDICO PENAL- DE SU CONDUCTA EN EL DELITO INVESTIGADO, HABIDA CUENTA QUE, DE SU CONDUCTA EN EL DELITO INVESTIGADO, habida cuenta que, en su caso, se dictó una disposición, la Orden de 7 de julio de 1.997, de carácter general, que la excluiría del ámbito material del tipo, SINO TAMBIÉN DEL HECHO DE QUE NO CONSTA QUE SE REMITIERA LA MISMA PARA SU FIRMA JUNTO A CUALQUIER INFORME QUE PUDIERA INDICAR CUALQUIER TIPO DE ÓBICE JURÍDICO, ASÍ COMO POR LA INCUESTIONABLE CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS DOCUMENTALES Y TESTIFICALES OBRANTES EN LAS ACTUACIONES NO SE DESPRENDA LA EXISTENCIA DEL MENOR ASOMO DE CONOCIMIENTO, SI QUIERA, DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN CUESTIONADO".
A pesar de todo lo expuesto por el "Juez Instructor Nº 1 de S/C. de Tenerife"en el citado "Auto", tengo que seguir preguntando por qué no fue nunca aportado, ni siquiera citado por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" en aquellas "Diligencias", a pesar de mis peticiones en ese sentido, ni un solo dato de las abundantes y exhaustivas investigaciones realizadas por la "Fiscalía Anticorrupción", en las Diligencias abiertas por una denuncia mía, en las que solamente apreció indicios de delito en Alfredo Vigara (Resolución de 18-Febrero-2000) lo cual, evidentemente, hubiera difuminado desde el inicio al "Juez de Instrucción" cualquier duda sobre mi actuación, teniendo que soportar, además, comentarios injuriosos sobre mi persona, en muchos medios de comunicación, como consecuencia de la querella interpuesta por la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife" al sembrar dudas infundadas sobre mi honorabilidad.
Como ya he señalado en el anterior escrito, es bien sabido que existe en esta comunidad ciertos cargos públicos y grupos de presión que desea que se mantenga y aumente, cada día, esa "severa degradación democrática", denunciada por el propio "Ministro de Justicia" y por el "Gobierno de la Nación", los que han tenido, por ahora, la suerte de que no les interpongan por ello una querella, aunque sí le hayan dicho al propio Ministro de Justicia que con sus declaraciones se estaba colocando en el mismo borde del Código Penal. Minoritario grupos de presión, pero muy poderosos política y económicamente, además de interrelacionado con instituciones públicas según el mismo Ministro de Justicia, que ha llegado a hablar, incluso, de "connivencia", grupos de presión que con el fin de paralizar cualquier tipo de denuncia de corrupción utiliza siempre el manido argumento de que "si tienen prueban, que vayan a los Juzgados a denunciarlas", como si fuera habitual que la "entrega de maletines" y otros tipos de "prácticas corruptas" se realicen en las plazas públicas, a plena luz del día, con el serio agravante de que aquel cargo público o ciudadano canario que decida presentar una denuncia, por "serias y justificadas sospechas sobre la existencia de un delito" o "fundados indicios racionales de criminalidad", se verá, con muchísimas probabilidades, vilipendiado, ridiculizado y atemorizado hasta límites verdaderamente inconcebibles en una sociedad que se considera democrática, por lo que puede suceder, incluso, que, lejos de ser amparado por la propia justicia, como ha sido en algunas ocasiones en lo que a mi respecta, pueda verse sometido también a querellas interpuestas por el propio Ministerio Fiscal.
Pues bien, considero que tengo el derecho a dar a conocer a la opinión pública, como consecuencia de las denuncias que realicé siendo "Consejero del Gobierno de Canarias" y "Diputado Nacional", el hecho de que he tenido que soportar numerosas querellas, que han tenido que ser archivadas, incluso la anteriormente citada interpuesta por la propia "Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife", sobre hechos investigados previamente por el propio "Fiscal Anticorrupción", quien no solo confirmó la veracidad de mis denuncias, sino que, además, me eximió plenamente de cualquier conducta irregular, interponiendo, por el contrario, una querella solamente contra Alfredo Vigara, dándose la sorprendente paradoja de que posteriormente la "Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife", se querellase contra mí, precisamente, por el delito que, previamente, yo había denunciado. Querella que como ya he expuesto también fue archivada de forma contundente por el "Juez de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife" mediante un demoledor "Auto".
Y termino mis comentarios sobre la actuación de la "Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife", transcribiendo un significativo párrafo del articulo del "Decano del Colegio de Abogados de Madrid", el Excmo. Sr. Don Luis Martí MINGARRO, publicado en la revista de dicho Colegio el pasado mes de Julio, que tituló "RECLAMAMOS RESPETO", que literalmente dice lo siguiente:
"FISCALÍAS HAY -COMO LA DE TENERIFE- QUE DESCONOCEN LA ESENCIALIDAD DE LA FUNCIÓN DE LA DEFENSA CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDA"
Y en relación a lo que he venido relatando, precisamente acabo de leer un artículo de "Carlos G. Roy" en el periódico digital "Canarias ahora.com", titulado "¿INTERVENCIONISMO O CORRUPCIÓN?", en el que literalmente, entre otras importantes consideraciones, como las preguntas, hasta ahora sin respuesta alguna como es muy habitual en esta comunidad, que con anterioridad realizó sobre la construcción del "Puerto de Granadilla", dice lo siguiente:
"En otros lugares a todo esto se le llama corrupción, que es una palabra más pedestre pero exacta. O nepotismo. O tráfico de influencias. O prevaricación. Aquí es como se aceptase con resignación el hecho de su existencia y se tolerara como un mal menor, empezando por los estamentos judiciales que debieran encabezar un movimiento que investigue determinadas prácticas muy, pero que muy oscuras que se suceden día tras día y colocaran a su actores e inductores en el lugar que les corresponde en un Estado de Derecho...".
"Lo tengo mil y una vez repetido. Cómo es posible que aquí nunca pase nada, jamás se procese a nadie, cuando a todos sabemos, antes de que legalmente se liciten las obras o se fallen los concursos, quien, con nombres y apellidos, VA A SACAR SU BUENA TAJADA DEL GAS, del istmo de Las Palmas de Gran Canaria, del puerto de Granadilla, de las recalificaciones del de Santa Cruz, del casino de Meloneras, del tranvía de La Laguna, de las segundas pistas aeropuertarias, de ... la lista es inacabable y hasta los niños de pecho podrían citarla de carrerilla. Y ese conocimiento que, como digo, es compartido por buena parte de la ciudadanía, ya ni siquiera genera alarma social, ese fenómeno tan socorrido que suele espolear a los fiscales, a la policía judicial y a los jueces instructores a emprender, de oficio y empleando unos medios de los que carecemos los ciudadanos de infantería, las oportunas investigaciones, detenciones y procesamientos." (...)
Ruego sinceramente a "Carlos G. Roy", que me perdone la libertad que me he tomado reproducir aquí parte de su interesante artículo, sintiendo la sana envidia de que sepa exponerlo tan sintética y claramente, así como que también sepa disculparme la precisión que debo hacer, a continuación, en relación a un punto concreto de sus importantes comentarios, en el sentido de que no es del todo cierto que el "Ministerio Fiscal" no haya emprendido nunca esas acciones de oficio, pues tal como ya he expuesto, en mi caso, a pesar de que pueda seguir diciendo ¡a mi que me registren!, si lo han hecho, precisamente, como consecuencia de, cumpliendo con mis obligaciones jurídicas y morales, haber presentado unas denuncias por lo que he considerado graves conductas irregulares en la concesión del "gas natural", "parques eólicos sin concurso público", "recalificaciones urbanísticas" e, incluso, "amenazas contra mi persona", que obligó a la "Juez de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife", por tener constancia de esas amenazas, a realizarme el correspondiente ofrecimiento de acciones.
Y valiéndome nuevamente de lo publicado por otro destacado periodista, en este caso, "Carlos E. Rodríguez", al que ruego también que me perdone esta libertad, en el mismo periódico digital "Canarias ahora.com", transcribo parte de su interesante artículo "GRANADILLA: PREGUNTAS SIN RESPUESTAS":
"La regeneración democrática es tarea de todos, y conviene a todos, izquierdas y derechas, radicales y moderados, pero no es un movimiento que puedan producir por sí solas las direcciones de los partidos, sino que, allí donde se produce, es porque nace del pueblo y recibe apoyos, impulsos y dirección. ¿No asumirán los intelectuales canarios y los profesionales canarios, como aquellos eximios españoles de 1931, su responsabilidad histórica de convocar a la sociedad y ponerse al frente de las exigencias de regeneración?".
"Debiéramos recordar que el gran eslogan de la transición democrática, hace casi tres décadas, fue muy expresivo: "Habla, pueblo, habla". Idéntico debiera ser el de la regeneración democrática de Canarias: habla, pueblo canario, habla. La situación política y social de Canarias ha descendido a ese nivel que hace necesario que sea el pueblo mismo el que levante la voz en las calles, hable y decida, y que las clases dirigentes obedezcan al pueblo o se retiren de la dirección política".
Evidentemente también he podido leer en algún periódico, la esperada respuesta a este tipo de opiniones, amparadas en el "libre derecho de expresión" de cualquier ciudadano, calificando de irresponsables a todos aquellos que realizan comentarios mediante los cuales se invita a los ciudadanos canarios a que se pronuncien pública y libremente contra esas prácticas corruptas, despreciando también el "derecho de manifestación", calificando dichos comportamientos como de "auténtico libertinaje", con el fin de limitar derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, con independencia al que todos tenemos también de depositar su voto en las urnas cada cuatro años. Si ello fuera cierto, estarían imputando esa conducta de libertinaje a las cien mil personas que se manifestaron en contra de la instalación de la torres de "Unelco" en los montes de Vilaflor y a las más de sesenta mil que, por escrito, se han opuesto a la construcción de un macropuerto en Granadilla.
Y termino con el encabezamiento que empleé en mi anterior escrito cuando comenté la "parcialidad" de la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", que se creó como consecuencia de mis denuncias, siendo Consejero de Industria y Comercio y Diputado Nacional: "LA CALLADA POR RESPUESTA".
fbarreda@telefonica.net
(*) Abogado, Ex Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y ex Diputado Nacional
1 comentario:
Muchas felicidades por el blog, es tan denso que solo se puede leer a trozos, pero cada uno da idea de qué clase de pueblo somos y que cultura impera en nuestra sociedad. Como los profesores y nosotros los padres sigamos educando a nuestros hijos en la cultura del pelotazo nunca saldremos del subdesarrollo. Eras unas islas preciosas, jardín de las hespérides, afortunadas, llenas de endemismos y reliquias del terciario que primero con la conquista y las cabras nos cargamos en gran medida y ahora con nuestra ignorancia y superpoblación ya no hay solución, solo queda el sol casi no hay playa y los canarios diseminados por el mundo mientras otros ocupan nuestra tierra.
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